Por mandato constitucional, los servicios públicos, son inherentes a la finalidad social del Estado, es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. (Artículo 365 de la constitución política).
Entiéndase por servicios públicos esenciales, el servicio de acueducto, alcantarillado, energía, alumbrado público, aseo, recolección de basuras, entre otros. En la ciudad de Cartagena, como en muchas otras ciudades y municipios del país, la prestación de estos servicios está en manos de empresas privadas, con altas tarifas y en común con deficiencia en la prestación del servicio. En el distrito de Cartagena el aseo esta fuera de control, la basura rodea toda la ciudad, y no existen medidas en pro de contrarrestarlo. El centro histórico y muchos sectores de las principales avenidas y calles de nuestra ciudad están llenas de basureros satélites, que convierten la ciudad en un muladar. Del suministro de energía eléctrica, prefiero no hablar. Guardo silencio dándole la oportunidad al nuevo operador “Afinia”, que con solo pocos meses de entrar a prestar el servicio, tenga tiempo para re organizar el caos que “Electricaribe” mantuvo durante varios años.
Respecto al suministro de agua potable, ha mejorado, la empresa prestadora de este servicio “Aguas de Cartagena”, se destaca entre las otras E.S.P. El cubrimiento ha mejorado pero la burocracia y la lentitud para resolver solicitudes de nuevos usuarios, rompe los propósitos establecidos como misión y visión propuesta, además no tienen suficiente cobertura del servicio de alcantarillado para cubrir el vertimiento del agua suministrada.
La falta de coordinación entre planeación municipal, curadores, control urbano, han creado repúblicas independientes entre las empresas prestadoras de servicios públicos. Existen construcciones desarrolladas sin control, casas en los barrios con un solo contador para varias unidades, edificios que no cuentan con los contadores, ni medidores independientes y por si fuera poco, la evasión de impuestos, contribuciones por tarifas y consumos mínimos, está presente en todos los estratos sociales de la ciudad.
Las empresas prestadoras han demostrado ser ineficientes, no solo en la prestación de los servicios públicos esenciales sino también, en el control de medidores y contadores, esta situación refleja que el negocio es tan rentable, siendo más fácil como forma de ingresos, elevar las tarifas, sin que importe que usuarios no paguen por sus consumos reales.
Si existiera una intervención del Estado en temas de control de consumos, si las pérdidas por evasión de facturación fueran identificadas, bajaría el costo del servicio, mejoraría la prestación y se generarían más ingresos, para ser reinvertidos en cobertura y mejoramiento, en favor de los usuarios que pagan tarifas elevadas.
Por la burocracia y la ineficiencia de las empresas prestadoras de servicio, existen muchas conexiones irregulares en las que varias unidades dependen de un solo contador, esta situación, debe ser regulada y solucionada de manera inmediata, toda vez que generan gran detrimento para la empresa y una carga que asumen los usuarios que están en regla.
De lo anterior comprendo, que hay lugar para el desperdicio y para que sean unos cuantos, quienes paguen por otros. Tan bueno es el negocio que la tramitología misma, dificulta la legalización de conexiones irregulares y la suspensión del servicio de quienes no cumplen, no significan una prioridad. ¿Estamos entonces, frente a un negocio rentable para las empresas prestadoras de servicios? Pues, tal parece que la ilegalidad y la evasión no les afectan.
