Que la ley y la justicia colombiana son ‘permisivas’, ‘alcahuetas’... ‘injustas’. Eso repiten muchos ciudadanos en el transporte público, en la casa, en cualquier esquina, en las redes sociales. Más aún cuando casos de corrupción en la administración pública, en la administración de la justicia, crímenes o violaciones aberrantes son las noticias principales en los medios de comunicación.
A propósito, el llamado “Caso Colmenares”, que nuevamente genera controversia porque el Juzgado 11 de Conocimiento de Bogotá absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero por su presunta participación en la muerte de Luis Andrés Colmenares. ¿Es una injusticia? Puede que sea así... o puede que no. Tal vez ese rechazo general está basado en la ‘capacidad’ de la ‘justicia’ colombiana de no esclarecer un hecho que ocurrió hace un poco más de seis años.
¿Recuerda a Ernesto Manzanera? El copiloto de una aerolínea que, en aparente estado de embriaguez, ocasionó un accidente de tránsito en el que fallecieron cuatro miembros de una misma familia el 2 de diciembre de 2014. La sociedad también se indignó cuando un juez ordenó su libertad por vencimiento de términos. En esa misma orden, gracias a la ley 1760 de excarcelaciones, también fueron beneficiados el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, vinculado al famoso “carrusel de contrataciones”, y el coronel Nelson Jesús Arévalo, implicado en el caso del grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo.
Y también se genera polémica cuando políticos corruptos, condenados, se declaran enfermos y solicitan el beneficio de casa por cárcel… puede que sí estén enfermos, pero ¿quién le cree a un corrupto? Y así, muchos otros casos y decisiones judiciales que generan reproches de la opinión pública.
¿Es que la justicia de verdad es injusta? ¿O es que en las redes sociales todos somos jueces sin pruebas? Para entender algunos de los puntos más polémicos de nuestra ley, hablamos con el abogado Enrique Del Río. Veamos qué dice él.
“La ley impera”
Para Del Río está claro: los jueces no deben jamás dejarse guiar por las mayorías. No pueden. Su única misión es apegarse a la ley. Y, bueno, en todos los procesos judiciales, especialmente en los penales, habrá una parte ganadora y una perdedora. Eso quiere decir que siempre habrá alguien descontento, siempre habrá quien critique.
“Los operadores jurídicos sólo están obligados a actuar bajo el imperio de la ley, y si al hacerlo deben emitir una orden de libertad, así lo harán, así las mayorías se indispongan por ello. Esa es la ley y hay que cumplirla”.
“Los jueces, además, deben decidir de acuerdo a la verdad que se logre acreditar dentro del proceso, y no a la ‘verdad’ que deambule por los entornos coloquiales, esto trae como consecuencia que algunas decisiones sean aplaudidas y otras reprochadas”.
Según Enrique Del Río, la sociedad está en todo el derecho de criticar las decisiones judiciales, y los jueces actúan sin esperar “aplausos o abucheos. Por el contrario, estos funcionarios deben obrar con una absoluta independencia, tanto de terceros, medios de comunicación e incluso de sus superiores, o autoridades de cualquier otra rama del poder público. En pocas palabras: los jueces deben ser imparciales e independientes”.
¿La justicia es para los de ruana?
En una columna de opinión titulada “Las injusticias de la justicia”, publicada en el portal Kienyke en mayo de 2013, el abogado Abelardo De La Espriella apunta: “la ley debe ser aplicada con objetividad y a todos por igual”, y señala algunos ejemplos, entre ellos:
-Los Nule destaparon el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá y, mientras ellos están presos, aquellos a los que denunciaron gozan de su libertad, dando declaraciones a los medios y de parranda en parranda.
-Hay no sé cuántos políticos condenados por parapolítica, pero no hay uno solo que haya sido llamado siquiera a una versión libre para responder por sus vínculos con la Farc. La “Farcpolítica” no existe.
-Campo Elías Terán fue suspendido como alcalde de Cartagena porque un contratista privado no le pagó los parafiscales a sus empleados. Gustavo Petro sigue en su puesto, a pesar de haberle causado un detrimento patrimonial multimillonario al Distrito con las basuras.
-Con el proceso de paz todo el mundo habla de beneficios jurídicos para los militantes de la guerrilla de las FARC, pero nadie se acuerda de los exmilitares que purgan condenas, ni de los paramilitares desmovilizados.
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“Estamos ante una sociedad que exige castigos severos, que grita para ver sangre, pareciera incluso que hay una alegría general cuando a una persona se le impone una medida de aseguramiento, sin detenerse a verificar si es o no ajustada a derecho”, dice Del Río. “Lo claro es que las personas solo entienden el valor de las garantías procesales, el respeto a la libertad, la dignidad humana y la presunción de inocencia, cuando un familiar, allegados o ellos mismos están en riesgo de ser encarcelados”, concluye.
Así las cosas, ¿y si estamos ‘condenando’ desde la comodidad de nuestro celular a inocentes? ¿De qué sirve que nosotros los ‘sentenciemos’?
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