Ayer en la mañana terminó el proceso de legalización de las diligencias de allanamientos y capturas de las 11 personas entre las que se encuentran jueces, un fiscal, dos abogados, tres funcionarios del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, un inspector y un líder comunal.
Estas diligencias tuvieron lugar en el complejo judicial de la Plazoleta Benkos Biohó, de esta ciudad.
Como se sabe, el viernes, en la Clínica Bautista de la ciudad de Barranquilla, donde se encuentra recluido el fiscal Oscar Contreras Amarís, se legalizó procedemiento de allanamiento y captura quedando pendiente la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Cabe recordar que el Juzgado 79 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá ordenó la captura, luego de la solicitud de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de la capital, adscrita al Eje Temático para la Corrupción en la Administración de Justicia.
Los capturados, que integran una red de corrupción judicial, son investigados por manipular y darles dirección específica a audiencias judiciales en Barranquilla y serán imputadas por falsedad documental, constreñimiento para delinquir, prevaricato por acción agravado, concusión, cohecho y concierto para delinquir.
La investigación, que se adelantó durante el último año, implicó agentes encubiertos, seguimientos electrónicos, inspección a procesos, declaraciones, entrevistas e interrogatorios, que permitieron establecer las posibles responsabilidades penales de cada uno de los capturados.
EL CASO TURCO HILSACA
Uno de los casos por los cuales son investigados tiene que ver con el proceso que la Fiscalía adelanta contra Alfonso Hilsaca, conocido como el Turco Hilsaca, quien, según la investigación, fue uno de los beneficiarios de las decisiones tomadas por esta red de corrupción, en el centro de servicios de Barranquilla.
La investigación permitió establecer cómo el coordinador del Centro de Servicios cambió de lugar a varios funcionarios, previamente a la decisión del caso Hilsaca.
El día en que se debía resolver el recurso, el encargado de asignar las salas de audiencias y notificar alteró el orden de las mismas, mientras que el Secretario del Juzgado se comunicó telefónicamente con otro funcionario para indicarle a qué juez le debían asignar el caso; y, simultáneamente, el coordinador del Centro de Servicios ingresó al mismo despacho y le reiteró personalmente al funcionario a qué juez debían repartirle el caso Hilsaca.
Ese mismo día, 19 de diciembre de 2014, el Juzgado Noveno de Control de Garantías, revocó la medida de aseguramiento que pesaba en contra de Alfonso Hilsaca Eljaude.
La decisión fue apelada por la Fiscalía y confirmada en segunda instancia el 20 de marzo de 2015 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito.
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