En la vereda El Cerro, zona rural del municipio San José de Uré, se desplazaron 12 familias, mientras que 100 indígenas Embera Katío fueron obligados a abandonar sus territorios en Tierralta.
Carlos Guerra Sierra, secretario de Gobierno departamental, indicó que los alcaldes de diez municipios asistieron, pero que otros enviaron delegados a esta sesión ampliada en la que se socializó el plan de acción sobre toda la Política Pública de Víctimas.
La justicia transicional solicitó información para verificar si el excombatiente de las Farc, es el presunto responsable de hacer parte de la organización delincuencial denominada ‘La Familia’
Carlos Guerra Sierra, secretario de Gobierno Departamental, explicó que mediante Ordenanza 027 asignó un presupuesto para iniciar la caracterización en los municipios de Sincelejo y Corozal.
En el Atlántico son 3.000 las víctimas cobijadas por la sentencia de la Sala de Conocimiento Justicia y Paz de Bogotá y se conmina a los alcaldes a que deben garantizar recursos para el cumplimiento del fallo.
