El crimen ocurrió en El Silencio, población rural de Puerto Escondido. La Policía de Córdoba designó un equipo de investigadores con el fin de esclarecer el crimen.
Los docentes estaban designados en provisionalidad en instituciones educativas de los muminicipios del resguardo indígena Tuchín y San Andrés de Sotavento y fueron desvinculados por la administración departamental.
