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“Marineros” al ataque

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Con el cuento del desarrollo y de las variedades de transporte que requiere Cartagena, hay una auténtica ofensiva –una especie de balada de la loca alegría – con proyectos que rompen esquemas y violan reglas con sigilo y malicia de la tortuosa. Por eso hay que distinguir entre desarrollo y codicia, para que las trampas y los trampolines no nos jueguen, en la joya histórica de América, otra mala pasada con una de esas trochas por donde le viene el garbanzo al pico.

Cuando se habla de desarrollo, se piensa en iniciativas y empresas que se plantean y se constituyen respetando formas, trámites, planes y metas preestablecidos. La codicia, al contrario, tiende a volarse todas las alambradas que la Constitución y las leyes contemplan para que el progreso y la estabilidad se consigan sin estropicios traumáticos, como el que ya produjo la proliferación de marinas que se nos vino encima.

“Marineros”

No me refiero a los lobos de mar de nuestra Armada, sino a los que pretenden montar marinas en la bahía interior de la ciudad, con el argumento del desarrollo sin vallas estorbosas. Por cierto que van avanzados, ya que en 2015, como gallinitas escarbadoras, consiguieron con la Secretaría de Planeación Distrital unas cuantas burlas al POT. Hay que decirlo con todas las letras: el organismo citado conceptuó sobre la viabilidad de algunas solicitudes pasándoselo por la faja.

Si el POT contiene, por su sola naturaleza, la estructura urbanística de esta Cartagena poblada y en constante crecimiento, lo que disponga sobre cualquier proyecto que afecte su perímetro y sus inmediaciones es de estricto cumplimiento. El POT, sin duda posible, no permite establecer marinas en los barrios residenciales situados frente a las aguas de la Nación, en virtud de que tendrían impacto nocivo en esas zonas.

Espacios adecuados
Si Planeación incurrió en la falla de dar viabilidad a lo inviable, es lógico que el “marinero” obre con la mentalidad del invasor: “Aquí llegué y aquí me quedo”. Así no se puede explotar el espacio público de una bahía interior, entre otras cosas porque ya le han dado zarpazos a su lecho impunemente, con la resignación de las autoridades locales y la ciudadanía, sin que se haya investigado siquiera lo que está a la vista y libre de sanciones drásticas.

Son explicables y fundadas, por consiguiente, las protestas de las Juntas de Acción Comunal contra ese afán desaforado de establecer negocios sin pensar en el resto de los cartageneros, ni en su calidad de vida, ni en el deterioro que le sumaremos a la sedimentación y la contaminación de una bahía que ha tenido poquísimos dolientes desde que la volvieron disolvente de desechos químicos, sin ministros y alcaldes que alcen la voz para preservarla.

La DIMAR
La opinión cartagenera sabe que la Dirección Marítima y Portuaria (DIMAR) tiene una “situación de proyectos” de marinas en los dos litorales, Caribe y Pacífico. Se supone que la DIMAR es la garantía de que todo el que aspire a entrar al negocio cumplirá los mandatos del decreto ley 2324 de 1984 y disposiciones reglamentarias, si las hubiere. Que se sepa, no tiene facultades para autorizar rellenos en las aguas nacionales.

Se presume, sí, que en sus oficinas reposan ya la ubicación y los límites de los terrenos que los “marineros” utilizarán tan pronto tengan la licencia, igual que los planes de cada proyecto, sus previsiones ambientales, las certificaciones oficiales, y los estudios sobre mareas y vientos, con el fin de que se proceda a la evaluación del paquete, la publicación de los edictos y la expedición de los actos administrativos que autoricen la buscada explotación comercial.

Mal sabor
Dos semanas atrás, transcendió que el Concejo Distrital había invitado al capitán del Puerto a que explicara cuál era el estado en que andaban las cuestionadas marinas. La respuesta del distinguido oficial dejó, también hay que decirlo, un mal sabor en la comunidad: La DIMAR, declaró olímpicamente, no está sometida al control político del Concejo. No descubrió el agua tibia, ni dijo mentira a pesar del tonito de suficiencia.

Pero en las relaciones interinstitucionales hay un código de buenas maneras que no demerita los poderes de un funcionario de rango, máxime si la más alta corporación administrativa del Distrito tenía legítimo interés en saber cómo marchaban los controvertidos proyectos que suscitaron inquietudes y temores por el peligro que acarrearían si no se ajustan a un mínimo de condiciones legales y urbanísticas.

Además, es bueno destacar que había un antecedente que disgustó mucho tan pronto se supo que en otro proyecto –que no es de marina pero en el que tuvo que ver la DIMAR–, el del edificio Porto Marine, un capitán de puerto puso el semáforo en rojo al petitorio de los inversionistas por determinadas circunstancias, y su sucesor, semanas después, lo puso en verde.

Otras instancias
Como la DIMAR carece de atribuciones para autorizar rellenos en aguas nacionales, otras instancias habrán de intervenir a efecto de que no todo el que quiera hacer lo que le dé la gana, por temerario o por generoso, se salga con la suya. El alcalde tiene que hacer respetar el POT. Es uno de sus deberes insoslayables, y tendrá que demostrarlo cuando le corresponda expedir las certificaciones que le competen.

Por otra parte, los Ministerios de Medio Ambiente, Comercio y Transporte son parte de este proceso que es de vida o muerte para nuestra bahía y los sectores de población que resulten perjudicados, pues no sólo son los atracaderos de botes y yates, sino las salas de baile y los restaurantes que se construirían sobre los rellenos, junto con los muelles y encima del espejo de agua, los tormentos diurnos y nocturnos del nutrido vecindario de los barrios escogidos, cuyas propiedades se depreciarán en unos $600.000 millones, al tiempo que los “marineros” se ganarían alrededor de $105.000 millones.

No perdamos de vista que son diez millones de metros cuadrados los que están en juego en sólo Bocagrande y Castillogrande, sin contar Manga y sectores aledaños. De modo que las doctoras Garcés Córdoba y Lacouture, así como el doctor Rojas, no podrán hacerse los de la vista gorda con las benditas marinas, ni endosar su capacidad decisoria a manos subalternas.

El presidente
Si lo hicieren –antes muchos ministros callaron ante la usurpación de millones de metros cuadrados en terrenos de la Nación– el señor presidente de la República, que dice querer tanto a Cartagena, y que se desembarazó de las tensiones del proceso con las Farc, tendrá que imponer su autoridad. Ojalá que así como invitó tanto al doctor Uribe a vincularse a la paz, reciba a los líderes cívicos de Cartagena y discuta con ellos, que nunca le dirán que no, los pormenores de un atentado que él puede evitar.

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