En pie de lucha contra la corrupción

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Se ha formado una especie de frente común contra la corrupción electoral.

Con el fin de evitar escándalos de corrupción en el marco de los procesos electorales de marzo y de mayo próximos el Gobierno Nacional y varias organizaciones de investigación realizan esfuerzos para dar a conocer todo lo concerniente a las irregularidades que pueden afectar las jornadas democráticas.

Varias de esas propuestas anticorrupción, algunas de carácter pedagógico y otras investigativas, se articulan en un esfuerzo para darle legitimidad a los procesos de participación. Su fin es evitar escándalos como el de la parapolítica, la farcpolítica, el proceso 8.000, el pomaricazo o la yidispolítica, que enlodaron la imagen de las instituciones públicas en los últimos periodos y generaron desconfianza ciudadana en el Estado.

MEDIDAS

De acuerdo a lo anterior el Estado ha anunciado medidas como la depuración del proceso de inscripción de cédulas para detectar el trasteo de votos y la verificación del censo electoral, con el fin de evitar irregularidades mediante la comprobación del caudal de sufragios por zonas.

Otra de las precauciones contempladas es la implementación del denominado “voto bajo techo”, que será la aplicación de la Ley 1227 de 2008 en la que se exige que todos los puestos de votación del país se instalen en lugares cubiertos como instituciones educativas públicas y privadas.

Por su parte, la Registraduría Nacional ha anunciado que con el fin de garantizar la transparencia de los procesos el próximo 14 de marzo, día de las elecciones legislativas y de consultas de partidos, toda la información se manejará mediante transmisión. Esto significa que solamente intervendrá recurso humano para la transmisión de datos desde los 10.200 puestos de votación a los centros de procesamiento departamentales.

MANUAL DE ‘TRAMPARENCIA’

Dentro de este esfuerzo mancomunado Oscar Ortíz, Zar Anticorrupción, presentó hace unos días el Manual de ‘Tramparencia’, mediante el cual se busca que la ciudadanía, los servidores públicos y las organizaciones políticas, conozcan las distintas modalidades de delitos con las que se viola el derecho al voto mediante una herramienta pedagógica.

La publicación presenta a manera de manual las modalidades de trampa antes de la votación, las que se realizan el día de las elecciones y las que se dan después de las votaciones.

Esta primera entrega trae 24 modalidades de trampa. Sin embargo, Ortíz afirmó que “en muy poco tiempo podremos tener 50 modalidades en una segunda edición”.

DELITOS ELECTORALES

El ministerio del Interior, por su parte, puso en marcha a finales de enero la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral -URIEL-. De acuerdo con el jefe de esa cartera, Fabio Valencia Cossio, es “un medio para que las personas adviertan, por ejemplo, si un grupo armado ilegal intenta presionar a los ciudadanos para que voten por determinado candidato o dejen de asistir a las elecciones”.

La URIEL ha atendido hasta la fecha poco más de 20 investigaciones entre los que se documentan casos de corrupción al sufragante en el departamento de Cesar, denunciado por Alfonso Portela, Director Nacional de Gestión Electoral y las denuncias en la misma materia hechas por Juan Manuel Galán en Santander.

Otros casos sonados son las denuncias de infiltración de dineros ilícitos en campañas en el Valle del Cauca y Santander. En Putumayo se habla de compra de funcionarios.

Paralelamente al esfuerzo estatal, están los procesos que adelantan organizaciones sociales y centros de investigación con el fin de mostrar las diferentes irregularidades que se registran en el país.

La Misión de Observación Electoral –MOE- es uno de estos organismos. Mediante la entrega de informes enfocados a estudiar regiones ha logrado denunciar ilícitos y situaciones de riesgo como el caso de las alertas dadas por la conformación de las listas de partidos como el PIN o ADN. A éste último Concejo Nacional Electoral –CNE- le canceló el aval para las elecciones.

Las razones de la cancelación fueron, entre otras, que tanto los directivos de esa colectividad como algunos de sus candidatos que figuraban en las listas, estaban privados de la libertad y aun así suscribieron actas de reunión del partido.

Tras la cancelación de ADN, el PIN ha otorgado 15 avales de los 30 solicitados por políticos que hacían parte de ADN. Estos podrán hacer parte de las elecciones.

ACTORES POLÍTICOS

No obstante los esfuerzos institucionales, otro frente de denuncias que se ha abierto ha sido el de las advertencias lanzadas por políticos.

Un ejemplo de ello son las denuncias presentadas por Germán Vargas, Rafael Pardo y Juan Manuel Galán quienes han abierto la puerta a dudas sobre los procesos de financiación de las campañas en el Valle, la costa y Santander. Estas han sido recogidas por la Uriel, quien ha iniciado investigaciones al respecto.

Por su parte congresistas como Mauricio Jaramillo y Germán Aguirre del partido Liberal, también han denunciado trasteos de votos en el Tolima y Quindío, y han dicho que esto se debe en gran parte a los abusos de poder de los partidos oficialistas que tienen fuertes recursos.

Sin embargo, ante todos estos esfuerzos aún persiste la duda sobre si el panorama electoral se encuentra limpio.

No obstante la lucha por la transparencia la falta de claridad respecto al censo electoral eventos como los 197 mil registros de cédulas fraudulentas en Barranquilla y los interrogantes frente al accionar de las bandas emergentes en el marco de los comicios deja entrever espacios de duda, sobre la claridad de las elecciones venideras pues la corrupción, como ha quedado demostrado durante los tres últimos periodos, está en capacidad de seguir horadando el sistema político colombiano.