Las consecuencias que ha dejado el COVID-19 en Colombia no solo se han reflejado en los indicadores de salud, sino también en diferentes sectores sociales y productivos, como la construcción.
En Cartagena, según el Dane, con la llegada del COVID-19 los lanzamientos de proyectos inmobiliarios disminuyeron un 52% con respecto al mismo periodo del 2019, mientras que en el promedio nacional la disminución de lanzamientos fue del 34%. En el mismo periodo las ventas de vivienda de interés social bajaron un 28%, mientras que a nivel nacional incrementaron un 3,4% y en cuanto a las cifras de empleo, los ocupados han disminuido un 19,7%, pasando de 33 mil ocupados a 27 mil ocupados.
Para contrarrestar los nefastos efectos de la pandemia en este sector, el Gobierno trabaja en mecanismos que impulsen la reactivación del sector, por lo cual el Ministerio de Vivienda asignó recursos para aumentar el número de subsidios a través del programa Mi Casa Ya, subsidios reparametrizado y de cobertura plena.
Esto cobra especial relevancia en Cartagena, ya que la construcción es la segunda actividad de mayor importancia en la región. De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Bolívar, desde el 2010, este sector ha tenido un incremento real del 197%, llegando a inversiones de 1.8 billones de pesos, siendo esta dinámica tres veces superior al promedio nacional.
En este sentido, se podría decir que impulsar la reactivación de la construcción es clave para generar nuevas plazas de empleo y contrarrestar los efectos económicos adversos de la pandemia. Sin embargo, de acuerdo con Camacol Bolívar, la inseguridad jurídica y la obsolescencia de las normas que rigen la construcción en Cartagena no permiten que puedan ser aprovechados los incentivos del Gobierno y por el contrario ha rezagado a la ciudad.
Aunque Camacol y el Consejo Gremial de Bolívar indicaron que se han adelantado conversaciones y trabajos con la administración, asuntos como el ordenamiento territorial, parqueaderos, vivienda de interés social, cesiones y cargas y beneficios en la zona norte, siguen sin una regulación clara. Ante este panorama, solicitan a la Alcaldía de Cartagena una agenda conjunta para generar las normas urbanísticas que requiere la ciudad de Cartagena de Indias, para el aprovechamiento de los beneficios vigentes del Ministerio de Vivienda y así garantizar reactivación social y económica.
“Consideramos que la expedición de normas claras en todos los temas que regulen el sector, especialmente en temas como el ordenamiento territorial y dentro de este, parqueaderos, vivienda de interés social, cesiones y cargas y beneficios en la zona norte, son fundamentales y urgentes. Es urgente la expedición de normas claras para el sector, pues la ausencia de seguridad jurídica, vacíos normativos y ambivalencia en interpretaciones de las normas existentes, muchas de las cuales no atienden la realidad actual de la ciudad al estar obsoletas, afecta gravemente al gremio de la construcción, lo cual impacta negativamente en la ciudadanía, al ser la construcción uno de los motores que mueve la ciudad”, expresó Angélica Salas, gerente de Camacol Bolívar.
Estos vacíos en la normativa han hecho que la inversión en materia de construcción se traslade a otros municipios como Turbaco.
“Las consecuencias de esta inseguridad jurídica y la obsolescencia de las normas que rigen la construcción en Cartagena son palpables, al observar al municipio de Turbaco, el ha incrementado en un porcentaje bastante considerable y atractivo para la inversión en construcción, lo que contrasta con el Distrito de Cartagena, que ha quedado rezagado en el asunto, precisamente con ocasión a la ausencia de normas claras y actualizadas en la materia”.
Asimismo, refiere el Consejo Gremial que un gran número de cartageneros no han podido acceder a la oferta de subsidios del Gobierno, debido a la escasez de proyectos de vivienda social y prioritaria en muchos sectores de la ciudad de Cartagena, producto de la inseguridad jurídica.
“Como asociación gremial vemos con gran preocupación que, ante un escenario que podría garantizar el acceso a la vivienda digna a un gran número de cartageneros, quienes podrían obtener su vivienda nueva a muy bajos costos aprovechando estas oportunidades, hoy se están privando de este derecho debido a la actual escasez de proyectos de vivienda social y prioritaria en muchos sectores de la ciudad. La escasez de proyectos de vivienda social y prioritaria es producto de problemas normativos (...) normas sin las cuales la ciudad no tiene las suficientes herramientas para desarrollar integralmente su Plan de Desarrollo en materia de vivienda y no es posible aprovechar ampliamente los beneficios y subsidios que hoy está entregando el Ministerio”.
Sobre las peticiones hechas por Camacol y los gremios de la ciudad, el secretario de Planeación, Guillermo de Ávila, indicó que se han adelantado conversaciones y mesas de trabajo mensuales, y se prevé una próxima para finalizar el mes, es decir el lunes.
“Hemos estado sentados con ellos, este mes no nos hemos sentados pero el día lunes podría ser la próxima, antes de terminar el mes”. En cuanto al decreto de reglamentación de parqueaderos, aseguró que “ha estado en revisión por parte de la oficina jurídica, han pedido dos veces cambios en el tratado y todavía no se ha autorizado”. Agregó que desde su cartera se viene trabajando en las “Zonas de cesión y el decreto de estacionamiento”.
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