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Cartagena y el mapa genético de la Independencia

Este es, de hecho, uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los historiadores al momento de establecer una fecha que permita datar el nacimiento oficial de los estados-nacionales de Hispanoamérica, lo que supone incorporar en el aludido debate el peso que la Declaración de Independencia de Cartagena del 11 de noviembre de 1811 tuvo en la formación de la Nueva Granada como aquel nuevo estado, devenido una década después en la actual República de Colombia.

No es un asunto menor. El hecho de que el Día de la Independencia de Cartagena no haga parte desde 1984 de la lista de feriados nacionales inamovibles –tipo 20 de julio o 7 de agosto– ha privado al país de una fecha clave para entender mejor los aportes que a la causa de la libertad y la democracia en el mundo occidental legaron tanto las actas de independencia absoluta de España, entre ellas la de Cartagena –por ser la primera de su tipo en los territorios neogranadinos–, como las constituciones soberanistas e independentistas, entre las que cabe citar, respectivamente, la Constitución de Cundinamarca del 4 de abril de 1811 y la de la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, promulgada el 27 de noviembre de 1811, a la que Cartagena voluntariamente adhirió.

Estas reflexiones, que explican el escaso conocimiento que los colombianos puedan tener en torno a la importancia de la Independencia de Cartagena como suceso fundacional en la formación de nuestra nacionalidad, junto a las citadas constituciones, remiten a un problema mayor: la ausencia de una historia visible en lo jurídico que justamente permita poner de relieve esas tempranas contribuciones americanas a las nociones universales de democracia liberal en la forma en la que la conocemos actualmente.

Dicho déficit obedece a la escasa centralidad que, de una u otra manera, los historiadores le han conferido a los enfoques jurídico-constitucionales cuando se trata de rastrear los orígenes de nuestra nacionalidad. Esta separación de enfoques entre lo técnicamente jurídico y lo “exclusivamente” histórico ha dado pie para que, en el actual contexto de los bicentenarios de la Independencia, los temas constitucionales, incluso en su dimensión histórica, sigan siendo más un objeto de estudio de las facultades de Derecho que de los programas de Historia.

Planteado de otro modo, y desde una óptica comparativa, dicha separación no sería ni siquiera considerada para el caso de otros países en los que la historia constitucional –y la que atañe a las declaraciones independentistas- ha casi que desplazado esa historia latinoamericana pletórica de batallas, sublevaciones y revoluciones libertarias. Esa poca condescendencia de nuestros historiadores con los enfoques constitucionales no se entendería para el caso de la historia de los Estados Unidos, en la que el Acta de Independencia firmada el 4 de julio de 1776 y la promulgación de la Constitución once años después, en 1787, forman parte indisoluble del imaginario de nación cautivo en la mente de cada estadounidense.

Más aún, la historia de España tampoco se entendería sin la prelación que sus historiadores dan a la Constitución de Cádiz de 1812 como el punto de partida de un moderno estado liberal, a partir de cuya influencia, según la historiografía pan-hispanista, florecieron sentimientos emancipatorios en América, una influencia de la que habría que dudar, a juzgar por el carácter liberal e independentistas de las constituciones de Mérida o de la Nueva Granada, todas ellas anteriores a la de Cádiz. La importancia dada por España al Bicentenario de dicha Carta Política –pretexto que sirvió a Cádiz para lograr la sede de la próxima Cumbre Iberoamericana- ha estado, vale recordarlo, por encima de lo que fue en 2008 su interés por el Bicentenario de la Guerra de Independencia librada contra Napoleón.

Volviendo al reto de lo que significa fechar la partida de nacimiento de las repúblicas latinoamericanas, bien vale la pena reconocer que, aunque hoy nadie duda acerca de las sólidas diferencias entre un acta de independencia y una constitución que por primera vez organiza jurídicamente un estado, el margen de confusión sigue siendo válido cuando se trata de aproximarnos a la historia de la Independencia de la Nueva Granada si nos atenemos a la cronología del propio proceso emancipador y a su lenta cadena evolutiva que nos lleva, en el plano jurídico, de la declaración de emancipación del Socorro, del 10 de julio 1810, a la promulgación de la Constitución Independentista de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, el 27 de noviembre de 1811.

Nos referimos acá al desafío que supone establecer si una constitución de naturaleza libertaria, sea de tipo nacional o regional, fue el punto de partida de la independencia o si, por el contrario, ésta sólo puede ser considerada como tal a partir de las declaraciones mediante las cuales las juntas revolucionarias rompieron explícitamente sus lazos coloniales con España.

Venezuela es quizá el ejemplo más claro de la línea recta en que se movió su proceso emancipador, pues su Declaración de Independencia del 5 de julio de 1811 es previa a su primera constitución, aprobada en diciembre del mismo año. El caso de la Nueva Granada se plantea distinto en la medida en que la Constitución del 27 de noviembre de 1811 consagró la Independencia de la Confederación de las Provincias Unidas cuando, hasta entonces, sólo Cartagena había hecho días atrás una declaración expresa de Independencia Absoluta de España, el 11 de noviembre de ese mismo año.

Antes que Cádiz

Levantar esa especie de mapa genético de la Independencia resulta clave para entender, por ejemplo, cuál fue el verdadero status jurídico de la Constitución de Cundinamarca de 1811, y su relación, si es que la hubo, frente a la Constitución gaditana, que en 1812 incluyó tardíamente a la Nueva Granada –y dentro de ella a Cundinamarca- como parte de España.

Para 1812, y no sobra recordar, los territorios neogranadinos habían proclamado jurídicamente su independencia de la metrópoli, a través del artículo 5 de la Constitución que el 27 de noviembre de 1811 dio vida en Bogotá a la Nueva Granada como un nuevo estado-nación en América. Cundinamarca, que no hizo parte de la Confederación, haría lo propio con la reforma constitucional que en los primeros meses de 1812 abolió la monarquía para abrazar el ideario republicano.

En síntesis, nuevas investigaciones deberán establecer si -tal y como erradamente lo sostiene la historiografía pan-hispanista- dichas constituciones fueron incapaces de moldear la Independencia de los territorios neogranadinos o si, por el contrario –como puede deducirse mediante una simple comparación de fechas-, fue sólo un extemporáneo enunciado normativo, expedido cuando ya estaba en marcha la desmembración del imperio español y consolidada la Independencia de la Nueva Granada.

Si una conclusión de este apasionado debate es posible, bien vale la pena reivindicar el papel estelar jugado por la Declaración de Independencia de Cartagena, que se anticipó, si bien por algunos días, a lo que después fue una decisión de los constituyentes fundadores de la Confederación de las Provincias Unidas, cuyo texto constitucional desconoció expresamente en su artículo 5 tanto al rey como a las cortes constituyentes de Cádiz y a todas las autoridades españolas que sobrevinieren en un futuro.

Sin ambages puede decirse entonces que, al tenor de los datos propiamente históricos, las constituciones y las actas americanas de la independencia previas a ese mítico año gaditano de 1812, fueron expresiones ciudadanas de emancipación y de rechazo a las autoridades coloniales españolas y el punto de partida de la construcción de los estados-nacionales de la América Hispana. Y entre ellas, la Declaración de Independencia de Cartagena está llamada a ser reivindicada por el país en el contexto de esta década de bicentenarios que, para empezar, debería legarle a Colombia la reincorporación del 11 de noviembre en la lista de feriados nacionales inamovibles, en beneficio incluso de los actos lúdicos que hace que, cada vez que se asoma noviembre, los colombianos dirijamos nuestras miradas a Cartagena.

 

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