Que la Alcaldía contemple la demolición como la solución a los problemas estructurales y de vulnerabilidad sísmica de ocho edificios levantados por los Quiroz, que según la Universidad Nacional están en riesgo de colapso, es considerado por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) como una decisión tomada a la ligera por parte del Distrito.
Y aunque tanto en los estudios iniciales de la Universidad de Cartagena como los repetidos por la Nacional se plantean las alternativas de reforzamiento y demolición, ambas instituciones coincidieron en que esta última es menos costosa, teniendo en cuenta la gravedad de los resultados y los erróneos métodos constructivos que aplicaron los Quiroz en todas sus construcciones. Sin embargo, la SIAB reitera que el reforzamiento es la mejor alternativa y que la Alcaldía debe asesorarse mejor.
“El alcalde debe tomarse el trabajo de buscar otras asesorías, buscar otras consultas, porque nosotros los ingenieros estamos capacitados, y más la sociedad, en donde hay profesionales preparados que pueden presentar unas soluciones mucho más interesantes y favorables para estos edificios. Debe hacer una consulta de forma oficial (...) El asunto es que si se hace una demolición, hay que tener en cuenta las viviendas aledañas y que de todos modos hay que indemnizar a las familias afectadas. Con un reforzamiento se evitaría todo esto”, manifestó Álvaro Tatis, presidente de la SIAB.
Por otro lado, manifestó que otro de los asuntos que le preocupa a la Sociedad es que esta consultoría no tuvo interventoría.
Sin embargo, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, manifestó que tendiendo a la naturaleza del contrato de consultoría, ya que fue una contratación directa, la supervisión no fue realizada por una intervención externa en atención a que no es una obra producto de una licitación.
“De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es obligatoria la interventoría en los contrato de obra pública que se suscriban como resultado de un proceso de licitación pública. En los demás casos es potestad de la entidad contratar o no interventoría, para lo cual lo deberá justificar en los estudios previos del contrato. Ahora bien, todas las demás tipologías contractuales establecidas en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, deberán contar con un control y seguimiento por parte de la entidad a través de una supervisión, la cual será ejercida por los funcionarios de la entidad contratante y solo para casos excepcionales cuando la complejidad lo amerite, se podrá contratar supervisión externa. Lo anterior en atención al parágrafo 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. En este caso la supervisión está a cargo de la Secretaría de Infraestructura”, dijo el alcalde.
Otra preocupación de la SIAB es que a los copropietarios de apartamentos no les han socializado los estudios. En conversación con El Universal, un dueño de apartamento en el edificio Portales de Blas de Lezo I aseguró que hasta el momento el actuar de la Alcaldía solo se ha limitado a entregar a cada edificio los resultados de los estudios, pero no han explicado con precisión la situación de cada estructura.
“A un vecino lo llamaron y le entregaron los estudios. Ellos no nos han socializado nada, algo que nos pareció fuera de tono (...) Ellos han debido socializar y resolver las inquietudes, ya que hay cosas técnicas que no entendemos. Eso se lo dieron hace unos cuatro días y hasta el momento no han dicho nada, pues entregaron su paquete y listo”, manifestó la fuente.
Aseguró que además de los estudios, les preocupa qué va a pasar con los edificios, con su inversión y su futuro.
“La otra cosa es que enviamos una petición a la Alcaldía para que nos dé la cara. Muchas de las cosas que hemos conocido sobre nuestra situación es a través de los medios de comunicación, y eso es delicado porque se trata de la inversión de muchas personas para obtener casa propia. Queremos saber qué va a pasar, ya que piensan demoler, pero se les olvida que están de por medio las inversiones de muchas personas”, agregó.
Al igual que la fuente, el abogado Javier Doria, quien representa a varias familias perjudicadas por estas edificaciones ilegales, aseguró que el Distrito ha entregado en físico los resultados, sin manifestar en qué fecha harían la socialización y sin dar detalles de los resultados.
Mientras unas familias se lamentan por los resultados de los estudios, otras están expectantes porque aún no han aplicado estas evaluaciones y unas pocas se niegan a salir de sus apartamentos tras la falta de garantías del Distrito en cuanto al pago de subsidios de arrendamiento.
“Aún nos deben más de cinco meses de subsidios y hay gente que no tiene con qué pagar el arriendo. Eso nos pasó a nosotros que ya desalojamos y estamos con las manos en la cabeza. Es por eso que hay gente de edificios como Portales de Los Caracoles I y II que no quieren salir, ya que saben que no les pagarán como se debe”, precisó la fuente de Portales de Blas de Lezo I. Aseguró que aunque algunos tienen el crédito congelado con entidades bancarias mientras se resuelve la situación, hay personas que no tienen este beneficio, ya que prestaron dinero en cooperativas o en bancos que no permiten este tipo de respaldo.
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