La Fiscalía sostiene que la exministra de Transporte podría ser responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos en relación con este caso.
Esto pese a que la Fiscalía General de la Nación, entidad dirigida por Néstor Humberto Martínez, el 19 de junio de 2018, había ordenado archivar la investigación.
