Fiscales latinoamericanos buscan mejorar su lucha contra delitos ambientales

Fiscales latinoamericanos discuten desde este miércoles en Quito cómo mejorar su actuación contra los delitos ambientales, durante un encuentro que se inició con un llamado a profundizar la cooperación regional y endurecer la ley para esos casos.
El IV Congreso Latinoamericano de Ministerios Públicos Ambientales reúne a medio centenar de fiscales de la región y expertos de España y Francia que debatirán hasta el viernes sobre derechos de la naturaleza, legislación, minería y fumigaciones ilegales, pesca y cacería no autorizadas.
Los derechos de la naturaleza están consagrados en la Constitución de 2008 y prevén que el Estado, las personas jurídicas y naturales restauren las zonas intervenidas para la explotación de recursos naturales, e indemnicen a las comunidades afectadas.
También exigen al Estado adoptar medidas para precautelar la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas y la alteración permanente de los ciclos naturales, a raíz de actividades como la explotación minera y petrolera.
La cita, cuyas anteriores ediciones se realizaron en Brasil, Paraguay y Perú, es auspiciada por la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales, que reúne a 270 representantes de 18 países latinoamericanos.
"La articulación de los miembros del Ministerio Público a escala continental es esencial para la defensa del medioambiente de la región, ya que la degradación ambiental y la contaminación no conocen fronteras políticas o administrativas", dijo la coordinadora del organismo, Silvia Cappelli.
Al inaugurar el evento, la directiva instó a fortalecer los objetivos de la red en cuanto a integración de los fiscales para facilitar el intercambio de informaciones y experiencias exitosas, su entrenamiento y la aplicación del derecho comparado entre los países.
En particular, la cuarta versión de este foro creará un grupo de trabajo en torno al Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), precisó Cappelli.
Por su parte, el presidente de la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, Carlos Ramírez, pidió endurecer las penas contra los crímenes ecológicos y mejorar su aplicación.
"El efecto disuasivo sólo se alcanza si las posibles ganancias por violar la regulación ambiental desvanecen ante la posibilidad de una multa onerosa o una condena a prisión", señaló el magistrado.
"En el caso de corporaciones u organizaciones, como personas jurídicas, la pena tiene que ser tan gravosa que no pueda ser percibida como alto costo operacional", agregó.
Ramírez manifestó que si bien los países en general tienen legislación suficiente, en algunos como Ecuador "las sanciones penales rara vez han sido aplicadas", por lo que "es necesario crear tribunales y jueces especializados en derecho ambiental y fiscales ambientales".
(Lea más sobre Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente)