Desde la Defensoría mostraron preocupación por la presunta precaria acción del Estado, a través de sus políticas públicas y presencia institucional en el lugar.
Los casos más graves fueron registrados en Zaragoza (Antioquia), Puerto Asís (Putumayo) y los municipios de Ricaurte, Olaya Herrera, El Peñol y Samaniego (Nariño).
La Defensoría asegura que el hacinamiento en estas estaciones es de más del 200%. Convocaron una reunión con la Procuraduría, la Personería y la Secretaría de Gobierno de Magangué.
Este escenario de formación impactó a 25 personas, quienes aprendieron sobre la protección y el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.
Este 2024, la Defensoría del Pueblo ha emitido cinco alertas tempranas. En esta oportunidad, el riesgo de violencia está focalizado en la población de Jamundí.
Los enfrentamientos entre ambos grupos ilegales comenzaron el 24 de febrero en medio de disputas por el control territorial de varias áreas del norte de Colombia.
La Defensoría insistió en que la inusitada decisión del ELN de congelar los diálogos de paz da cuenta de su afán por presionar al Estado para que no haya participación de la sociedad.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo, indicó que es necesario que el Estado garantice el retorno de los desplazados y despojados de tierras a sus lugares de origen.
