La deficiencia en la calidad de la información y la dilatación en la respuesta de las Corporaciones Autónomas Regionales son los principales inconvenientes en la formalización de predios en los municipios de Bolívar.
Así lo hizo saber Elvira Utria, gerente regional del programa de tierras de Usaid, en medio de la jornada de capacitación en formalización de entidades de derecho público, con alcaldes de la costa en la que se les sugirió la creación de oficinas municipales de tierras que ayuden a agilizar el ordenamiento social de la propiedad, apuesta de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que en un año y medio de funcionamiento ha dejado 1 millón 400 mil hectáreas formalizadas en Colombia.
Municipios priorizados
En Colombia, seis de cada 10 campesinos no son dueños de la tierra en que trabajan. Esto implica que no pueden acceder a préstamos, inversión y otros beneficios que al ser propietarios podrían llegar mucho más rápido, en caso de 13 municipios de Bolívar, por su condición de víctimas del conflicto.
La Agencia Nacional de Tierras ha priorizado para formalización los predios de 43 municipios que precisamente cuentan con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En Bolívar y Sucre ya empezaron, con la masificación de los procedimientos en lo que la agencia llama un ‘barrido predial’.
“Este es quizás el procedimiento más masivo de la historia del país en materia de adjudicación de baldíos y ordenamiento territorial. Tenemos 11 municipios de La Mojana, de los cuales dos son de Bolívar, y también cuatro de los Montes de María”, explicó Miguel Samper, director de la ANT.
De todos, el trabajo más adelantado se ha logrado en Ovejas, Sucre, donde después de reuniones con la comunidad y el establecimiento de la cartografía social, se empezó hace dos meses el barrido del territorio, es decir, la visita predio a predio para recoger toda la información que permita la aclaración territorial.
Samper aclaró que en La Mojana, aunque hay un global de 25 mil predios, solo se están interviniendo 14 mil 500 pues el resto tiene restricciones relacionadas con pozos de explotación, zonas de reserva forestal, presencia de comunidades étnicas, entre otras características que hacen innecesario el ordenamiento.
Los cuatro municipios de Montes de María priorizados, Zambrano, Córdoba, San Jacinto y El Guamo, están en las primeras reuniones de acercamiento, lo que haría parte del presupuesto de 35 mil millones de pesos para 13 municipios de Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira.
Falta voluntad
Usaid y la ANT destacaron la necesidad de que se fortalezca el compromiso de los entes territoriales regionales para agilizar y definir el ordenamiento. Elvira Utria, de Usaid, explicó que en Bolívar de 100 casos solicitados, el 93 % quedaron archivados, la mitad por rezago de información de las corporaciones autónomas.
“El acceso a la información que se necesita es complejo, porque los alcaldes desconocen los procedimientos y porque la información que deben dar las corporaciones autónomas es demasiado demorada”, Utria contó que mientras un proceso de adjudicación debe cumplirse en máximo dos meses, la generación de las CAR del certificado ambiental se tarda más de 5 meses. “Es decir, que cuando llega el certificado ya es demasiado tarde porque al vencerse los dos meses hay que empezar de nuevo”.
La diferencia entre Sucre y Bolívar es sustancial. Mientras que acá el 93 % de las solicitudes tiene problemas, en el departamento vecino el 34 % de los predios ha sido favorable para adjudicar. Usaid y ANT aseguran que la clave es la voluntad política de las entidades territoriales.
Creación de oficinas
Ovejas es el único municipio de la región que cuenta con una Oficina Municipal de Tierras, pero pretenden que sean más, pues es una oficina esencial para organizar la información. “En Ovejas el alcalde se apersonó del tema, creó una oficina de tierras y se está interviniendo el territorio de la mano con él”, expresó Samper.
La apuesta es tan fuerte que Usaid ofreció a las alcaldías que creen las oficinas, 50 levantamientos topográficos gratuitos para la zona urbana. Esta legalización de predios traería también beneficios catastrales, pues los dueños empezarían a pagar impuestos.
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