Según la Procuraduría General de la Nación, el daño patrimonial ocasionado en 2015 y 2016, derivado de los malos manejos, superó los $ 22.600 millones.
La sanción quedó ejecutoriada a partir de la notificación efectuada y su ejecución procede de manera inmediata por no estar en ejercicio de funciones públicas.
Según la entidad, Jaime César Fontanilla Martínez demostró su falta de idoneidad, diligencia y cuidado en el ejercicio de la función pública que le fue encomendada.
