El concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) respecto al edificio Aquarela fue el detonante para que la Alcaldía de Cartagena anunciara, con total convicción, que demolerá la torre que pone en riesgo el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad por su cercanía con el Castillo San Felipe. Según el Distrito, se estima que esta acción costará entre $2 mil y $3 mil millones, sin embargo, la mayoría de los recursos vendrán de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) y otra parte del Ministerio de Cultura.
Mientras la UNGRD tiene listo el plan de acción que permita establecer las fases a seguir para la demolición, el Distrito, en compañía de la Agencia Jurídica del Estado, sigue estudiando todas las medidas posibles para blindar jurídicamente a la ciudad.
Según contó el director de la ANDJE, Camilo Gómez Alzate, actualmente hay seis procesos judiciales en torno al caso Aquarela. Además, dejó ver que se avecina el séptimo contra la constructora Promotora Calle 47. (Lea aquí: La puerta que se abre para que ‘Aquarela’ regrese dinero a compradores)
“Estamos revisando la posibilidad de una demanda contra la constructora por los perjuicios causados a la ciudad y a la Nación, además del riesgo que ha generado a los bienes culturales”, afirmó.
Agregó que “este es un precedente no solo para Cartagena sino para todo el país porque la gente cree que a los constructores no les pasa nada. Los bienes culturales se protegen por encima de todo, tal como lo ordena la Constitución. Eso se tiene que entender en Colombia”.
De acuerdo con Gómez, es menester que las entidades procedan rápidamente con la demolición del edificio, teniendo en cuenta las advertencias que ha hecho la Unesco.
“Hay una enorme preocupación de la Unesco y Cartagena puede perder, si no se actúa, ese reconocimiento de patrimonio cultural, causando un daño enorme a los cartageneros, a los colombianos, a la ciudad, al turismo y eso no lo vamos a permitir, vamos a evitar que eso suceda”.
Según indicó, las diferentes acciones que ha adelantado la Alcaldía, el Ministerio de Cultura y la Agencia serán presentadas en un informe a la autoridad internacional con el fin de que no se pierda la titularidad. (Lea aquí: Cartagena sigue en riesgo de perder la declaratoria de patrimonio)
“Esperamos que en estos dos meses que faltan del año tengamos todavía más avances para poder tener -en el plazo definido por la Unesco- las decisiones tomadas. Aquí hay un interés cultural de todos los colombianos que debe primar sobre intereses particulares de unos constructores”.
En ese mismo sentido, respecto a las dudas que hay sobre la existencia o no de un fallo judicial que ordene la demolición, el director de la ANDJE señaló que “la orden del inspector de policía tiene las características de orden judicial en pleno porque es la autoridad competente para ordenar la demolición. Tiene plena validez, está vigente y se debe cumplir”.
“Los abusos del derecho y las afectaciones que se hagan sobre un bien tan preciado no pueden pasar de agache, eso tiene que tener consecuencias y responsables”, puntualizó.
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