Foto: cortesía de I Junieles. La Cansona. Alta Montaña de El Carmen de Bolívar.

Menos chalecos, más democracia

04/07/2020 - 11:21

Cheryl Morris Rada*

No quiero escribir otra columna más reduciendo a datos la muerte violenta de seres humanos, como si no me doliera. Duelen, indignan y preocupan las 153 personas -líderes y lideresas sociales- que según Indepaz, fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2020, más de 817 desde la firma de los Acuerdos de Paz, esta paz que parece tan esquiva.

La violencia no se circunscribe a líderes y lideresas sociales, excombatientes y familiares de estos. Un municipio golpeado por el conflicto armado como El Carmen de Bolívar, en la subregión de  Montes de María en el Caribe colombiano, registró  6 muertes violentas en la última semana de junio (3 en menos de 24 horas), 4 de ellas asociados a reclamaciones  de tierras, tema que según la Procuraduría General, en el 2018 ubicaba a Bolívar entre los seis departamentos con más muertes por esta causa y que también produce otro tanto de amenazas.

Indigna mucho más la respuesta de las autoridades que, reconociendo el aumento de los homicidios en este municipio clave para la paz territorial, afirman en forma hueca que los responsables son grupos delincuenciales que están “afectando la seguridad ciudadana”. Estas expresiones, vacías de contenido, minimizan la grave situación que desde el año 2018 está advirtiendo la Defensoría del Pueblo en tres Alertas Tempranas (026 –18, 051-18 y 006-20). 

Este órgano del Ministerio Público ha denunciado claramente el riesgo de la población ante la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, la posible llegada de disidencias de las antiguas FARC-EP y de grupos armados sin identificar. Un eje común del interés de estos actores son los conflictos por la tierra (El Carmen es el municipio de Bolívar con más solicitudes de restitución de tierras) y el control del territorio por su posición estratégica como tránsito de economías ilícitas. Líderes y lideresas de Montes de María, en situación de riesgo, intervinieron en la acción de tutela favorable por el derecho a defender derechos, solicitando al Estado que reconozca la presencia de estos actores y actúe en consecuencia.

La propuesta de las autoridades locales es un plan de choque cuya acción más clara y concreta es el otorgamiento de recompensas a quienes denuncien a los responsables de los hechos, como si fuera sencillo, como si hubiera confianza en las instituciones, cuando lo que está en riego ante las amenazas y homicidios de líderes, lideresas y miembros de las comunidades, es la vida misma (individual y colectiva), el desarrollo de los proyectos de vida y la esperanza de un mejor futuro no violento. Esa respuesta no dista de la que da la Unidad Nacional de Protección -UNP- a los líderes y lideresas que se encuentran en riesgo y “cuentan con la suerte de que se les declare”: chaleco, celular, carro, escolta o alguna de las anteriores. 

Por eso la propuesta de quienes viven esa realidad de cerca y no pueden ignorarla aunque quieran, es diametralmente diferente. El llamado de Juana Alicia Ruíz, premio Nacional de Paz 2015, hablando desde la plataforma del Espacio Regional de Construcción de Paz de Montes de María, en representación de sus vecinos y vecinas, de líderes y lideresas, de defensores y defensoras de Derechos Humanos, es a un diálogo regional y nacional “con seriedad, imaginación y compromiso" que piense en la protección colectiva de las comunidades, de los líderes y lideresas sociales en los territorios amenazados. A que se involucren todas las instituciones del Estado, y que contemple acciones de política agraria y desarrollo rural serio, porque ya sabemos que la paz tiene todo que ver con la vida en condiciones de dignidad. 

Para lograr la protección colectiva, entre otras cosas, proponen: la construcción participativa, en el término de 30 días, de un mapa de riesgo de los Montes de María, a fin de establecer una ruta de respuestas y soluciones ante el escenario actual de violencia; la siembra de 150 hectáreas de pan coger (10 por municipio) financiadas por el Ministerio del Interior; la creación de fondo institucional por la vida, para que sin tanta burocracia se atienda el riesgo inminente de las lideresas y líderes sociales, y el de sus familias; así como la implementación de las recomendaciones establecidas por las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Para estos líderes y defensores, los escoltas, los carros y los esquemas de seguridad de la actual política de la UNP, deben ser reemplazados “por más democracia, más participación ciudadana, más presencia concertada del Estado y más trabajo colectivo” pues esto es lo que garantiza que los líderes y lideresas puedan “…seguir en sus tareas ejemplares de reconciliación, reconstrucción y consolidación de la paz y el crecimiento económico y social”

Esta vitalidad, esta sabiduría me ayudan a vencer los sentimientos abrumadores de impotencia, de miedo, de rabia y frustración. La vida se defiende. 

*Investigadora de Regionalización de Dejusticia.

Foto: cortesía de I Junieles. La Cansona. Alta Montaña de El Carmen de Bolívar.

 


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