La Ley de la Mafia

A Colombia se le quieren imponer las leyes de la mafia en sustitución de las leyes del Congreso de la República. Y para obtener esa sustitución se ha desangrado a la justicia en todos sus niveles, se han corrompido importantes segmentos de la sociedad colombiana y se ha colocado al Estado de Derecho ante el paredón de los fusilamientos. A tal punto se ha llegado que una eminente conciencia jurídica del país ha dicho que “el tratado de extradición con los Estados Unidos es la guillotina de la Corte”. Una frase que anda haciendo carrera con los riesgos evidentes de que por miedo, por cobardía o por presión criminal el país se ve obligado a ceder, en su ordenamiento legal y jurídico,  a la voluntad de los sindicatos del crimen organizado.
El país se encuentra en estos momentos gravísimos en un peligroso estado de aletargamiento. Parece narcotizado por los problemas políticos de una oposición que, de reflexiva, se está convirtiendo de manera acelerada en irreflexiva y suicida, y de un gobierno que comienza con muchas esperanzas depositadas en él, pero en cierto modo desconcertado y vacilante en sus primeros pasos para poner en marcha el programa de partido con el cual obtuvo la inmensa mayoría del apoyo popular en  las elecciones de mayo. Y como la opinión pública se encuentra como narcotizada, no se da cuenta de que a su alrededor el poder del narcotráfico crece, aumenta, se desborda en proporciones colosales, a tal punto que uno de los tres poderes constitucionales, el Jurisdiccional, prácticamente está condenado a morir, a abdicar de su altísima misión de impartir justicia o de plegarse al soborno o fallar bajo la amenaza y el miedo.
No hay suficientes elementos de juicio para saber si la mayoría  de los colombianos está a favor o en contra del tratado de extradición, que es una de las piezas de escándalo que mueve la magia interna y externa para presionar a la justicia de Colombia y asesinarla en las calles, al despoblado o en recintos cerrados. Pero resulta ciertamente muy elocuente y curioso que todo el escándalo solo gire alrededor del tratado de extradición con los Estados Unidos, cuando Colombia tiene suscritos con otros muchos  países tratados de extradición. Lo que sucede, en el gran fondo de este problema gravísimo, es que los capos de la mafia solo le temen a la extradición a los Estados Unidos porque allí serán juzgados con todo el peso de la justicia, lo que no sucedería en otros países. Aunque  hay un aparente o evidente consenso universal, en el sentido de que el narcotráfico es un delito universal y que como a tal debe tratársele para prevenirlo, juzgarlo y reprimirlo, es también notorio que por parte de las malas mafias de los mafiosos magníficos, estos salen en libertad, absueltos y hasta rehabilitados, de la mayoría de las cárceles y juzgados del mundo, con excepción de los Estados Unidos. Por eso es que le tienen miedo al tratado con los Estados Unidos. No hay tal soberanía afrentada, ni defensa emocional por la suerte de los nacionales extraditados. Es físico miedo a la condena de los Estados Unidos. Como es allá donde obtienen sus multimillonarias ganancias y es allá donde cometen la mayoría de los delitos directos o conexos con el narcotráfico —asesinatos a sangre fría, monstruosas venganzas entre ellos mismos, corrupción  aberrante de la niñez y de los adultos, trata de blancas, alquiler de mulas, defraudaciones Fiscales—, nuestros mafiosos encuentran que la no extradición es su mejor seguro de vida porque saben que si cometen alguna contravención grave o leve en territorio colombiano, la generosa chequera, o la siniestra ametralladora, o el sicario a sueldo, o el guardaespaldas sin escrúpulos dispuesto a matar a la primera oportunidad los mantendrá libres disfrutando de su fortuna sucia y perversa.

¿Vamos a ceder a la presión mafiosa?

La pregunta entonces es si Colombia va a ceder a la presión asesina de la mafia en el asunto del tratado de extradición con los Estados Unidos. Es cierto que el mencionado tratado debe ser revisado y debería serlo para perfeccionarlo. Pero debería quedar claro de toda claridad  que la revisión del tratado y sus modificaciones de ningún modo obedecen a sometimiento a las mafias que de manera descarada unas veces, y otras mediante la manipulación de gentes ingenuas, acusan a Colombia de entregar su soberanía y de atropellar a los nacionales. El tratado de extradición vigente fue aprobado por dos gobiernos cuya legitimidad reposa en la decisión de sus pueblos. La Corte Suprema se ha abstenido de interferir en asuntos relacionados con tratados internacionales como ha sido tesis del máximo tribunal de justicia, y su actuación se ha limitado a pronunciarse sobre los casos de extradición que han sido sometidos a su estudio. En tales circunstancias, que han sido las mismas para que hoy existan convenios de extradición con otros países, Austria, España (que nos acaba de hacer el disfavor de extraditarnos al señor Ochoa y al señor Rodríguez, mafiosos de amplio espectro, el primero de los cuales anda ya libre por tierras ignotas riéndose de nuestra laxa complicidad paras su impunidad), doblegar toda nuestra estructura jurídica, legislativa y ejecutiva al poder aterrorizador de las mafias colocaría a Colombia ante la disolución y el caos. Se llegaría a la aberrante situación de un país narcotizado por el narcotráfico, donde la ley no la dicta el Congreso, ni la aplica el Ejecutivo, ni la vigila la justicia.
Reiteramos que el tratado con los Estados Unidos puede y debe ser materia de revisión en aquellos aspectos donde puedan existir riesgos de extralimitaciones o de abusos. Pero que no sea por miedo, por cobardía, por sometimiento a la amenaza que se haga. Hemos cedido en los últimos años demasiado territorio al siniestro enemigo de la sociedad que es el narcotráfico organizado, soberbio, asesino y cruel. Hemos pagado con sangre demasiado limpia y honesta, como para a las diez y últimas cedamos a quienes con sevicia y alevosía la derraman a lo largo y ancho del territorio colombiano. Es hora de despertar del letargo, de rodear con todo el poder de que sean capaces la sociedad y el Estado a sus jueces honestos y valerosos, y de señalar con el dedo vindicativo a quienes se han corrompido en la política, en la burocracia, en la justicia y hasta en los estamentos militares mediante la acción corrosiva del narcotráfico.


31 de agosto de 1986.


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* Este artículo ha sido tomado del libro Tinta indelebre (Guillermo Cano: Vida y obra), publicado por Aguilar.