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EEUU incluye a Venezuela en su lista negra de tráfico de personas

Estados Unidos incluyó a Venezuela en su lista negra de países que trafican personas, en la que mantuvo a Cuba por noveno año consecutivo, en un informe divulgado este lunes que puso también bajo la lupa a Ecuador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. 

El gobierno de Hugo Chávez entró en la lista negra, lo que puede acarrearle sanciones, luego de estar los cuatro años anteriores en un grupo de países bajo observación especial y que Washington no observara mejoras. 

“Venezuela es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños que son traficados para ser explotados sexualmente o laboralmente”, indicó el reporte del Departamento, que fue presentado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton. 

Caracas “no está haciendo esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos” en este áreas, estimó Estados Unidos. 

Un país en la lista negra puede dejar de recibir ayuda no humanitaria estadounidense y enfrentará la oposición de Washington a que entidades como el FMI y el Banco Mundial le presten dinero para ciertos programas. 

Cuba ha estado incluida desde 2003 en esa lista, integrada principalmente por países de África y Asia. 

Washington retiró este año de ese grupo a República Dominicana, incluida el año pasado. 

El gobierno de Santo Domingo “está haciendo esfuerzos importantes” para combatir el flagelo, aunque no demostró aún mayores avances, por lo que se mantiene bajo observación especial. 

Además de ese país, las naciones latinoamericanas bajo observación son Panamá (que ya estuvo en este renglón el año pasado), Costa Rica y Ecuador. 

Haití siguió estando por sexto año consecutivo en el rubro  e “casos especiales”, por sus carencias institucionales que se agravaron considerablemente por el terremoto de enero de 2010. 

Durante la ceremonia de presentación del informe, Clinton reconoció a dos “héroes” de la región: Leonel Dubón de Guatemala, creador de una ONG que da refugio a víctimas, y Dilcya García de México, una fiscal que logró en 2009 la primera condena por tráfico de personas en ese país. 

Durante el pasado año, los esfuerzos judiciales contra el tráfico de personas en Venezuela se limitaron a 12 investigaciones abiertas por la Fiscalía, sin que se conociera públicamente si hubo seguimiento, indicó el informe. 

El gobierno venezolano propuso un proyecto de ley para prohibir el tráfico de personas, pero “no reforzó el trabajo coordinado entre instituciones del Estado”, señaló el Departamento, que no contó con información oficial de Caracas para el informe. 

Venezuela y Estados Unidos mantienen difíciles relaciones y carecen de embajadores desde el año pasado. 

Washington impuso en mayo sanciones contra la estatal petrolera venezolana Pdvsa por sus negocios con Irán y el viernes pasado funcionarios del Departamento advirtieron que no descartan “ninguna opción” para poner más presión sobre Caracas. 

Cuba, por su parte, “no informó sobre un progreso apreciable en investigaciones o procesamientos por delitos de tráfico de personas o condenas y castigos”, señaló el informe. 

En la isla comunista, que carece de relaciones con Estados Unidos desde hace medio siglo, “existe prostitución de niños toda vez que en Cuba la prostitución no es crimen para personas mayores de 16 años”, indicó. 

El gobierno cubano rechaza sistemáticamente estos informes. 

Panamá se mantuvo bajo observación especial porque “su código penal continuó sin prohibir el trabajo forzado y sus autoridades no condenaron a ningún traficante de personas”, señaló el informe. 

En Ecuador, pese a algunas iniciativas, “el gobierno no mostró evidencia de esfuerzos para combatir el trabajo forzado y el tráfico sexual de adultos o la complicidad de funcionarios del gobierno”, destacó. 

Mientras, Costa Rica no condenó a ninguna persona, no ofreció adecuado refugio para las víctimas y sus esfuerzos por divulgar públicamente el flagelo “fueron limitados”. 

El resto de los países latinoamericanos, salvo Colombia -única nación que alcanza los estándares-, no cumplen con los niveles mínimos estipulados por la Ley estadounidense de protección de víctimas de tráfico del año 2000, pero hacen esfuerzos por alcanzarlos, agregó el informe.

 

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