Se acerca la entrada en vigencia de la Ley 1786 de 2016, la misma con la que el Gobierno nacional aplazó el año pasado la aplicación de la Ley 1760 de 2015, y que se relaciona con la racionalización de la detención preventiva en las cárceles del país.
El próximo 1 de julio debe entrar en vigencia esta ley, con la que podrían solicitar su libertad los reclusos que hayan estado detenidos por más de 12 meses en calidad de sindicados, es decir, que en ese periodo no se le haya dado trámite a sus juicios y por tanto aún no hayan sido condenados.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación, quienes podrían aspirar a pedir su libertad cobijados bajo esta nueva norma serían más de 11.289 personas en todos los penales de Colombia.
Y aunque esta norma lo que pretende, en principio, es solucionar la congestión en los centros penitenciarios y además garantizar derechos humanos, hay quienes reiteran su preocupación por lo que significaría una excarcelación masiva, como lo plantea esta ley. El exministro de Justicia, Yesid Reyes, que impulsó la ley, ha asegurado que los que podrían recuperar su libertad serían inicialmente los presos señalados por delitos leves como hurto, microtráfico, maltrato, daño en bien ajeno, entre otros. No obstante, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha advertido que el sistema penal acusatorio puede colapsar, recordando que las audiencias de juzgamiento no alcanzan a hacerse en un año y que a la fecha “están represadas más de 112 mil audiencias en todo el país como resultado de que el sistema judicial no tiene alternativas”.
La Ley 1786 de 2016 además impone al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura que, dentro del mes siguiente de su entrada en vigencia, elaboren un plan de acción que implementarán, en el plazo de un año, con el objetivo de definir la continuidad de las medidas de aseguramiento que son susceptibles de prórroga.
Aunque se conoció que desde el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura se está trabajando en estrategias para agilizar las miles de audiencias represadas, por ejemplo, mediante solicitud de prórrogas en las medidas de aseguramiento bajo distintos argumentos, tampoco se ha descartado que se genere un nuevo aplazamiento en la aplicación de la norma, como ya se hizo el año pasado para evitar la excarcelación masiva que se advierte.
Solución al hacinamiento
Para el caso de Bolívar, la Fiscalía asegura que serían 233 personas las que podrían abandonar las cárceles del departamento.
Respecto a Cartagena, de los 2.002 internos de la cárcel de Ternera hay 987 sindicados a los que no se les ha resuelto su situación jurídica, de acuerdo a fuentes del penal. Pese a que no se precisó la cifra exacta de cuántos están como sindicados hace más de un año, se pudo establecer que hay casos de sindicados que permanecen en esa cárcel desde 2004. En cuanto a la cárcel de San Diego, 100 de sus 148 internas son sindicadas y, según voceros, al menos 15 de ellas llevan más de un año con esa condición.
Entre los sindicados que completen más de un año en ambas prisiones, se revisaría el tipo de delito por el que fueron encarcelados preventivamente para determinar si hay o no lugar a la solicitud de libertad, ya que la Ley 1786 de 2016 señala que es un recurso válido para quienes estén sindicados por delitos simples y lleven un año presos sin sentencia, pero para quienes se les acuse de delitos graves, el periodo es de dos años encarcelados sin condena en su contra.
Pese a las implicaciones que tiene la aplicación de esta ley, en el caso de Cartagena, especialmente en la cárcel de Ternera, podría entenderse como un beneficio la excarcelación de buen número de presos, teniendo en cuenta el hacinamiento que existe en dicho penal, lo que a su vez ha generado una crisis de salud pública en su interior. La capacidad de esa cárcel es de 1.464 internos, sin embargo, en este momento hay 2.002 personas recluidas, custodiadas por solo 120 guardias del Inpec. Por esta situación, cientos de presos deben dormir en el suelo, pasillos y baños.
El caso de la cárcel de San Diego es diferente, ya que si bien su hacinamiento no es crítico, el número de internas sí es un tema urgente teniendo en cuenta el marcado deterioro de la infraestructura del penal y que la propuesta de traslado de dicho centro aún no se define. Sin embargo, en Ternera la infraestructura también preocupa debido a que en abril la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito a través de un informe alertó sobre los riesgos estructurales, eléctricos, ambientales y de salud que corren tanto los internos, como el personal de guardia y administrativo.
Se conoció que en la cárcel de Ternera hay sindicados que están en esa condición desde 2004.
Según una inspección realizada por la Contraloría, en 29 cárceles del país, el hacinamiento sigue incrementándose. La entidad estableció además que solo en el 10% de los establecimientos visitados la infraestructura permite hacer la separación física entre sindicados y condenados. La Ley 1786 pretende, en principio, solucionar la congestión en los centros penitenciarios.
De la Ley 1760 del 2015 a la 1786 del 2016
Las billonarias demandas contra el Estado por encarcelaciones injustas, motivaron a que en 2015 la Fiscalía y el Ministerio de Justicia promovieran ante el Congreso la Ley 1760 “por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”.
Esta se aprobó acordando que la justicia colombiana tendría el término máximo de un año para definir la situación de los sindicados que hayan sido recluidos en cárceles de manera preventiva. Si esto no se cumplía dichos reclusos podían reclamar su libertad. No obstante, cuando tras entrar en vigencia se advirtió de la crisis judicial y hasta social que provocaría una excarcelación masiva, en 2016 el Gobierno convocó al Congreso para expedir la Ley 1786 de 2016 que prorrogó el plazo para mantener las medidas de aseguramiento y resolver la situación jurídica de los sindicados.
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