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Colombia tiene lecciones que darle a México

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Con una tajante declaración que crispó a los mexicanos, la directora de la diplomacia de Washington simplemente se hizo eco de la creciente inquietud en torno a los alarmantes niveles de violencia e inestabilidad que genera la guerra contra el narcotráfico en México.

Funcionarios mexicanos públicamente refutaron la declaración de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Rodham Clinton, que la víspera había dicho que México “se parece cada vez más a la Colombia hace 20 años”.
Las afirmaciones de Clinton, sin embargo, son compartidas por los policías que desmantelaron los mortales carteles colombianos y han estado ofreciendo asesoría y entrenamiento al gobierno de México por más de dos años sobre las lecciones aprendidas en la nación andina.
Los detractores del presidente Felipe Calderón le reprochan que no siga sus consejos.
El director de la Policía Nacional colombiana, el general Óscar Naranjo, y otros que ayudaron a enfrentar a los traficantes, creen que México está en la cúspide de una batalla en la que los políticos, los policías y los jueces serán cada vez más el objetivo de ataques y el terror contra los civiles, de la misma forma en que lo hizo Pablo Escobar y su cartel de Medellín en Colombia.
“Van para allá”, dijo el oficial en una reciente entrevista.
El analista sobre crimen organizado, Edgardo Buscaglia, afirmó que la escalada de violencia de los carteles en México refleja la historia reciente de Colombia porque está “relacionada directamente a la debilidad del Estado”.
En lo que difiere, dijo Buscaglia, es que proviene principalmente de una competencia entre las bandas de narcotraficantes de México para poner a su gente en posiciones claves de poder tanto a nivel estatal como regional, como alcaldes, directores de prisiones y jefes de policía.
El asalto del cartel al Estado colombiano, en cambio, fue inicialmente lanzado por un único grupo criminal, más unificado, luego de que el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla denunciara a Escobar.
Antes de que la policía lo abatiera en diciembre de 1993, tras una cacería coordinada estrechamente con agentes de Estados Unidos, Escobar y sus pistoleros desataron una larga década de terror, que convirtió ciudades de Colombia en campos de batalla.
Fueron asesinados cientos de policías, jueces, periodistas y políticos, comenzando por el propio Lara Bonilla en 1984, el editor del diario El Espectador, Guillermo Cano y el favorito entre los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán.
Las bandas de sicarios hicieron de Medellín la ciudad más peligrosa del mundo. Y su ola de terror alcanzó a los inocentes. En 1989 el cartel colocó una bomba en un vuelo doméstico de la aerolínea Avianca y murieron 110 personas.
Tras la desaparición de Escobar, el cartel de Cali mantuvo la lucha contra la extradición iniciada por los de Medellín, pero de forma menos violenta, escogiendo en cambio “comprar” congresistas y financiar con cinco millones de dólares, entregados en cajas de zapatos, la campaña que llevó a la presidencia a Ernesto Samper (1994-1998).
Naranjo era el jefe de inteligencia del entonces director de la Policía Nacional, general Rosso José Serrano, a quien Washington cortejó y ayudó en la medida en que llevó a cabo una purga y profesionalizó a la fuerza policial.
Con la estrecha colaboración de la agencia antidrogas de Estados Unidos (la DEA) y de otras oficinas norteamericanas y la aprobación de leyes como la extradición, contra el lavado de dinero y decomiso de activos, Colombia logró desmantelar los mayores carteles.
Los narcotraficantes colombianos entregaron la distribución de droga en Estados Unidos a los carteles de México, mientras los grupos armados ilegales colombianos como las guerrillas y los paramilitares acentuaron su participación en la producción de cocaína a fines de los años 90.
Este año, Naranjo pudo tachar el último nombre de una lista de los principales 28 narcotraficantes fugitivos y que había elaborado en mayo del 2004, cuando dirigía la policía de investigaciones colombiana.
Todos han sido capturados en Colombia o en otros países y la mayoría está en prisiones de Estados Unidos.
Naranjo y un grupo de colombianos que combatieron a los narcos han estado ofreciendo a lo largo de los dos últimos años asesoría al gobierno de México sobre las lecciones aprendidas en su propia lucha. Entre esas lecciones:
_ Crear una fuerza elite incorruptible en la policía nacional como lo hizo Colombia y proteger a los investigadores antinarcóticos al compartir la información.
_ Atacar el lavado de dinero y la corrupción política con leyes que hagan más fácil detectar el dinero de los narcóticos en la economía, congelar los activos de los narcotraficantes y decomisar sus propiedades. _ Estimular y proteger a las organizaciones noticiosas para estimular una robusta cobertura independiente sobre el narcotráfico.
Calderón no ha implementado esas iniciativas con la debida velocidad, según Buscaglia y otros analistas.
Una unidad especial de investigaciones entrenada por Colombia y otros expertos extranjeros sólo fue desplegada recientemente en Ciudad Juárez, la primera verdadera policía de investigaciones de esa ciudad.
Y el mes pasado, el gobierno anunció que en lo que va de año ha despedido 3.200 policías federales que no pasaron pruebas diseñadas para detectar corrupción.
Un mar de obstáculos, únicos en la experiencia mexicana, podría explicar el ritmo lento de las reformas.
México tiene más de 1.600 agencias de policía estatales y locales, mientras Colombia sólo tiene una y en la que los oficiales son suspendidos cuando surgen acusaciones sobre supuestos lazos con los traficantes.
“Es una enorme desventaja”, dijo Calderón en una entrevista radial en Colombia en agosto pasado, en la que destacó que en México sólo hay 33.000 policías federales comparado con 430.000 agentes estatales y locales.
“Sí he pensado en reformar la policía”, agregó Calderón.
El ex canciller mexicano Jorge Castañeda está entre los que postulan la creación de una única policía nacional. Calderón en cambio ha propuesto eliminar todas las fuerzas policiales municipales y crear una única policía para cada estado.
Luego está la decisión de Calderón de poner a los militares a cargo de la guerra contra los carteles, lo que ha llevado a la muerte de no combatientes y otros abusos. Los grupos de derechos humanos no son los únicos críticos de tal estrategia.
“Los militares están entrenados para matar gente. Los militares no están entrenados para las investigaciones criminales. Los militares disparan primero y hacen las preguntas después”, dijo Thomas Cash, un ex agente antinarcóticos de Estados Unidos en la región.
Cash también criticó a Calderón por no combatir debidamente el lavado de dinero en México.
En México “no tienen leyes que definan el lavado de dinero”, dijo Cash, al destacar también la debilidad de un sistema judicial donde los jueces provinciales apenas ganan dinero para sobrevivir.
Calderón tiene dos años más de gobierno -por ley no puede buscar una reelección- y sólo hasta el mes pasado prometió presentar un proyecto de ley contra el lavado.
Funcionarios mexicanos han rebatido desde hace tiempo que su país ni siquiera se acerca a la violencia que vivió Colombia, donde las guerrillas han mantenido una lucha contra el Estado por casi medio siglo.
La tasa de homicidios de México el año pasado fue de 14 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la tasa de 39 por cada 100.000 habitantes de Colombia en el mismo año.
Los funcionarios mexicanos le replicaron fuertemente a Clinton.
Alejandro Poiré, vocero en materia de seguridad del gobierno federal, dijo que el gobierno de Calderón esta atacando el problema antes que alcance la magnitud de Colombia.
“Hay una diferencia muy importante entre lo que enfrentó Colombia y lo que enfrenta México actualmente”, señaló Poiré.
Añadió que el gobierno mexicano ha actuado a tiempo
Ese tiempo puede acabarse rápidamente.
Ciudad Juárez se ha convertido en una de las ciudades más mortales del mundo con más de 4.000 personas asesinadas en los dos últimos años.
Y si bien los carteles de México no se han acercado a la escala de la violencia del de Medellín en 1989, cuando voló un avión en vuelo doméstico de la aerolínea Avianca y en el que murieron 110 personas, cada vez escalan el terror.
En julio, el cartel de Juárez puso el primer carro bomba de México y murieron tres personas.
Más de 2.000 policías y 200 soldados mexicanos han muerto desde que Calderón asumió la presidencia en el 2006.
La mayoría de ellos han perecido en choques con bandas de narcotraficantes, pero alcaldes y jefes policiales han sido asesinados como objetivos selectivos y se han realizado emboscadas en contra de agentes de seguridad y de sus familias.
El jefe de la policía federal de México fue asesinado en su propia casa en el 2008 y los carteles han elevado la apuesta con ataques a funcionarios elegidos y candidatos políticos. Tres alcaldes del noreste de México han sido asesinados en el último mes.
México además ha superado a Colombia como el país más peligroso de América para los periodistas.
Al menos 22 han sido asesinados desde que Calderón asumió el cargo, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York. En Colombia murió un periodista en el 2009 y ninguno en el 2008.
Los medios de comunicación de México, con pocas excepciones, se abstienen de hablar de la violencia, según el director del CPP, y algunos en la provincia ni siquiera la reportan.
Tal postura contrasta con Colombia, donde los periodistas en los días de auge del cartel de Medellín valerosamente expusieron a los narcos, sirviendo como una suerte de representantes del sistema judicial lisiado por los ataques del cartel.
Como una medida para proteger a los reporteros de los asesinatos, los medios de Colombia incluso publicaban la misma información simultáneamente y sin firma.
En México, eso simplemente no está ocurriendo.

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