Sucesos


Vendrían más capturas por desplome de edificio en Blas de Lezo

La Fiscalía Seccional Bolívar ha trazado un buen camino para cumplir su acometido: conseguir la tan anhelada justicia que exige la ciudadanía y los familiares de los 21 muertos y los 22 heridos que dejó el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II.

Hoy, cuando se cumplen dos meses de la tragedia que sacudió a la ciudad, ya son cinco los asegurados por el caso. Se trata de las mismas cinco personas contra las cuales la Fiscalía obtuvo órdenes de captura el 2 de junio pasado, con el aval del Juez Cuarto Penal Municipal de Garantías. Estas personas tendrían distintos grados de responsabilidad en el hecho.

Se trata del constructor del edificio, Wilfran Quiroz Ruiz, de su hijo Luis David Quiroz Camero y del maestro de obras Luis Eduardo Agresor Torres, quienes fueron asegurados con detención carcelaria luego de ser capturados el 7 de junio. Como en la Cárcel de Ternera no están recibiendo a procesados porque el Inpec está en paro, estas tres personas permanecen detenidas en una estación de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El cuarto procesado por el desplome es el exdirector de Control Urbano del Distrito, Olimpo Vergara Vergara, quien se entregó el 15 de junio en la URI de la Fiscalía en Barranquilla, luego que las autoridades ofrecieran una suma de $5 millones de recompensa a quien diera información que conllevara a su captura.

El hombre fue traído a Cartagena y tras una audiencia, también fue asegurado. El Juez Cuarto Penal de Garantías le concedió el beneficio de detención domiciliaria.

La misma recompensa que las autoridades ofrecían por Vergara, estuvo en pie por el inspector de policía de la Comuna 12, Alfonso Ramos De León. Su situación fue parecida a la de Olimpo, pues el 22 de junio, solo siete días después de que este se entregara, Ramos decidió hacer lo mismo.

Voluntariamente, llegó a la sede de la Fiscalía en Crespo junto a su abogado para ponerse a órdenes de las autoridades. En la audiencia de Garantías en la que fue asegurado con detención domiciliaria por los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por omisión, la Fiscalía señaló que no habría cumplido con las labores de vigilancia de construcciones en su zona de influencia, de la que hace parte Blas de Lezo.

Sin embargo, el abogado del procesado señaló que sus labores como inspector no eran de vigilancia, sino correctivas. El jurista enseñó en la audiencia un pantallazo impreso que se le hizo a una conversación en un grupo de Whatsapp entre el la oficina de Control Urbano y los inspectores de policía.

En este, presuntamente, Vergara Vergara les habría dicho a los inspectores que se abstuvieran de realizar labores de vigilancia, que eso le correspondía a Control Urbano.

Posible preacuerdo

Aunque aún no es confirmado, se cree que Luis Eduardo Agresor, el maestro de obras del edificio desplomado, estaría considerando, con asesoría de su abogado defensor, realizar un preacuerdo con la Fiscalía. Es decir, aceptaría total o parcialmente los delitos que le imputó la Fiscalía (urbanización ilegal, uso de documento falso, homicidio culposo y lesiones culposas), con el fin de obtener beneficios.

Luego de lograr obtener órdenes de captura y que jueces de Garantías impusieran medidas restrictivas de la libertad a los cinco procesados, la Fiscalía tendrá unos 90 días para nutrir su investigación y recaudar toda la cantidad de elementos materiales probatorios posibles, así como entrevistas y registros documentales, para presentar el escrito de acusación contra los cinco hombres.

Luego, serán acusados formalmente de los delitos que les imputaron, para posteriormente ser presentados en la audiencia preparatoria, que antecede al juicio oral. Se dice que con el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía Seccional Bolívar, que para el caso dispuso de tres fiscales, se librarían más órdenes de captura contra otras personas que también tendrían relación con el desplome.

Condenarán a Wilfran por urbanización ilegal

Hay que recodar que a Wilfran Quiroz, a su hijo Luis David y a Luis Agresor les fueron imputados los delitos de urbanización ilegal, uso de documento falso privado, homicidio culposo y lesiones culposas. Además de esos cuatro delitos, a Wilfran también le imputaron el de estafa.

Luis David y Luis Eduardo no aceptaron cargos. Wilfran aceptó el de urbanización ilegal, pero los otros cargos no. Por estos cuatro últimos cargos se encuentra en proceso de juzgamiento y se espera que vaya a juicio. Por el cargo que aceptó, se manejara un proceso aparte. Este será asumido por un juez de Conocimiento, que indicará qué pena recibirá. Por allanarse a ese cargo, podría recibir una rebaja de hasta la mitad de la pena por ese delito, que da entre 4 y 10 años de cárcel.

Mientras tanto, a Olimpo Vergara la Fiscalía le imputó los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por omisión, cargos que no aceptó. Enfrentará el proceso mientras está detenido en su casa. La Fiscalía también tendrá noventa días para recoger todo el material probatorio y presentar escrito de acusación contra este.

Las indagaciones de la Fiscalía dejan ver que cuando fungía como director de Control Urbano recibió quejas del Portales de Blas de Lezo II y que, pese a ello, no habría ejercido la vigilancia de la construcción, inherente su cargo. En un allanamiento en la casa de Olimpo, la Fiscalía encontró varios documentos con los que soporta su versión. Además de la investigación penal que adelanta la Fiscalía en su contra, la Procuraduría también lo investiga disciplinariamente.

Aparte del proceso penal que se libra contra los cinco procesados por el hecho, se espera que las víctimas inicien una demanda civil contra el Distrito por los perjuicios que sufrieron. Aunque aún no se ha determinado, en el proceso penal contra los Quiroz, los representantes de víctimas podrían presentar un incidente de reparación integral. Lo que significa que con este buscarían reparación económica para las víctimas.

Historia de dolor

Han pasado dos meses del desplome del edificio en Blas de Lezo, pero para Elisa Martínez el dolor sigue intacto. No hay día que no llore y a sus 71 años le toca trabajar para encontrar el sustento. Por las mañanas, recorre El Nazareno vendiendo bollos y queso. Pero mientras camina las calles, por momentos, las lagrimas corren por sus mejillas.

Y es que tiene vivo el recuerdo de su nieto Édgar García Quintana, quien vivía con ella. “Era mi sustento. Respondía por mí, velaba por mí y me quería mucho”, dice la anciana mientras llora.

Y tiene más de una razón para llorar. Tres, exactamente. Además de perder a Édgar, también le pasó lo mismo con su hijo Manuel Quintana Martínez y su sobrino Rafael Hernández Martínez.

Todos murieron atrapados entre los escombros del Portales de Blas de Lezo II, el 27 de abril pasado. “Ellos eran mis hijos, todos, y eso fue lo que quiso el destino que pasara, pero lo que queremos es que sus muertes no queden impunes. Salgo a repartir bollos llorando. Lloro cuando me levanto, lloro en las tardes, es un dolor muy grande que nunca pensé vivir”, dice la anciana.

La mujer asevera que hasta ahora no ha recibido ayuda de ninguna institución. Su familia tiene un abogado pendiente de la reparación económica, pero hasta ahora no han hablado sobre eso con los abogados defensores de los Quiroz, ni tampoco interpuesto acciones contra el Distrito.

Cultura de la ilegalidad

Lo que develó en realidad el desplome del edificio en Blas de Lezo, que ocurrió el 27 de abril pasado, fue una verdadera cultura de la ilegalidad en el campo de la construcción en la ciudad.  (Lea:Infografía: Los barrios con más construcciones sin licencia en Cartagena

Eso quedó al descubierto luego que el distrito realizara una inspección a 165 construcciones, que se hacen en 42 barrios de la ciudad.  Con dicha inspección se constató que 122 de esas construcciones no contaban con licencia de construcción.

Con ello se concluyó que el 74 por ciento de las obras en la ciudad son ilegales. Hay que recordar que tras el desplome la Procuraduría suspendió provisionalmente al alcalde Manolo Duque. Gracias a una tutela este regresó al cargo, pero la Procuraduría apeló esa decisión. Se está a la espera de que resuelvan dicha apelación.

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