Quienes deseen ayudar a un animal que observen en mal estado pueden comunicarse con Roberto Ruiz, coordinador de la Guardia Ambiental; la intendente Yaleida Caballero, comandante del Grupo de Protección Ambiental de la Policía o el señor Rubén Zapata a los teléfonos ... En diciembre de 2009, la policía tuvo conocimiento de que pandilleros del barrio Palestina ahorcan a perros y gatos para luego usar sus cuerpos como “talegos” de practicar puñaladas. La intendente Yadeila Caballero, comandante del Grupo de Protección Ambiental de la institución, se encargó de hacer la investigación, pero los resultados fueron infructuosos debido a la “ley del silencio” que opera alrededor del tema en este sector. A esta denuncia anónima y verbal, le antecedían hechos en los que la Policía recogió, en éste y otros barrios de las faldas de la Popa, burros abandonados en la calle con múltiples cuchilladas. Hace dos meses, Roberto Ruiz Moreno, coordinador de la Guardia Ambiental del Distrito, atendió a un anciano, también de las faldas de la Popa, que pedía que le regalaran un burro para reemplazar la pollina que pandilleros, en su presencia, sacaron de su propiedad para usarla sexualmente y luego apuñalarla. Yadeila Caballero reconoce, que aunque no es una información oficial porque hasta el momento no hay pruebas que confirmen esto, las denuncias anónimas que se reciben dejan entrever de que, al interior de algunas pandillas de Cartagena, el maltrato cruel hacia los animales es una especie de “ritual de aceptación y preparación para peleas”. Otras situaciones, en las que nada tienen que ver los pandilleros, dan cuenta del maltrato desmedido que deben soportar muchos animales, no sólo en Cartagena, sino en otras ciudades del país. Los perros y gatos callejeros son víctimas de envenenamiento que les causan una larga agonía; además soportan agresiones frecuentes como patadas o quemaduras con agua caliente o ácido. Muchos de estos perros, según Roberto Ruiz, son abandonados, ya en estado adulto, por sus ‘amos’. “Este abandono es más frecuente en los estratos 3, 4 y 5. Las familias alegan que no tienen suficiente espacio en las casas o apartamentos. En estos estratos se ve también el maltrato por falta de alimento. Los dueños se van de viaje y dejan a las mascotas encerradas y sin comida”, anotó Roberto Ruiz. Los caballos, los mulos y los burros utilizados para vehículos de tracción, son los más afectados según los casos conocidos por las autoridades. En este año, la Policía ha atendido 70 casos de crueldad física contra estos cuadrupedos, 25 se han muerto; algunos de forma natural porque no han soportado las heridas; y a otros el veterinario de la Umata les ha practicado la eutanasia para ponerle fin al sufrimiento que padecen. Al cuidado de la Guardia Ambiental y de los mecánicos que trabajan en los talleres automotrices cercanos, en el Parque Espíritu del Manglar vive hace cuatro meses “Pirata”, un mulo rescatado en el barrio Villa Rosita, donde con cierta frecuencia, son encontrados equinos con una pata cortada. Sobre el agresor nada se sabe. “Pirata” ha sido de las pocas víctimas que ha logrado sobrevivir, aprendió a caminar en tres patas. A principios de julio, en Villa Grande de Indias, la comunidad se fue lanza en ristre contra un carro mulero que le daba una paliza a un caballo que se había desplomado en la carretera y se negaba a pararse. Cuando la policía llegó al lugar, encontró un animal viejo, desnutrido, soportando una carga superior a sus fuerzas y con calambres en las patas. Contra el agresor no procedió ninguna sanción, sólo el decomiso del animal. Similar pasó en el barrio Buenos Aires, donde un caballo que movilizaba una carga de vigas se fracturó una pata al quedarle atrapada en la rendija de un puente de concreto. Para obligarlo a que sacara la pata de allí, el dueño le dio latigazos hasta cuando llegó la policía. El animal falleció y al joven le decomisaron la carreta, sin ninguna otra sanción. Maltrato animal & maltrato humano A pesar de que hay diversos estudios, en el mundo, sobre conducta violenta y criminología que han identificado una constante entre crueldad animal, violencia intrafamiliar; homicidas y abusadores sexuales; en Colombia el maltrato cruel contra los animales no está tipificado como un delito. Apenas es calificado por la ley 84 de 1989 como una contravención por la cual se imponen penas irrisorias que van desde $2.500 a los $50.000. Esto engrandece la posibilidades de los agresores de salirse con la suya y abre la puerta para que, también, transiten libremente potenciales agresores contra seres humanos indefensos. “El maltratador de animales con este tipo de conductas en muchas ocasiones manipula a su familia o a su contexto social a través de la intimidación, y la siembra del terror con un mensaje claro de ‘esto les podría pasar a ustedes si no me obedecen o si no me dan lo que pretendo’”, precisa el médico psiquiatra Miguel Sabogal García, presidente de la Asosiación para la Salud Mental, en Colombia. Un análisis consignado entre los argumentos de un proyecto de ley, propuesto por el representante Simón Gaviria para endurecer las penas referidas en la Ley 84 de 1989 expone: “los maltratadores son personas que no toman mayores riesgos, de forma tal que no agreden a quien les pueda responder con la misma violencia y/o fuerza, siempre maltratan a los más débiles e indefensos, aquellos que no constituyen verdaderas amenazas, como serían las mujeres, los niños y los animales”. “Un hombre que le da una paliza brutal a un caballo enfermo, el cual se desploma porque no puede más, seguramente es capaz de propiciarle esa misma paliza a su mujer o a sus hijos”, reflexiona Rubén Zapata; un ciudadano común y corriente; antioqueño, residente hace 36 años en Cartagena, quien desde 1993 se dedica a recoger perros callejeros y recientemente caballos y burros maltratados para darle albergue en una finca que posee en Pasacaballos. “Esta labor la empecé porque conocí la nobleza de los animales a través de varios tratamientos de equinoterapia que le hicieron a un hijo mío que padece discapacidad física y cognitiva”. Zapata ha brindado su ayuda la Guardia Ambiental, a la Umata y a la Policía para recoger a todos los animales que se encuentren en estado deplorable. En la finca Zapata protege, también, a 43 perros. Futuro incierto El proyecto de ley, propuesto por Simón Gaviria, el cual que pasó esta semana ante la plenaria de la Cámara de Representantes y seguirá ahora su trámite ante el Senado, contempla penas que van desde medidas administrativas que tomarían las Alcaldías, como por ejemplo, trabajos comunitarios, hasta multas de entre 300 mil pesos a 15 millones y penas de 1 a 3 años para los residentes. Estas penas se podrían duplicar a 6 años dependiendo la reincidencia y la gravedad del hecho. Los conocedores de primera mano de situaciones nefastas contra los animales aplauden esta iniciativa, pero proponen que las penas no sean ex carcelables. Las únicas conductas contra el medio ambiente que están tipificadas como delitos en Colombia, que relacionan a los animales son la experimentación ilegal en especies animales, la pesca ilegal y la caza ilegal de especies silvestres, en vía de extinción. La pena para los culpables va de uno a tres años constituyéndolos en delitos excarcelables. “Estas penas excarcelables son ineficaces porque los agresores se sienten inmunes a las sanciones. A veces pasa uno hambre todo el día, en el proceso de judicializar a una persona, y al final se siente frustrado porque el implicado es dejado en libertad apenas le escuchan la versión. La investigación aparentemente sigue, pero mientras tanto, la persona sigue infringiendo la ley. En el caso de las contravenciones (maltrato a animales domésticos) ni se diga, a veces he llorado de la impotencia”, precisa la intendente Yaleida Caballero. “Aquí la falla es de justicia para proceder contra estas personas. La actual ley de protección animal (Ley 84 de 1989) es ineficaz ante los casos que nosotros atendemos; nos ata las manos para proceder contra los agresores. Todavía no ha habido una sanción ejemplarizante, que siente un precedente. La única sanción que hemos conocido fue la impuesta a un hombre que mató a un perro en el Centro Histórico. Alegó que estaba borracho. Lo mandaron seis meses a alimentar los animales que hay en el Parque Centenario. Hubo otro hombre que de un machetazo cortó a un perro en dos, durante una riña en el barrio Getsemaní; de ese creo que también le impusieron un trabajo comunitario”, comenta Roberto Ruiz, coordinador de la Guardia Ambiental. El proyecto contempla, además, la sustitución de trabajo para las personas que trabajan con carretas de tracción animal. Un dato agravante de esta situación es que muchos de los carro muleros son menores de edad, sin ninguna posibilidad de escolarización. En Cartagena estas personas no están carnetizadas, ni se les hace seguimiento alguno para controlar el estado de los animales.
Facetas
¡No sea una bestia con los animales!
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