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En Colombia se pierden 200 millones de dólares por la piratería online

Cifras como que Colombia pierde 200 millones de dólares, que América Latina 6.9 billones de dólares anuales, se dieron a conocer este jueves durante el segundo día de Andicom 2018, que se viene desarrollando en el Centro de Convenciones Getsemaní de Cartagena.

En el panel estuvieron representantes de la Alianza Contra la Piratería de la Televisión Paga, la Fiscalía General de la Nación, la SIC y la ANTV, y allí se expusieron la problemática que viene presentando la región Andina y en especiual Colombia, que es uno de los países latinoamericanos más afectados por este flagelo.

Durante el conversatorio se manifestó que se estima que solo en 2017 el Estado colombiano dejó de recibir 184 millones de dólares por impuestos y 35 millones de dólares por tasas regulatorias.

Jorge Bacaloni, representante de la Alianza Contra la Piratería, manifestó que en América Latina la piratería online representa 815 millones de dólares en evasión de impuestos anuales e implica 6,9 billones de dólares de pérdidas anuales para los operadores y programadores en esta sección del continente.

Según datos presentados por el DNP en 2016, mientras que el subreporte está generando pérdidas anuales para Colombia por un valor de 69 millones de dólares, la piratería lo hace con una cifra que ronda los 100 millones de dólares, sumas que no solo afectan al Estado colombiano, ya que deja de percibir impuestos y tasas regulatorias, sino que también afectan el dinamismo del mercado y generan cuantiosas pérdidas para el sector, principalmente para los programadores y operadores de televisión.

Se estima que solo en 2017 el Estado dejó de recibir 184 millones de dólares por impuestos y 35 millones por tasas regulatorias, cifras que superan el 50% de los ingresos anuales que tuvo el FONTV en 2016. “Este no es un dato menor, ya que con el esquema actual de financiación de la televisión pública, estos dineros podrían ayudar a cubrir aspectos como cobertura, calidad en el servicio y la generación de contenidos de índole local”.

“Estas cifras, además de representar pérdidas sumamente importantes para el Estado, también se traducen en cargas contributivas y operativas mayores para la industria, lo que conducen a una falla significativa de mercado que necesita el compromiso de todos los actores involucrados para llegar a una solución en el corto plazo”, explicó Jorge Bacaloni.

Sostuvo que el subreporte es un flagelo que surge cuando una empresa cuenta con una concesión o licencia para la prestación del servicio de televisión cerrada y no reporta el número real de usuarios que cuentan  con el servicio. A corte de 2017 se estimó que en Colombia existen alrededor de 5 millones de suscriptores que no están siendo reportados a la ANTV, ya que, según esta entidad, para ese año la televisión paga contaba con 5.834.676 suscriptores, mientras que el DANE, en su Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del mismo año, encontró que 11.000.821 suscriptores dijeron tener un servicio de televisión de este tipo.

Mientras que la piratería online consiste en subir a internet contenido de los diferentes programadores sin pagar ningún tipo de costo asociado tanto a los que lo producen como a los que lo comercializan de manera legal.

“La piratería online representa una amenaza significativa para la protección de los derechos de propiedad intelectual que impacta directamente a los consumidores, la industria y al Estado. Solo en América Latina este flagelo representa 1.2 billones de dólares en impuestos anuales evadidos, deja de generar 50.000 nuevos puestos de trabajo e implica 6,9 billones de dólares de pérdidas anuales para los operadores y programadores”, añadió.

Indicó que a pesar de que existen sanciones en materia penal, fiscal, civil, y de carácter administrativo, esta problemática sigue presentando cifras alarmantes en Colombia y está afectando la llegada de nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a este importante sector de la economía.

“Para solucionar estas problemáticas, no solo en Colombia sino también en América Latina, se hace indispensable la construcción de un modelo eficaz para la lucha contra la piratería y el subreporte, mayor compromiso y trabajo en equipo por parte de las autoridades involucradas en la lucha contra estos flagelos, y un modelo que promueva una competencia transparente entre actores tradicionales y los nuevos que llegan al mercado”, agregó Bacaloni.

“Los programadores siguen haciendo su mayor esfuerzo en la generación de contenidos, pero el usuario es quien decide cómo acceder a ellos, ya sea de manera legal o pirata. Esperamos que este tipo de espacios como ANDICOM sirvan para comprometer a las entidades involucradas a luchar contra este flagelo”, manifestó

“La piratería no se puede luchar independientemente y la participación del Estado es fundamental. Lo que sucede es que los países tienen diferentes regulaciones, diferentes normativas, entonces va a depender de cada Estado de cómo puede colaborar, la idea es trabajar siempre en coordinación de los gobiernos y los cable-operadores”, terminó diciendo.

Por su parte Dolly Rodríguez, representante de la Fiscalía General de la Nación, sostuvo que desde esa entidad se viene realizando acciones, pero que el gran inconveniente es que existen regulaciones que tienen que ver con la extraterritorialidad donde ocurren el contenido que se está pirateando, pero que desde la Fiscalía se busca castigar en el menor tiempo posible a los denominados piratas.

Jorge Mario Olarte, de la SIC, manifestó que “nuestra entidad tiene funciones de Policía Administrativa que busca dimir conflictos en materia concretamente como competencia desleal, protección al consumidor e infraccionaría y derechos de propiedad industrial. En el marco de esas funciones hemos emitido tres sentencias judiciales que fueron demandas interpuestas por un operador tradicional de televisión por suscripción que demandaban a diferentes operadores de televisión comunitaria, declarando que se había realizado una competencia desleal al poner al aire más de siete señales codificadas, lo que provocaba una violación a las reglas de competencia y eso provocó una sentencia de la SIC porque estaban obteniendo ventajas significativas en la medida que no tenían que incurrir en los costos y fueron sancionados”.

Ángela María  Mora de la ANTV, dijo que desde esa entidad también se están implementando medidas para que los cable-operadores y los generadores de contenidos no sean perjudicados por los que utilizan la piratería para obtener beneficios propios. Y planteó la idea de que existan convenios entre los que prestan los servicios por cable, los generadores de contenidos y las entidades regulatorias del Estado para controlar y evitar que se siga produciendo estas irregularidades.

Como conclusiones se sacaron que debe haber una mejor colaboración entre los Estados para que los cíberpiratas no sigan creciendo y se puedan evitar pérdidas económicas, no solo para los generadores de contenido y los operadores, sino para el mismo Estado, que deja de percibir un dinero en materia de impuestos. Se puso el ejemplo de Portugal, que ha controlado la piratería en un 70 por ciento al igual que Inglaterra, que va por ese mismo camino.



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