Ya son cinco los asegurados por desplome de edificio en Blas de Lezo

23 de junio de 2017 12:00 AM

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Con detención domiciliaria fue cobijado el inspector de policía Alfonso Ramos De León, suspendido tras ser investigado por el desplome del edificio en Blas de Lezo.
Eso se determinó en una audiencia de Garantías que se hizo ayer, entre las 3:15 de la tarde y las 9 de la noche. Al inspector de policía de la Comuna 12 la Fiscalía le imputó urbanización ilegal y prevaricato por omisión, cargos que no aceptó.

Pese a ello, los argumentos que presentó el ente acusador fueron convincentes para que el Juez Primero Penal Municipal de Garantías, quien presidió la diligencia, profiriera la detención domiciliaria, medida que fue solicitada por la misma Fiscalía. Con Ramos, ya son cinco las personas aseguradas por el desplome del Portales de Blas de Lezo II, hecho trágico que dejó 21 muertos y 22 heridos, y que el martes cumplirá dos meses.

Se entregó

La audiencia comenzó a las 3:15 de la tarde. Una de las tres fiscales que lleva el caso confirmó que Alfonso Ramos De León se presentó voluntariamente ayer, a las 7 de la mañana, en la sede de la Fiscalía en Crespo. Solo 40 minutos después, en la oficina 3-45 de dicha sede, miembros del  CTI de esa institución realizaron la captura de Ramos De León, quien llegó acompañado de su abogado, Alfonso Montes Camelo.

La Fiscalía indicó que sobre Ramos se obtuvo una orden de captura autorizada ante el Juez Cuarto Penal de Garantías por los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por omisión, emitida el segundo día del presente mes. Ese mismo día se emitieron las órdenes de captura contra el constructor del edificio desplomado Wilfran Quiroz Ruiz, su hijo Luis David Quiroz Camero, el maestro de obras Luis Eduardo Agresor Torres y el exdirector de Control Urbano del Distrito Olimpo Vergara Vergara. Este último fue asegurado con prisión domiciliaria y los otros tres con detención carcelaria.

En la audiencia de legalización de captura contra Alfonso Ramos, la Fiscalía señaló que se le habían respetado sus derechos y que no lo maltrataron, recordando además que el 7 de junio se hizo un allanamiento en su casa, pero no lo encontraron.

El abogado de Ramos no presentó objeción contra lo dicho por la Fiscalía y el Juez Primero Penal de Garantías, legalizó la captura del procesado.

La imputación

A las 4:15 de la tarde comenzó la audiencia de imputación de cargos. La Fiscalía le imputó a Ramos prevaricato por omisión y urbanización ilegal.

Dejó ver una de las fiscales que lleva el caso, que dentro de las funciones que tendría Alfonso como inspector de policía de la comuna 12 estaría la de ejercer vigilancia sobre las construcciones que se realizaban en su zona de influencia, y que no lo hizo. Indicó la fiscal que esas funciones le habrían sido conferidas en el Código de Policía y que desde el 30 de enero tendría a su cargo labores de vigilancia, incurriendo en la omisión de funciones.

Entre los elementos materiales probatorios, la Fiscalía indicó que tenía un documento con fecha del 18 de abril en el que un vecino del edificio se quejaba de la obra. Decía que le afectaba su visibilidad y que no cumplía con los reglamentos del POT, como que sobrepasaba los 4 pisos permitidos. El ente acusador señaló que pese a esa queja, Ramos no ejerció ninguna acción.

Luego que la Fiscalía le imputara los dos delitos, el procesado, al que se le vio afectado emocionalmente, indicó que no aceptaba los cargos endilgados.

“No eran sus funciones”

Luego de un breve receso, comenzó la audiencia de imposición de medida, cuando el reloj marcaba las 4:40 de la tarde. La Fiscalía señaló de entrada que solicitaba detención domiciliaria para Ramos para asegurar su comparecencia al proceso.

Recordó que por él las autoridades ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos, pues el 7 de junio fueron a su casa, en un barrio popular de Cartagena, para hacer cumplir una orden de captura en su contra, pero no lo encontraron. Por eso, pese a presentarse ayer voluntariamente en la Fiscalía, no estaban seguros de su comparecencia en el proceso.

Además, indicó la Fiscalía, había que proteger los derechos de las víctimas y de la ciudadanía por el hecho de que lo procesaban por urbanización ilegal y ello afectaba varios derechos, como el derecho a una vivienda digna.

El abogado defensor de Alfonso Ramos dijo que su cliente no estaba huyendo. Señaló que por la indagación de la Procuraduría fue suspendido del cargo y que estaba en casa de familiares en un municipio del Magdalena. Además, explicó que el 4 de mayo fue entrevistado por la Fiscalía y que siempre ha querido colaborar en todo el proceso.

El jurista fue enfático en señalar de inmediato que se había hecho una interpretación errada de la ley. Expresó que las funciones del inspector de policía no eran las de vigilar e inspeccionar las construcciones, sino que eran funciones correctivas.

Dejó ver que la vigilancia era una labor propia de la oficina de Control Urbano y que debía ser esta la encargada de abrir un proceso en caso de hallar una construcción ilegal. Que luego de ese proceso, sí le tocaba entrar en acción al inspector y que eso indicaba la ley.

Además, y para darle fuerza a su versión, mostró una copia de un chat en el que hace unos meses Olimpo Vergara habría hecho un llamado de atención a los inspectores de policía en un grupo de Whatsapp, el que, presuntamente, les habría advertido que ellos no debían realizar labores de vigilancia de construcciones y que esa era una facultad de Control Urbano.

Sobre las 6 de la tarde, luego de escuchar a las partes, el juez dio un receso para poder analizar lo que indica la ley respecto a si las funciones de los inspectores de policía son las de vigilar o no.

La diligencia se retomó a las 8:25 de la noche. El togado estuvo de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, indicando que, según la ley, Alfonso Ramos sí tenía funciones de vigilancia de construcciones. “Tuvo una actitud pasiva. Sí debía inspeccionar y sin impedir ello las funciones que también tiene Control Urbano”, señaló el juez.
Ante la decisión, al abogado del procesado interpuso recurso de reposición, que fue resuelto de inmediato. El jurista insistió en que entre las funciones del inspector no estaba la de vigilar y que, según la ley, ello le compete a Control Urbano y al mismo alcalde Manolo Duque.

Por su parte, la Fiscalía justificó que sí era su competencia e indicó que la querella que fue presentada al inspector por el vecino del Portales de Blas de Lezo II, antes que se desplomara, fue archivada y no se notificó. El juez ratificó la medida de detención domiciliaria.

Tras finalizar la audiencia, Ramos sería llevado a la sede de la Fiscalía ayer mismo. Se espera que hoy lo trasladen a la Cárcel de Ternera para que el Inpec haga una reseña de este, para luego llevarlo a su casa, donde cumplirá la medida de detención domiciliaria mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. Sus parientes, por su parte, creen que es inocente.

Hoja de vida intachable

Alfonso Ramos lleva más de 20 años como inspector de policía. No tiene antecedentes y su hoja de vida es intachable. Tiene una historia de superación llamativa. Nació en Magangué, en el seno de una familia pobre.

De niño vendía bollos y cocadas y para mandarlo a Cartagena, a su madre le tocó vender varios de sus electrodomésticos. En Cartagena vendía tintos en el Mercado de Bazurto y estudiaba. Terminó el bachillerato y vendió periódicos mientras estudiaba de noche administración de empresas en la Universidad de Cartagena.

Se graduó y luego se convirtió en inspector. Para poder seguir ejerciendo ese cargo, tuvo que estudiar derecho. Obtuvo el título y luego hizo dos especializaciones.

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