Poco efectivo, y poco valorado por sus usuarios, está resultando en Cartagena el brazalete del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Personas condenadas, sindicadas, imputadas o acusadas, que gozan de la detención domiciliaria, pero acompañada de este mecanismo de vigilancia electrónica, se las ingenian para burlar a las autoridades.
Solo en los primeros cinco meses de este año, la Policía Metropolitana de Cartagena (Mecar), capturó por fuera de sus casas a 44 reclusos que portaban brazaletes.
La Mecar precisó que en flagrancia fueron capturados 43. Otro fue detenido por orden judicial. Así, en comparación con las cifras del año anterior, este año se incrementó la fuga, o las capturas.
Es que en 2017 solo 10 personas privadas de la libertad, con detención domiciliaria y brazalete electrónico, fueron detenidas en flagrancia al fugarse de sus casas. Por orden judicial, cinco.
La Policía explicó que el delito origen de estas capturas es fuga de presos, que no solo implica trasladarse a otro municipio, ciudad o país. “Han sido capturados en la calle, paseando, robando, en una esquina, paseando en la moto, donde no es su domicilio”.
Es de anotar que según el artículo 448: fuga de presos, del Código Penal, “el que se fugue estando privado de su libertad en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia que le haya sido notificada, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses”. De acatarse esta norma, la “viveza” o el remedio para curar el mal del encierro le podría salir caro a más de uno.
No hay brazaletes
Edwar Montaño, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup), informó a este medio que a la fecha 234 reclusos portan brazaletes en Cartagena. Y, por falta de presupuesto, “hace aproximadamente tres meses se acabaron”.
Es de destacar que la Ley 1709 del 20 de enero de 2014 ordenó que “el costo del brazalete electrónico, cuya tarifa será determinada por el Gobierno Nacional, será sufragado por el beneficiario de acuerdo a su capacidad económica, salvo que se demuestre que el beneficiario carece de los medios necesarios para costearla, en cuyo caso estará a cargo del Gobierno Nacional”.
No obstante, la Contraloría General de la República advirtió el 14 de marzo pasado que luego de cuatro años de vigencia de esta ley, el gobierno “no ha establecido, vía reglamento, el valor de la tarifa diaria de monitoreo, que acorde con el artículo 27 de la citada norma, debe ser sufragada, como regla general, por el beneficiario de la misma”. El ente de control añadió que “tal reglamentación permitiría al Estado reorientar el destino de los recursos que se vienen gastando en favor de una minoría de la población sometida a medidas extramurales, y limitarla a los que demuestren que no pueden costearla”.
Dejar el brazalete electrónico encima de la nevera u otros electrodomésticos, o ponerlo en la pata de animales domésticos como perros y gatos, para fugarse, es una práctica común entre las personas cobijadas con este sistema de vigilancia, según el presidente del Seup.
Esto porque debido a la vibración que generan los electrodomésticos o al calor y movimiento que emiten los cuerpos de estos animales, el brazalete con tecnología GSM (Sistema global de comunicaciones móviles), GPS (Sistema de posicionamiento global) y mecanismos de detección de cuerpo y movimiento, no manda ninguna señal de alerta al centro de monitoreo del Inpec, en Bogotá.
Más características
La correa del brazalete, que rodea el tobillo del portador, posee fibra óptica. Esta manda una señal al centro de monitoreo cuando está siendo violentada.
Cada movimiento del usuario, así como la velocidad y el tiempo que empleó en el mismo quedan registrados con coordenadas, minutos y segundos. Además, equipado con un sistema ‘Smart Tag’, que rastrea o almacena datos relacionados con su uso, el brazalete posee un perfil de cada recluso (delito, localización, límites físicos de la vivienda).
También informa la potencia de su señal, porcentaje de batería (carga dura entre uno y tres días, y debe ser recargada con un cargador inalámbrico) y estado de la correa.
Montaño reiteró que “los portadores de brazaletes son vigilados electrónicamente desde Bogotá. Si un interno se sale de su perímetro o comete cualquier anomalía, allá se dan cuenta primero, porque aquí no tenemos sala de monitoreo satelital. Al notar la alerta los encargados mandan un informe a su jefe, este lo firma y lo envían para la ciudad donde ocurrió la anomalía. Puede tardar un día o hasta dos en llegar.
“Aquí se envía al personal encargado de la vigilancia de los internos en detención domiciliaria para que verifiquen que esté en su casa y le pregunte por qué salió, si tenía o no autorización y por qué no avisó a tiempo; y se le rinde un informe a la autoridad competente, es decir, al juzgado que lo tiene en el proceso”. La atención de un caso reportado puede tardar entre uno y dos días más, dependiendo de la disponibilidad de personal.
¿Uspec paga brazaletes sin instalar?
El 14 de marzo, en un comunicado, la Contraloría denunció que un pago de la Uspec podría representar un daño al patrimonio público.
“En solo 4 meses, de junio a septiembre de 2017, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) pagó $2.152 millones por brazaletes electrónicos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad, lo que para la Contraloría puede llegar a configurarse en un daño al patrimonio público, derivado del pago por un servicio que no se está recibiendo”, afirmó el ente de control.
Explicó que “la situación se dio tras la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica, escogido en desarrollo de un proceso de subasta en la Bolsa Mercantil de Colombia, dado que en este proceso se modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago, estableciéndose una nueva que, de acuerdo con el concepto de la Contraloría en su último informe de auditoría de cumplimiento, atenta contra los intereses patrimoniales del Estado.
“Antes la Uspec solo tenía la obligación de pagar una vez el dispositivo de vigilancia se encontrara instalado en el cuerpo del beneficiario, mientras que ahora el pago se genera a partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad, sin importar si los mismos se encuentran o no instalados en los beneficiarios, tarea a cargo del Inpec y la empresa contratista”.
Anotó que “conforme a los resultados de diferentes ejercicios de control fiscal adelantados por la Contraloría, se evidenció que la prisión domiciliaria viene presentando serios problemas de efectividad relacionados con el insuficiente personal de custodia y vigilancia que se dedica a efectuar el seguimiento a los beneficiarios del mismo, lo que se refleja en imposibilidad material de hacer seguimiento oportuno a las alarmas que genera la vigilancia electrónica, frente a la violación de las restricciones por parte de sus beneficiarios”.
Para la Contraloría es necesario optimizar recursos para hacer cumplir la prisión domiciliaria y otorgar este beneficio “a quienes estén en disposición de cumplir las obligaciones que de allí se derivan (...) trasladando el costo del beneficio de vigilancia electrónica a quien tenga la disposición de sufragarlo”.
El costo
La Contraloría indicó que para implementar los sistemas de vigilancia electrónica, como una medida sustitutiva a la pena de prisión o detención, “se suscribió el contrato 337 de 2008, con el cual se pactó la prestación del servicio con Gensa S. A. y a partir de 2011, luego de una selección abreviada y directamente en los años 2014 y 2016, con la empresa Energía Integral Andina S. A., entidad que primero como subcontratista y luego como contratista, prestó el servicio de vigilancia electrónica durante nueve años”.
Hasta la fecha, este servicio ha implicado la destinación de $209.061 millones.
El ente de control cuestionó que “durante la vigencia de los mencionados acuerdos, las entidades estatales que tuvieron a su cargo la responsabilidad de tener en funcionamiento el Sistema de Vigilancia Electrónica, no implementaron ningún sistema de costeo que permitiera establecer la tarifa del servicio, la cual fue fijada en todo tiempo por el proveedor del mismo. La misma circunstancia se constató con el actual proveedor del servicio (Unión Temporal Sistema Electrónico de Seguridad - Tuses), que fijó la tarifa diaria de vigilancia ($20.093), acorde con el valor total de la operación, sin que hasta la fecha la Uspec conozca la desagregación del precio”.
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