Los millones de colombianos que firmaron la solicitud de referendo para que este se aplicara a las elecciones del 2010 -porque bajo ese entendimiento se propuso públicamente y sobre esa base incluso la oposición fijó su criterio (ver periódicos de la época)-, están indignados frente a las argucias de que se ha valido el honorable representante Varón, presidente de la Cámara pero agente político del doctor Vargas Lleras, para burlar la voluntad popular y así, “tirarse” el referendo. Como abogadillo en apuros se agarró de un pretexto: la redacción deficiente que un asesor del Gobierno hizo del texto de un artículo, para montar una estrategia perturbadora del trámite de la iniciativa, sin percatarse de que la enmienda que hizo el Senado del error, y con la cual se aclaró su contenido, se había hecho en desarrollo de sus atribuciones -propias de su competencia-, y que por tanto, obligaban al presidente de la Cámara a dirigir el debate con imparcialidad transparente, pues la condición de dirigirla le generaba responsabilidades constitucionales, legales y éticas de comportamiento, distintas a las que emanan de su status de miembro de la corporación . En otras palabras, debió separar sus funciones como presidente de la Cámara con las que propiamente tenía como legislador. Su deber se limitaba a aplicar el reglamento, sin que le cupiera la facultad de interpretar la ley a su acomodo, atribución que no podía hacerse sino a través de las facultades que solamente le confiere la Constitución al Congreso como cuerpo legislativo y no a sus integrantes individualmente considerados, así se ostente la condición de presidente de una de sus corporaciones. Pero si le faltaren patas al gato, la Corte politizada abrió investigación, sin esperar a que culminara el proceso legislativo del referendo, por el voto emitido por 84 de los miembros de la Cámara, para enredar acaso su discusión y afectar la libertad en el ejercicio de los deberes que tienen los congresistas elegidos por el pueblo. Quienes consideraron exageradas mis anteriores opiniones sobre el episodio del Relator solicitado por la Corte a la ONU, hoy pueden constatar la injerencia indebida del poder judicial sobre el poder legislativo, pues sólo cuando culmine el proceso de formación de las layes en el Congreso Nacional los órganos de control constitucional pueden ejercer sus funciones. No antes, sin exponerse a prevaricar. Interrumpir el proceso legislativo, con apertura de investigaciones penales derivadas del ejercicio de funciones constitucionales, como la de votar las leyes, resulta ser una monstruosidad jurídica en un régimen constitucional democrático como el nuestro. Pero lo hizo la Corte, con el aplauso de la galería de la oposición. Por supuesto que el resultado de tales actuaciones tiene altos costes de opinión, que se devuelven como un bumerán contra la oposición porque, según las encuestas, el pueblo respalda con mayor entusiasmo al presidente Uribe ante la evidente manguala para entorpecer el referendo. edmundolopezg@hotmail.com
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