En octubre de 2013 Uber empezó a trabajar en Colombia ofreciendo un servicio de transporte que funcionaba parecido a las aplicaciones de taxi que empezaban a tomar auge nacional. El usuario, previamente registrado con una tarjeta de crédito, pedía un Uber, la aplicación lo conectaba con un conductor debidamente afiliado, y de esta manera se prestaba el servicio a través de una transacción completamente digital y con los soportes detallados según recorrido, distancia y tiempo.
Nada de tarifas o taxímetros ni nada de malas caras por no tener cambio. Además, los conductores estaban obligados a manejar a la perfección por el sistema de calificaciones y el monitoreo constante de una empresa a la que no le temblaba la mano para tomar medidas.
En promedio la carrera mínima era de $5.000, cada minuto se cobraba a $100 y cada kilómetro a $900. El resultado era un servicio que costaba 30 % más que un taxi convencional. Pero a pesar de que era más caro, los usuarios estaban dispuestos a pagarlo por la tranquilidad de una aplicación que, a todas luces, era bueno y justo. Eso se vio reflejado en la gran cantidad de usuarios que descargaban y usaban la aplicación a diario.
El discurso que manejaba en ese entonces Patrick Morselli, ejecutivo de expansión de Uber en Latinoamérica, era que Uber solo era una empresa desarrolladora de software que cobraba una comisión por cada carrera completada en su plataforma, al igual que AirBnb, domicilios.com y muchas otras aplicaciones a nivel mundial. Era el momento de las aplicaciones móviles, pero Colombia no estaba preparada para regular.
Las cosas empezaron a complicarse cuando llegó la posibilidad del pago en efectivo. Por una parte, los usuarios y conductores se veían ante las incomodidades de manejar dinero y los casos de conflicto y abusos no tardaron en aumentar. Esto se vio agravado por UberX, un servicio más barato que le permitía a personas comunes registrar su carro particular en la plataforma para funcionar como socios conductores de la empresa.
Esto despertó la furia del gremio de taxistas, que vio la balanza desequilibrada tras años de una legislación obsoleta con impuestos costosos y mafias transportadoras adueñándose de todos los cupos para taxis.
Lo demás es historia patria: persecuciones, protestas, heridos, atentados contra conductores de Uber, un Gobierno incompetente para legislar aplicaciones disruptivas, una ley que intentaba complacer a todo mundo sin cambiar el obsoleto sistema para el transporte público y ministerios ordenando a otros ministerios que tenían que “apagar” la aplicación. Todo esto por una simple y sencilla razón: Colombia tiene un limbo jurídico para aplicaciones disruptivas.
¿Cómo está Uber en Cartagena?
Hoy en día es casi imposible encontrar una carrera en Uber en casi cualquier lugar de Cartagena, y hay muchos factores que podrían justificar la falta de uso de la aplicación.
Tal parece que el detonante en Cartagena fue que en noviembre del año pasado la empresa decidió bajar las tarifas. Una gran noticia para los usuarios pero una pésima medida para los conductores que llegaron a manifestarse públicamente por esta situación.
“Una carrera de $14.000 nos deja una ganancia de $5.000. La plataforma se queda con el 25 % del viaje, más la tarifa de solicitud. Me quedan unos $10.000, de los que debo descontar la gasolina que son como $5.000 más” dijo un conductor en su momento, al denunciar la situación. El Universal le preguntó a Uber por esta medida, a lo que respondieron que se trataba de un plan piloto que “buscaba aumentar la demanda y, por consiguiente, estimular la generación de ganancias de los socios conductores en la ciudad de Cartagena”.
Otro conductor, que pidió la reserva de su nombre, contó que justo esta semana decidieron aumentar la tarifa debido a que se dieron cuenta de que los conductores no estaban usando la aplicación. Sin embargo, el gremio no se fía de esta medida.
“Debido a la baja de tarifas decidimos trabajar solo en ciertas zonas con recargo para que nuestra ganancia sea un poco mayor. Vino un ejecutivo y examinó lo que estaba pasando y nos informaron que aumentarían las tarifas. Aunque es un parte de tranquilidad, llevo 3 años trabajando con Uber y es probable que más adelante aumenten la comisión volviéndonos a perjudicar. Ellos son muy cerrados y las vías de comunicación son respuestas predeterminadas ante nuestras inquietudes”.
En Cartagena hay 1.000 socios conductores registrados en la plataforma. Estos son conductores que completaron al menos cuatro viajes en Cartagena durante el último mes. Otra categoría son los usuarios activos (al menos un viaje en el último mes). La empresa no dio respuesta ante el cuestionamiento de las cifras comparativas antes y después de la baja de tarifas, pero teniendo en cuenta el testimonio de algunos conductores, se puede concluir que el efecto de esta decisión no fue la esperada y por ello decidieron acabar con el “plan piloto”.
Asimismo, los usuarios se han sumado a las quejas, pues el servicio en Cartagena ha bajado considerablemente su calidad. Es difícil encontrar un Uber disponible, los conductores cancelan los viajes o llaman para negociar el pago en efectivo. Incluso, usuarios han experimentado cobros extras sin justificación, por lo que tienen que iniciar un proceso a través de la aplicación para la devolución de su dinero.
El tiempo dirá si Uber logra seducir de nuevo a los cartageneros y mantener contentos a sus socios conductores, mientras el Gobierno sigue intentando resolver un problema que no es exclusivo de Uber.
Comentarios ()