"Sabemos que hay una mafia de constructores piratas acá (en Cartagena), pero tenemos que establecer los vínculos que tienen con la administración pública", afirmó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo López, quien llegó a Cartagena hablando duro sobre la investigación disciplinaria que inició el ente de control contra todos los funcionarios que tienen entre sus responsabilidades ejercer vigilancia sobre las construcciones arquitectónicas que se adelantan en la ciudad.
El Procurador aseguró que haciendo uso del poder preferente de la entidad la investigación fue trasladada a Bogotá porque considera que en Cartagena no hay las garantías para que este proceso sea transparente. Las investigaciones en contra de Luz Elena Paternina y Olimpo Vergara siguen su curso a pesar que ambos funcionarios renunciaron a sus cargos de secretaria de Planeación y director de Control Urbano, respectivamente.
Carrillo enfatizó que se respetará el debido proceso y garantizó sanciones ejemplares para los responsables. "Hay que respetar el debido proceso, pero tengan la certeza que vendrán las decisiones de manera contundente, ejemplares y rápidas", espetó.
En rueda de prensa, el alto funcionario calificó de "exótico" el cambio reciente del director de Control Urbano. "Lo que aquí es bastante curioso y hasta exótico son los cambios que se generaron en las directivas de Control Urbano, recientemente en el Distrito. Eso obedecía a razones de carácter técnico o a otro tipo de razones. ¿Qué pasó con el cambio de funcionarios en el pasado? Esas son las respuestas que queremos conocer", cuestionó Carrillo.
Para el Procurador General de la Nación, la tragedia ocurrida en Blas de Lezo, el pasado 27 de abril, que dejó 21 obreros muertos y 23 más heridos, es un claro resultado de la corrupción que permea la administración distrital.
Las tres acciones fundamentales que persigue la investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación son: sancionar a los responsables, representar los derechos de las víctimas y lograr acciones concretas de carácter preventivo en el caso de la Alcaldía de Cartagena y del Ministerio de Trabajo.
"Hay que poner sanciones ejemplares para que la gente aprenda que con los derechos de los colombianos no se juega. El elemento fundamental en este caso es que la Fiscalía imponga las medidas cautelares, se haga la debida persecución de carácter penal que tiene que caer en cabeza de quienes son los sospechosos de lo que sucedió; se impongan las sanciones disciplinarias, y se ejerzan acciones desde las entidades del Estado para prevenir tragedias similares y violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores", expresó Carrillo.
El Procurador no dijo cuánto tiempo durará la investigación, pero aclaró que dependerá de la obtención de pruebas y que entre estas se está ya a la espera de la respuesta de la Alcaldía de Cartagena para que explique que acciones preventivas adelantó para evitar situaciones lamentables como la de Blas de Lezo y las que está haciendo para identificar las construcciones ilegales que se levantan actualmente en la ciudad.
El alcalde Manuel Vicente Duque, también hace parte de los investigados por la Procuraduría.
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