La denuncia se interpuso tras los disturbios ocurridos durante las marchas del pasado 8 de febrero, que terminaron en actos violentos contra el Palacio de Justicia.
El Ministerio de Defensa basó la decisión en un decreto sobre dignidad militar y en la responsabilidad del excomandante del Ejército en los crímenes de la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Desde el Consejo Superior aseguraron que en desarrollo de su política pública de infraestructura se tiene como propósito el construir una sede judicial moderna, cómoda, amplia y tecnológicamente avanzada.
La JEP pretende definir si debe establecer algún mecanismo de protección para el museo Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur.
