En rojo implementación de Capítulo Étnico de Acuerdo de Paz, aun con esfuerzos

26/06/2020 - 12:45

El En vivo extra sobre “Avance de Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz” con voceros del Gobierno, del movimiento social afro y del Instituto Kroc permitió una aproximación plural al tema.

Presentamos cuatro frases destacadas de cada uno de los tres voceros y también el cuerpo entero de las respuestas como un servicio para el debate informado.

Los invitados al En vivo extra del magazine Cuarentena musical Pacífico y Caribe fueron Alicia Rueda Rojas, abogada y coordinadora de Asuntos de Mujer, Género, Víctimas y Etnias en la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación; Charo Mina Rojas, vocera oficial afro en la Instancia de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, IEANPE, para el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz; y Daniel Cano Insuasty, coordinador político para la Iniciativa Barómetro en Colombia y vocero del Instituto Kroc.

El En vivo extra en 12 frases

De Charo Mina, vocera afro

Lo más importante: “Nos interesan las garantías, mecanismos y condiciones jurídicas para la protección y seguridad de nuestros territorios ancestrales”.

Balance implementación: “Es desafortunado porque no se están dando garantías reales para la reparación, la justicia y la no repetición”.

Líderes sociales: “Estamos viviendo realmente una crisis humanitaria que demanda un diálogo y un acuerdo humanitario como una cuestión de vida o muerte”.

Petición al gobierno: “Demandamos mucha transparencia, enfoque diferencial y verdadera voluntad política en relación con la inversión para pueblos étnicos, especialmente el pueblo afrodescendiente”.

De Alicia Rueda, vocera del gobierno

Avance: En el documento Paz con Legalidad, que contiene los lineamientos de la implementación del acuerdo final, hay un claro respeto por el enfoque étnico.

Rezago: “El nivel de rezago de la implementación de los indicadores étnicos puede tener explicaciones relacionadas con la complejidad y naturaleza propia de los temas étnicos”.

Seguridad: Está previsto el fortalecimiento de los sistemas propios de protección de los pueblos étnicos, por ejemplo, la guardia indígena y guardia cimarrona.

Metas: “Nuestro mayor interés es que todos los indicadores del marco de implementación que tienen que ver con lo étnico tengan su plan de trabajo y resultados concretos”.

De Daniel Cano, vocero de Instituto Kroc

Brecha: “Existe una brecha entre la implementación general de los compromisos del acuerdo de paz y la implementación de los compromisos que tienen el enfoque étnico”.

Seguridad: “Una de las mayores dificultades tiene que ver con las garantías de seguridad, sobre todo por lo que está ocurriendo con las lideresas y líderes de comunidades étnicas en el país”.

Líderes sociales: “Evidenciamos una agudización de la situación humanitaria en varios territorios del país y que afecta particularmente a las comunidades étnicas”.

Recomendación: “Invitamos a que se pueda fortalecer mucho más el trabajo y las capacidades técnicas de las entidades, con el fin de que puedan incorporar mejor el enfoque étnico y de tierras”.

Estas fueron las respuestas de los invitados a la periodista y presentadora Vanessa Serna. **

RESPONDE VOCERA AFRO. ¿Cuáles son los tres principales puntos o indicadores derivados del Capítulo Étnico del Acuerdo Final que se consideran más importantes para las comunidades étnicas afrocolombianas?

Charo Mina: Cada indicador y meta del capítulo de étnico es vital para el reconocimiento, la protección y promoción de los derechos de los pueblos étnicos, pero me voy a referir sólo a algunos.

Primero, relacionado con la reforma rural integral, nos interesan las garantías, mecanismos y condiciones jurídicas para la protección y seguridad de nuestros territorios ancestrales. Esto se traduce en tener una subcuenta específica en el fondo de tierras, un porcentaje de tierras entregadas a nuestras comunidades, un porcentaje de títulos colectivos adquiridos y un número de solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento satisfactoriamente resueltas.

En materia de erradicación y sustitución de cultivos, se necesita el decreto étnico de reglamentación de los territorios destinados, así como la participación de nuestras mujeres en la comisión municipal de planeación participativa de los concejos municipales de seguimiento y evaluación.

En relación con el punto de seguridad de líderes y lideresas, necesitamos la implementación de mecanismos de seguridad y protección individuales y colectivas que fortalezcan nuestros sistemas de seguridad propios, y necesitamos ver en marcha un plan de desmantelamiento de grupos criminales.

 

 

 

RESPONDE VOCERA DEL GOBIERNO. A juicio del gobierno, ¿cuáles son los tres indicadores derivados del Capítulo Étnico cuya implementación está más avanzada?

Alicia Rueda: dentro de la política del presidente Iván Duque se ha definido un documento que se llama Paz con legalidad, que contiene los lineamientos de la implementación del acuerdo final a partir de las competencias que tienen las entidades responsables. Ahí hay un claro respeto por todo lo que tiene que ver con el enfoque diferenciado étnico en la implementación.

Lo otro es que, dentro del plan marco de implementación, está garantizarle a la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), su participación efectiva, lo que ya se logró gracias al liderazgo de la Consejería presidencial para la estabilización y al apoyo del MPTF (Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz). Estos diálogos interculturales nos permiten comprender esas visiones diferenciadas y poder fortalecer la implementación del capítulo étnico.

Otro tema que también me parece importante resaltar es que dentro del marco del proceso participativo más grande del mundo para la definición de la iniciativas de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) participaron más de 1.200 actores étnicos. Además, dentro de las 32.808 iniciativas que quedaron recogidas de todas las peticiones de las comunidades, 8.300 de ellas son iniciativas catalogadas como propias étnicas, y esto es producto de la masiva participación de los actores étnicos que tuvieron que ver con esto.

RESPONDE INSTITUTO KROC. Antes de contarnos su balance del Capítulo Étnico en el cuarto informe del Instituto Kroc sobre implementación del Acuerdo Final, ¿qué observaron sobre el Capítulo Étnico en los primeros tres informes?

Daniel Cano: en el Instituto Krok monitoreamos no solamente aquellas disposiciones que están dentro del capítulo étnico, que son más o menos 13, sino todas las que tienen que ver con el enfoque étnico en todo el acuerdo, que son más o menos 80 compromisos.

A lo largo de los tres primeros informes evidenciamos un avance en la creación de toda la arquitectura institucional para la implementación del acuerdo de paz: planes, programas y proyectos.

En el segundo informe, nosotros empezamos a evidenciar uno de los elementos que ha sido reiterativo hasta ese cuarto informe: la brecha que existe entre la implementación general de los compromisos del acuerdo de paz y la implementación de los compromisos que tienen el enfoque étnico. Nosotros insistimos para que se pueda eliminar esta brecha.

En el segundo informe también destaco un esfuerzo que se hizo con el tema de la participación, especialmente en la IEANPE, y el fortalecimiento a esta instancia que ya lo vimos mucho más claro en el informe 4.

Finalmente, en el tercer informe  lo que destaca es que obviamente esa brecha se ha mantenido, y que una de las dificultades para esta brecha es la dificultad que tienen muchas entidades de poder concretar los indicadores del PMI con enfoque étnico, que es el trabajo que se está haciendo ahora, de poder revisar esos indicadores de manera conjunta con las comunidades.

 

RESPONDE VOCERA AFRO. El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiana acaba de presentar su segundo reporte de seguimiento a la implementación del Capítulo Étnico. ¿La calificación es buena, regular o se va rajando, y por qué?

Charo Mina: realmente, el Gobierno está rajado en la implementación. Es desafortunado porque no se están dando garantías reales para la reparación, la justicia y la no repetición.

Nuestro informe muestra altos índices en rojo, donde la implementación no supera el 8%. Hay resultados de gestión pero no de impacto, y en términos étnicos, ni siquiera hay una valoración precisa. En ninguno de los puntos podemos hablar de un avance de impacto.

Encontramos una amplia brecha entre las expectativas creadas a nivel territorial en la implementación y la capacidad real de implementación en este momento, o sea, no hay realmente muchos recursos para eso.

Los acuerdos sobre erradicación y sustitución de cultivos ilícitos que no surtieron han resultado en la legalización de la colonización y el despojo armado en nuestros territorios. La violación de los acuerdos con pequeños cultivadores, forzando erradicación y fumigaciones, ha costado vidas y desplazamiento.

Tenemos una alerta roja en términos de derechos territoriales, no tenemos una cuenta en el fondo de tierras para la restitución, reparación y retorno. Las medidas para el ordenamiento social de la propiedad, que deben tener un módulo étnico y criterios para priorización de mujeres, son un total cuello de botella, con recursos recortados en esta administración. El Gobierno muestra como resultado la titulación colectiva de solicitudes que llevaban ya muchos años, pero ninguno con respecto a indicadores del punto uno.

Hay una enorme brecha de ejecución para pueblos étnicos. Para el pueblo afrodescendiente es del 37%, frente al 80% de indígenas, sumado a el hecho que el 27% del presupuesto fue congelado por medidas de austeridad.

Para nosotros, el acuerdo no es comprendido y apropiado como una política de estado, sino como una agenda política del gobierno de turno. Paz con legalidad llegó haciendo borrón y cuenta nueva, improvisando y cambiando de nombre políticas y programas ya establecidos, con el fin de acomodarse a su agenda, ignorando una obligatoriedad de política de estado que debe ser interpretada e implementada con un enfoque étnico y de género diferenciado.

RESPONDE VOCERA DEL GOBIERNO. ¿Le parece justa la calificación que da el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiana a la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final?

Alicia Rueda: nosotros desde el Gobierno consideramos que hemos venido adelantando diferentes esfuerzos, que el nivel de rezago de la implementación de los indicadores étnicos puede tener explicaciones relacionadas con la complejidad y naturaleza propia de los temas étnicos, que inclusive algunas de ellas requieren de consulta previa para su implementación.

Sin embargo, no hay que olvidar que las partes acordaron que todos los compromisos medibles y verificables iban a quedar definidos en un plan marco de implementación que se firmó en junio de 2018, es decir, hace dos años; y que, por ejemplo, los programas de desarrollo con enfoque territorial recién finalizaron sus últimas fases en febrero del año pasado.

De modo que estamos hablando de una implementación de largo plazo. El acuerdo está previsto no solamente para que sea implementado por este Gobierno, sino al menos dos gobiernos más.

Entendemos que desde la comunidad se requiere que todas estas acciones se implementen lo más rápido posible, pero lo pactado no es solamente resolver unos temas que quedaron en el acuerdo, esto tiene que ver con problemas estructurales que se han derivado de la violencia de mucho tiempo atrás. Es decir, cambiar las realidades históricas del país no va a ser un proceso de corto plazo sino de largo aliento.

Sin embargo, leímos detenidamente el informe y me parece que en su parte final de las conclusiones hace un reconocimiento al trabajo que ha jugado la consejería presidencial de estabilización encabezada por el consejero Archila. El informe dice que hemos jugado papel importante, que lo destacan frente a los diálogos interinstitucionales, frente al fortalecimiento de la instancia y a todos los temas de seguimiento que venimos haciendo. De modo que creo también que el informe reconoce que desde el Gobierno estamos trabajando para implementar.

 

RESPONDE INSTITUTO KROC. ¿Qué encontró el Instituto Kroc sobre la implementación del Capítulo Étnico para su cuarto informe de seguimiento al Acuerdo Final?

Daniel Cano: uno de los puntos fundamentales tiene que ver con la dinamización de la instancia y, sobre todo, la aprobación de sus recursos con el apoyo de la cooperación internacional. También los diálogos interculturales que se vienen haciendo para que los indicadores del PMI puedan avanzar al ritmo que deben.

Sin embargo, evidenciamos una serie de dificultades importantes. Una de las mayores tiene que ver con las garantías de seguridad, sobre todo por lo que está ocurriendo con las lideresas y los líderes de comunidades étnicas en el país.

Es necesario que se tomen medidas que respondan a las necesidades específicas de las comunidades y, sobre todo, que se construyan de manera participativa con ellos. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento de los mecanismos propios de protección de las comunidades, como las guardias indígenas y cimarronas, que son esenciales para la que la protección se dé de manera efectiva.

Vemos también que ha habido algunas dificultades sobre todo en el tema de la armonización de la ruta de reincorporación con el enfoque étnico, que es un tema crucial para que la reincorporación pueda avanzar desde esta perspectiva.

Y finalmente, lo más importante, que se puedan lograr medidas especiales en la implementación del acuerdo, no solamente en la incorporación del enfoque étnico, sino que se tomen medidas que ayuden proteger los derechos de las comunidades más victimizadas durante el conflicto armado.

RESPONDE VOCERA AFRO. ¿Cómo está la situación de territorios colectivos afrocolombianos con actores armados ilegales que amenazan a líderes sociales? ¿Dónde requieren más protección?

Charo Mina: efectivamente, sí es un proceso largo plazo, pero los indicadores tienen puntos para ir cumplido, que es lo que esperamos ver. La situación en los territorios es muy compleja, por ejemplo, en municipios con población étnica más del 71%, la gente está sufriendo por la violencia, lo que implica afectaciones a nivel de participación, desplazamiento y despojo territorial.

Las amenazas contra lideresas y líderes se han venido materializando. Entre 2018 y 2020 se han incrementado asesinatos, desapariciones, se ha recrudecido el desplazamiento forzado y la violencia contra mujeres, niñas y jóvenes.

Al menos 40% de estos daños y crímenes contra la integridad física, emocional y política, están concentrados en pueblos indígenas, la mitad contra mujeres de pueblos étnicos.

Entre abril y junio, por ejemplo, sufrimos tres masacres, tres desplazamientos, el asesinato de dos lideresas, el 99% de la población confinada en el Chocó, la situación de Tumaco agravada, la situación del Pacífico agravada. Estamos viviendo realmente una crisis humanitaria que demanda un diálogo y un acuerdo humanitario como una cuestión de vida o muerte, es una situación supremamente grave en los territorios.

RESPONDE VOCERA DEL GOBIERNO. ¿Qué prevé el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para enfrentar situaciones de inseguridad en territorios colectivos afrocolombianos copados por actores armados ilegales?

Alicia Rueda: lo que está previsto en el plan marco de implementación, por un lado, es el fortalecimiento de los sistemas propios de protección de los pueblos étnicos, ahí por ejemplo está previsto el fortalecimiento de la guardia indígena y guardia cimarrona.

También está previsto que el sistema de alerta temprana que maneja la Defensoría del Pueblo tenga un enfoque diferenciado étnico. Están previstas las medidas de protección reforzada en el que se trabaja a través de la UNP. Y también está previsto que la Fiscalía tenga unos sistemas de investigación para hacer la identificación de los victimarios y se posibilite la judicialización.

RESPONDE INSTITUTO KROC. ¿Cuál es el análisis del Instituto Kroc sobre lo que ha venido pasando en territorios afrocolombianos que pone en peligro la vida de líderes sociales?

Daniel Cano: evidenciamos una agudización de la situación humanitaria en varios territorios del país y que afecta particularmente a las comunidades étnicas.

El acuerdo contempla una gran cantidad de medidas para garantizar la seguridad de los líderes, pero hemos visto que ese sistema se ha implementado de forma fragmentada, es decir, hay algunos temas que avanzan pero hay otros que no se están implementando al ritmo que deberían, lo que hace que el sistema no funcione de manera eficiente.

Un ejemplo muy claro de esto es que la Unidad especial de investigación y el Cuerpo de élite están tratando de identificar los responsables de los crímenes contra líderes y lideresas, y aunque hay algunos avances, están muy enfocados en los autores materiales y no tanto en los autores intelectuales, que es lo que llevaría al desmantelamiento de organizaciones criminales.

Eso sería lo que en realidad ayudaría a prevenir los crímenes contra estos líderes que están defendiendo su territorio, impulsando la implementación, siendo una barrera para muchos actores ilegales que en este momento quieren copar sus territorios para actividades ilegales, especialmente el narcotráfico.

Por eso, invitamos a que la implementación de estos mecanismos se dé de manera integral, que temas como el decreto 660, que depende del Ministerio de Interior y que tiene que ver con la protección a comunidades en los territorios, tenga los recursos para funcionar como mecanismo de protección colectiva.

Los mecanismos de protección individual como los que implementa la UNP con carros blindados y escoltas no son sostenibles financieramente, no tenemos dos millones de camionetas para proteger a todos los líderes del país; y por otro lado, no responden a necesidades del territorio, no pueden funcionar con esos esquemas y lo saben mejor las comunidades que experimentan estos riesgos de manera cotidiana.

Todo esto es parte del análisis. La recomendación que hacemos es que se puedan fortalecer las acciones como un sistema, que se implante de manera integral y comprensiva, y sobre todo que se fortalezca la participación de las comunidades en la construcción de estos mecanismos.

RESPONDE VOCERA AFRO. ¿Cuáles serían tres peticiones concretas del movimiento social afro al Gobierno en relación con el Capítulo Étnico del Acuerdo Final?

Charo Mina: dado que el decreto 902 del 2017 no lo define específicamente, necesitamos conocer cuál y dónde está el recurso especifico, es decir, la subcuenta en el fondo de tierras para el pueblo afrocolombiano raizal y palenquero, y necesitamos lograr que se implemente esa subcuenta, aclarando que este es un recurso por fuera de asignaciones previas logradas a partir de otros acuerdos con el Gobierno.

Necesitamos trazadores presupuestales diferenciados para el cumplimiento de los indicadores del capítulo étnico, que definan claramente recursos con enfoque de género por fuera de lo que ya está establecido en acuerdos previos. También demandamos mucha transparencia, enfoque diferencial y verdadera voluntad política en relación con la inversión para pueblos étnicos, especialmente el pueblo afrodescendiente.

Requerimos avanzar en el programa integral de seguridad de protección para comunidades, que desarrolle las medidas de protección colectiva con enfoque territorial y garantías de participación. Necesitamos un programa de apoyo integral a las comunidades étnicas que han estado resistiendo al tema de cultivos ilícitos como una garantía de seguridad para el retorno.

Necesitamos la reubicación de las comunidades étnicas como garantía para los programas de asentamiento, retorno, devolución y restitución de derechos territoriales. Idealmente esperamos que el ministerio asuma de verdad sus obligaciones frente a los asuntos étnicos, particularmente con el pueblo afrodescendiente.

Finalmente, quisiéramos lograr una articulación con el Instituto Kroc para fortalecer ese análisis étnico y la verificación de los indicadores y metas del plan marco para su próximo informe, entre muchas otras cosas.

RESPONDE VOCERA DEL GOBIERNO. ¿Cuáles son las principales metas del gobierno para los dos años que le quedan de mandato en cuanto a la implementación del Capítulo Étnico?

Alicia Rueda: el consejero Emilio Archila nos ha pedido que trabajemos de manera incansable para hacer que las cosas queden ya establecidas y que sean irreversibles. Para eso, desde su liderazgo y desde sus mismas propuestas en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, quedó previsto que se dejara un marcador presupuestal de paz para que las entidades señalen cuáles son los recursos que van a invertir para la implementación de todo lo que tiene que ver con los acuerdos.

Igualmente, hay un marcador presupuestal en materia de género. También está la hoja de ruta de la estabilización, que contempla la integración de los indicadores del plan marco de implementación, de las acciones que tienen que ver con todas las iniciativas de todos instrumentos relacionados con la implementación del acuerdo.

Este es un documento de política pública a largo plazo que será la bitácora de trabajo en adelante, tanto de las entidades nacionales como territoriales, y esa es otra de las cosas que se van a dejar listas es este gobierno.

También queremos avanzar con los diálogos interculturales que tenemos para esclarecer y definir estas propuestas que ha traído el Gobierno para implementar los indicadores que tienen dificultad. Queremos dejar cerrado ese proceso porque nuestro mayor interés es que todos los indicadores del marco de implementación que tienen que ver con lo étnico tengan su plan de trabajo y resultados concretos.

RESPONDE INSTITUTO KROC. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones del Instituto Kroc para el gobierno para la implementación del Capítulo Étnico?

Daniel Cano: que se continúe con este diálogo que ya vienen liderando desde la Consejería. Invitamos a que se pueda fortalecer muchísimo más el trabajo y las capacidades técnicas que tienen las entidades, con el fin de que puedan incorporar mejor el enfoque étnico y de tierras.

Hay un ejercicio que han venido haciendo entidades del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en la construcción de los planes de acción. Eso ha sido muy eficiente para que esos planes progresen y que el sistema tenga una implementación más efectiva.

La invitación es a que eso se replique en los otros escenarios, sobre todo, muy importante que este aprendizaje lo pudiera recibir el Ministerio del Interior. Creemos que ahí tiene que haber un esfuerzo muy grande para que el Ministerio asuma esas responsabilidades grandes que tiene sobre todo en los indicadores.

Y finalmente, el reconocimiento de las autoridades étnicas en el territorio es crucial para que estos ejercicios puedan tener esa legitimidad que se necesita, no solamente el cumplimiento del indicador, sino que sea muy legítimo con las comunidades en el territorio.

** Editó: Juan David Morales, jefe de redacción de Color de Colombia.


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