Dora Gaviria Magallanes completa más de 50 años vendiendo fritos. Sus arepas de huevo, empanadas y buñuelos de frijol han deleitado el paladar de transeúntes, residentes y turistas de la plaza de San Diego, en el Centro Histórico de Cartagena. Lea: En la sartén de Dorita
Hoy, con 87 abriles, Dora siente el peso de los años y varias dolencias la aquejan. Siente que es tiempo de descansar, en especial, tras recuperarse de un reciente cateterismo en el corazón, razón por la que delegó la administración de su puesto de fritos a uno de sus hijos y a tres de sus nietas.
“No es que yo quiera descansar por descansar, es que tuve dos infartos y me hicieron un cateterismo. Y yo no quedé como antes o con la flexibilidad de antes. Mi expediente médico así lo comprueba”, expresó Dora a El Universal.
La señora Dora está incluida en el Registro Único de Vendedores (RUV) y amparada bajo la figura de Confianza Legítima. Sin embargo, en operativos de control realizados por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad y la Policía Metropolitana de Cartagena en este sector de la ciudad los funcionarios llegaron hasta “la esquina de Dora”.
Según cuenta su nieta, Ányela Juliana Ríos, los funcionarios al notar que la señora no estaba presente en el puesto de fritos les advirtieron que esta situación era causal de comparendo o cierre total del negocio.
“Hace cinco días un grupo de funcionarios de Espacio Público junto a la Policía Nacional llegó hasta el puesto de fritos y como no la encontraron nos iban a poner un comparendo. Nosotros les explicamos que ella (Dora) siempre nos acompaña pero que a veces no se siente bien de salud. Uno de ellos incluso nos dijo ‘siempre es el mismo cuento’ y gracias a los clientes que se encontraban presentes no nos cerraron el negocio”, dijo Ríos.
La familia de la señora Dora lucha para conservar tanto el negocio como su legado gastronómico.
“Nosotros abrimos desde las 4:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche. Entonces llevarla a cumplir ese horario es bastante pesado. La condición física de mi abuela ya no es la misma y tiene muchos quebrantos de salud pero Espacio Público nos dice que mi abuela tiene que sí o sí estar en el puesto”, dice Ányela Juliana.
Y agrega “yo les he mostrado los exámenes médicos para que verifiquen su condición de salud. Mi abuela con comorbilidades no puede estar expuesta al contagio del COVID-19 que todavía está presente”.
Tanto Dora Gaviria Magallanes como su familia pide “que los dejen trabajar” y que se les permita seguir conquistando el paladar de residentes y visitantes del Centro Histórico.
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¿Qué dice Espacio Público?
Consultado por El Universal, el gerente de Espacio Público y Movilidad de Cartagena, Ausberto Coneo, sostiene que frente al caso en particular, ni la Policía ni la Gerencia de Espacio Público le están negando a Dora su derecho al trabajo.
“La Policía Nacional ni la Gerencia de Espacio Público y Movilidad no le están negando el derecho al trabajo (derecho que tiene protegido por el principio de la Confianza Legítima ), lo que se le ha venido diciendo en reiteradas ocasiones es que cumplan con lo establecido en la normativa actual”, expone Coneo.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Y explica “La norma es clarísima y dice que los vendedores que cuentan con este principio de la Confianza Legítima deben cumplir con tres requisitos fundamentales; uno, la Confianza Legítima es intransferible (no se hereda, no se presta, no se alquila) es solo para la persona amparada. Debe tener antigüedad, continuidad y permanencia en el lugar que aparece registrado en la base de datos o RUV y los vendedores, así cuenten con este principio, deben respetar las medidas permitidas en el Decreto 1034 de 2004”.
Es decir, en el caso de la señora Dora, que posee Confianza Legítima, no puede ceder su negocio a un familiar o conocido. “La autorización dada por parte del Distrito a ocupantes del espacio público mediante la economía informal, con base en el principio de Confianza Legítima, es intransferible. Una persona no puede ceder bajo ninguna circunstancia, ni aún con el fallecimiento de la persona que figure en el RUV, podrán sus familiares a ocupar dicho espacio”, se lee en el Acuerdo 040 de 2006.
Los familiares de la señora Dora manifiestan que han radicado dos derechos de petición ante la Gerencia de Espacio Público para conseguir que uno de los hijos sea incluido en el Registro Único de Vendedores pero hasta la fecha “no han recibido respuestas”.
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