No cayó nada bien el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de que presentará un proyecto de ley para derogar la Ley de Garantías. La propuesta fue calificada como “perversa para la democracia” por los analistas, justo cuando el país se prepara para ir a elecciones locales.
Y no es para menos, pues si bien esa norma fue concebida para definir el marco legal dentro del cual debe desarrollarse la campaña electoral en caso de que el Presidente aspire a la reelección, posibilidad que sería eliminada en la reforma de equilibrio de poderes, dicha ley también establece prohibiciones a los servidores públicos con miras a proteger los recursos públicos en campaña preelectoral.
“Creo que debemos presentar esa ley con mensaje de urgencia para desaparecer la Ley de Garantías que no tiene ninguna justificación”, le dijo a los alcaldes del país el presidente Santos, al tiempo que calificó la norma de absurda.
Para el profesor de Derecho Constitucional y experto en Derecho Administrativo, Andrés Úsuga, la medida sería “absolutamente perversa para la democracia, porque el objetivo que estaría buscando el presidente es hacer transferencias supuestamente legales para que esos recursos se puedan gastar apoyando las campañas políticas de los candidatos de la Unidad Nacional, es decir, a los candidatos santistas”.
LA MOE NO ESTÁ DE ACUERDO
Aunque desde hace algún tiempo se ha discutido la necesidad de modificar la Ley de Garantías, pues en ocasiones paraliza las administraciones con un impacto en la capacidad de ejecución y el cumplimiento de las metas que se trazan los gobiernos locales, Camilo Vargas Betancourt, coordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral afirmó que este no es el momento para dar el debate, pues “ad portas del inicio de las campañas, se puede politizar”.
“Derogar la Ley de Garantías haría muy difícil controlar la corrupción en época preelectoral, pues se les daría el poder de asignación de contratos directos a las administraciones en un país como Colombia, donde los mecanismos de control a las financiaciones de las campañas son deficientes y se correría el riesgo de que una brecha muy grande de recursos públicos terminen yendo a distintas campañas políticas”, advirtió Vargas.
Por su parte, para el director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, Luis Guillermo Patiño, de salir adelante esta iniciativa, “el Gobierno Nacional estaría convirtiendo las elecciones de octubre en una feria de contratos con fines electorales y eso hace mucho daño en un país donde la corrupción es rampante. Además eso se traduciría en más mermelada para los sectores afines al Gobierno lo que aumentaría la desigualdad en las campaña.
NO TODO ES NEGATIVO
Ante las críticas, sectores del santismo salieron en defensa de la propuesta. El senador de la U, Armando Benedetti, dijo en declaraciones a medios que la Ley de Garantías “es una farsa, hay que acabarla y siempre hay que aplaudir lo serio. El presidente Santos está siendo serio y consecuente, y por eso desde el Partido de la U lo vamos a respaldar”.
En ese mismo sentido, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que “al eliminarse la reelección no tiene ningún sentido que se mantenga vigente la Ley de Garantías” y resaltó que “con su derogación los mandatarios regionales no tendrán freno para ejecutar recursos al final de su mandato.”
TAMBIÉN SE OPUSIERON A LA IDEA
Marta Lucía Ramírez y Álvaro Uribe Vélez también expresaron su desacuerdo con la propuesta del presidente Santos. Ramírez, excandidata presidencial por el Partido Conservador, señaló que “es grave el mensaje a los alcaldes de que les derogarán Ley de Garantías a la medida de sus necesidades de gasto para la elección de sus sucesores. Por su parte, el expresidente Uribe afirmó que “esas son las trampas de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas”.
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