La Procuraduría General de la Nación dispuso un equipo de trabajo especial para atender la tragedia sucedida con el derrumbe del edificio Portales de Blas de Lezo II, en Cartagena, en el cual fallecieron 21 trabajadores y otros 22 quedaron heridos.
Este equipo está conformado por los Procuradores Delegados para la Vigilancia Administrativa, para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, la Procuradora Regional de Bolívar y el Procurador Provincial de Cartagena y buscará la representación de los derechos de las víctimas en los procesos judiciales que se estimen pertinentes en cada uno de los casos.
La Procuraduría anunció que iniciará una acción popular para que las edificaciones, construcciones y desarrollos urbanos de Cartagena cumplan siempre con las disposiciones legales vigentes y se ordene la clausura definitiva de todas las construcciones ilegales.
Igualmente, se anunció que la Regional de Bolívar y la Provincial de Cartagena realizarán un registro de las víctimas del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, que será enviado a la Alcaldía para que sean incluidas dentro del plan de Unidad de Víctimas y a la Fiscalía General de la Nación.
Se pidió además al Ministerio del Trabajo identificar en Cartagena las constructoras piratas que a su vez son empleadores irregulares, que no garantizan derechos laborales ni cobertura de seguridad social a los trabajadores contratados, además de exponerlos a actividades peligrosas, a fin de sancionarlas y clausurarlas definitivamente.
Por otro lado, la Procuraduría pidió a la Alcaldía de Cartagena que adopte las medidas necesarias de desalojo y reubicación de las familias vecinas al edificio que se desplomó.
La Procuraduría además asumió directamente los procesos que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Distrital en contra de la Secretaria de Planeación Distrital, el Director de Control Urbano, el Inspector de Policía de Blas de Lezo y la Alcaldesa Local No. 3.
Y la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa asumió directamente las diligencias adelantadas por la Provincial y la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Distrital, que se sumarán a la indagación preliminar que se adelanta en contra del Alcalde Distrital, Manuel Duque, y otros funcionarios que puedan resultar implicados.
Finalmente, el Ministerio Público anunció que solicitará al Gobierno Nacional la revisión de Decreto 1469 de 2010 para evitar que el trámite de reconocimiento de inmuebles construidos sin previa licencia sea posterior y se preste para el saneamiento de construcciones ilegales.
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