Los europeos deberán dar su aprobación previa para que las empresas de servicios digitales puedan explotar sus datos personales con fines comerciales, señala una de las propuestas presentadas este martes por el ejecutivo comunitario que busca a su vez impulsar el mercado único digital.
"Esto provee un alto nivel de protección para los consumidores, mientras que permite a las empresas innovar", destacó el vicepresidente de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip.
Las medidas, que los gobiernos nacionales deberían desarrollar, entrarían en vigor en mayo de 2018, tras el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo Europeo, que representa a los 28 países del bloque.
El objetivo de Bruselas es doble. Por un lado, busca extender las reglas de protección actuales a todos los proveedores de comunicaciones digitales, como WhatsApp, Facebook o Skype, así como abrir nuevas oportunidades de negocio.
Además del consentimiento previo de los usuarios para la explotación de sus datos, otra de las medidas tiene en el punto de mira las 'cookies', ficheros que recaban datos de los internautas, desde la lengua utilizada hasta el historial de compras, que pueden utilizarse para proponer determinada publicidad.
Bruselas plantea así que los internautas decidan una sóla vez, cuando acceden a un navegador de Internet, el nivel de protección que desean respecto a estos ficheros.
Respecto al 'spam' y al marketing directo, independientemente de la tecnología utilizada, los usuarios deberán dar su consentimiento para recibir informaciones comerciales no solicitadas.
Los proveedores de servicios de telemarketing deberán además mostrar su número de teléfono o utilizar un prefijo especial que los identifique.
Estas medidas se enmarcan en el objetivo de Bruselas de crear un mercado único de datos en un bloque de unos 510 millones de personas y que, según el ejecutivo comunitario, podría alcanzar los 84.000 millones de euros en 2020.
La Comisión propone así nuevos usos para los datos personales, en caso de que los usuarios den su consentimiento, como ayudar a las autoridades públicas y a las empresas de transportes a desarrollar nuevos proyectos de infraestructuras.
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