La acción de desacato formulada contra el exmandatario, se relaciona con el supuesto incumplimiento de una sentencia de tutela fechada el 21 de noviembre de 2023.
El congresista interpretó la afirmación del fiscal del caso como una búsqueda de una nueva solicitud de preclusión por soborno a testigos y fraude procesal.
La Corte Suprema de Justicia negó todas las pretensiones que buscaba el exabogado de Álvaro Uribe con la tutela, asegurando que los argumentos son inválidos.
Los accionantes instauraron estas contra la Policía, Asamblea y Alcaldía de Sincelejo, al considerar vulnerados los derechos de petición y de participación política.
