La Contraloría General de la Nación, a través de su Contralor Delegado para el Medio Ambiente, se pronunció sobre las responsabilidades que tiene el Distrito en el caso de los damnificados del barrio San Francisco.
En el informe de actuación especial de denuncia ciudadana, el contralor delegado para el medio ambiente, Jorge Enrique Cruz Feliciano, expone los hallazgos que se hicieron durante el proceso de investigación y envió una carta de conclusiones a Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda de esa época; Carmen Arévalo Correa, gerente de Fondo de Adaptación, Olaff Puello, director de Cardique; Carmen García Bielza, gerente de Corvivienda y al despacho de la Alcaldía Mayor de Cartagena.
Según el concepto de la Contraloría, “la gestión adelantada por los entes del Estado no está siendo oportuna y a la fecha los afectados de la falla geológica del 2010 en las Lomas del barrio San Francisco en la ciudad de Cartagena se sienten víctimas de la negligencia del Estado al no presentarse ninguna salida inmediata que resuelva la problemática a las 2400 familias damnificadas que requieren atención humanitaria de emergencia”.
De igual forma, la misiva indica que el organismo de control estableció 6 hallazgos, entre los cuales hay uno con presunto alcance fiscal por valor de $840,3 millones.
Entre las conclusiones de la actuación, el organismo de control, establece que el Estado no presenta ninguna salida inmediata que resuelva la problemática a las 2400 familias damnificadas y que además observó poca eficiencia e ineficacia de las instituciones que debían dar respuesta a la emergencia de los damnificados del barrio San Francisco.
En este sentido, se evidencia que Inurbe no ha realizado los trámites para el envío de la documentación a Corvivienda para la titularización de los predios del Instituto de Crédito Territorial, lo que impide acceder a una solución de vivienda.
Por su parte, el Distrito tendría responsabilidad por la falta de medidas de control urbano y administrativo, lo que permitió la urbanización y explotación no planificada en la Loma de San Francisco.
Además, a los habitantes de las viviendas colapsadas “no se les definió un valor comercial a sus propiedades que le asegurase que obtendrían una retribución justa para sus viviendas”.
El Universal habló con el alcalde de la Localidad 1 Mauricio Betancourth, quien indicó que el encargado de referirse al tema de San Francisco es el secretario del Interior Javier Doria, a quien se le llamó en varias oportunidades y no atendió al teléfono.
Favorable para damnificados
Los habitantes de San Francisco continúan en su lucha buscando justicia. Existe una acción de grupo que avanza en el Juzgado 13 Administrativo del Circuito, con la cual piden que se declare responsable administrativamente al Distrito, Corvivienda, Inurbe y Aguas de Cartagena, por la presunta omisión administrativa, en que incurrieron frente a la falla geológica que afecta el sector, desde el año 1998.
“Las familias afectadas, propietarios o poseedores, reclaman que se les compre su vivienda, por el precio real del mercado y que se les indemnice, por esa enorme ruptura del tejido social, por los daños morales, materiales y de graves alteraciones de condiciones de existencias y demás daños que resulten probados en el trámite de la acción constitucional. Es importante dejar claro, que el sentir de la comunidad afectada es que se le compre su vivienda y no la reubicación, como lo pretende el Distrito de Cartagena”, explicó Luis Correa Martínez, apoderado de las familias demandantes.
El jurista se refirió a que el Distrito expidió el Decreto 0282 del 7 de mayo de 1999 y no lo publicó, haciendo más gravosa la situación de los afectados, quienes no pudieron ejercer su derecho de defensa frente al acto administrativo.
“Se demuestra la mala fe y el manejo inadecuado que la administración le ha dado a la problemática desde el año 1998”, aseguró Correa.
De esta parte, el abogado Correa, explicó que el Distrito enfrentaría un detrimento patrimonial grande si no se cesa la vulneración de los derechos fundamentales a los afectados con la falla geológica porque una sentencia generaría una condena sin precedente en materia de responsabilidad administrativa en el país.
