Mediante el Decreto 1396 del 5 de diciembre de 2018, el alcalde (e) de Cartagena Pedrito Pereira Caballero reasume las responsabilidades contractuales y de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, antes delegadas al secretario de Educación.
Este decreto además señala que la fase de planeación del proceso contractual del programa corresponde a la Secretaría de Educación para adelantar los estudios previos necesarios y pertinentes a este. Contra este decreto no procede recurso alguno por tratarse de un acto administrativo de carácter general.
“Es una decisión compleja, pero tenemos el compromiso de que se haga con toda la transparencia, eficiencia y celeridad. Se hará una licitación pública, y mañana -hoy- se realizará un comité de contratación para definir el cronograma y arrancar el proceso. Se tomarán todas las precauciones necesarias y cuando se inicie el calendario es colar los estudiantes tengan el servicio de aseo, vigilancia, transporte y PAE. Verificaremos el control integral de la ejecución del programa y evaluaremos la responsabilidad de la Secretaría en la supervisión de este”, explicó el alcalde.
Además recalcó que pedirá el acompañamiento de los organismos de control durante todo el proceso para 2019.
Esto se da en medio del alboroto por las investigaciones que adelanta la Fiscalía 53 seccional por presuntas irregularidades en la ejecución del PAE en 2016 en la ciudad.
La semana pasada se realizaron capturas a seis personas involucradas en este caso, entre las que está el exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque; el exsecretario de Educación y exrector de la Universidad de Cartagena, Germán Sierra Anaya.
También la coordinadora del PAE en la Secretaría de Educación, Mayiris Gómez Ballestas; la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Muñoz Bravo, empresa contratada directamente en abril de 2016 tras una urgencia manifiesta declarada por la Alcaldía.
Así como la representante legal del consorcio Proescolares 2016, Sandra Mercado Santoya, compañía a la que le entregaron el contrato del PAE en agosto del mismo año. Y a David Camacho Benítez, a quien la Fiscalía señala como el ‘zar’ de los contratos en la Costa.
El Universal seleccionó los detalles más impactantes que la Fiscalía expuso en audiencias y que habrían generado un detrimento patrimonial de $5.177.364.157, de esos $766.609.829 serían por el contrato de la urgencia manifiesta y $4.410.754.328 de la licitación pública.
Precontractual:
El único responsable del proceso era Germán Sierra, secretario de Educación, delegado por el alcalde de Cartagena. Sin embargo, esto no exonera a Manuel Vicente Duque de responsabilidades porque la urgencia manifiesta no tendría respaldo.
Contractual:
La condición fue adoptada por el alcalde y como tal firmada por este, pese a las irregularidades que había entorno a la Fundación Redcom. “Se infiere que ya sabía que lo entregaría y que debía hacer una licitación pública, pero actuó contrario a esto”.
En la escogencia, el alcalde no habría verificado requisitos legales esenciales.
Liquidación:
El 18 de noviembre de 2016 se suscribe el acta de liquidación por el alcalde de Cartagena y Gladys Muñoz, representante legal de la fundación. La supervisión, realizada por la Secretaría de Educación, dejó constancia (el 5-09-2016) del cumplimiento a satisfacción del contrato. Para el ente acusador esto no corresponde a la realidad.
Se compraron 2.736.225 unidades de pan, pero realmente se dieron 1.024.956, es decir, faltaron 1.711.269. Lo que generó un detrimento contractual de $667.869.989. Al parecer, se compró canela hasta por $39 millones y no fue entregada. En indagaciones algunos productos se referenciaron dos veces en la misma factura.
La Comercializadora Nueva Esperanza, según las investigaciones, presentó seis facturas en septiembre de 2016 por el contrato de la Fundación Redcom, cuando ya había finalizado el contrato (25-07-2016).
La Fiscalía en audiencias concentradas aseguró que David Camacho sería el instigador y determinador de los contratos del PAE en la ciudad.
Desde la oficina de Mayiris Gómez, al parecer, se redactaron las cartas de los rectores solicitando la urgencia manifiesta que después (30-03-2016) el secretario de Educación le entrega al alcalde Manuel Vicente.
El día anterior a declararse la urgencia manifiesta (7-04-2018), David Camacho y Gladys Muñoz habrían creado una cuenta corriente en un banco.
El 8 de abril se declara la urgencia manifiesta por la Alcaldía de Cartagena para contratar el PAE 2016 por 45 días calendario, condición avalada por la contralora Nubia Fontalvo. Supuestamente, mientras se adelantaba la licitación pública.
El 11 de abril llegan las dos propuestas: de la Fundación Redcom y de Ensenal.
Según la Fiscalía, la urgencia manifiesta no procedía porque desde enero se pudo adelantar el proceso por medio de la licitación pública con posibilidad de suscribir contrato a finales de febrero.
Esto porque desde diciembre de 2015 estaban disponibles los recursos, aprobados por el Concejo Distrital por un valor inicial de $8.863.645.129. Y en noviembre de 2015 el ministerio giró otros recursos.
La propuesta de Ensenal fue rechazada por el comité evaluador de la Secretaría de Educación, pues no cumplía con dos requisitos. Estos serían subsanables, sin embargo el comité la rechazó. El fiscal reveló que esta propuesta sería falsa, pues la firma no era de la persona que figuraba como representante. Lo que habría generado una ausencia de objetividad.
El contratista, según el ente acusador, se apropió de $766.609.829, dinero de naturaleza pública.
Germán Sierra y Mayiris Gómez habrían contribuido a que se pagaran esos recursos, pues eran los encargados de supervisar el contrato, verificar si las facturas eran legales y si los productos comprados se entregaron.
Los investigadores encontraron facturas de sal, vinagre y avena con las mismas características y diferencia de precios en idénticos productos.
Durante el allanamiento realizado a la vivienda de Sandra Mercado, representante legal del Consorcio Proescolares 2016, el CTI de la Fiscalía encontró un documento membreteado de la Alcaldía, el cual sería la propuesta de la Fundación Redcom.
Se habrían violado los principios de pluralidad, selección objetiva, igualdad, economía, libre concurrencia y planeación, entre otros.
David sería socio de la comercializadora que le entregaba los productos a la fundación. Investigadores encontraron cheques con firma de él hasta por 200 millones de pesos.
El contrato 052 de 2016, por medio del cual se le entregó la operación del PAE al Consorcio Proescolares 2016, conformado por Cooseheroica y la Fundación Impacto Social, por $15.831.468.195, tenía como representante legal a Sandra Milena Mercado.
Esta ejecución se debió hacer por 72 días del calendario escolar y se pagaría con el 30 % de anticipo. Según la Fiscalía este contrato no admitía prórrogas, ni adiciones, ni gestiones de vigencias futuras porque se hizo mediante un otrosí. Tuvo una adición de $7.886.489.492 suscrita el 29 de diciembre de 2016, para un total de $ 23.717.957.627.
Aquí se cuestiona si realmente se necesitaba suministrar alimentos, teniendo en cuenta que en diciembre los estudiantes no estaban en clases.
La primera adición que se hizo fue solo en plazo, según explicó la Fiscalía, luego en dinero. “Si a la Secretaría de Educación se les confió la supervisión, cuidado y protección de recursos por qué proponen que se adicione un plazo en el contrato. Mayiris solicitó la modificación porque había un saldo y se atenderían más estudiantes. El 8 de marzo se prorroga el plazo por tercera vez, hasta el 23 del mismo mes porque había un saldo, pero esto no se soporta razonablemente”, indicó el fiscal.
El 29 de diciembre de 2016 Sandra Mercado suscribió la modificación por $7.886.489.492 para 28 días del calendario escolar de 2017. Esto con el visto bueno de varias personas.
La Fiscalía mencionó que el secretario de Educación (e), Juan Carlos Urango, autorizó los estudios previos que determinaron que habría que hacer un otrosí.
Cuando se haría el anticipo de cuenta, indicó el ente acusador, que la Comercializadora Nueva Esperanza presentó dos facturas con el mismo precio y costos exagerados, además con fecha de agosto y septiembre. Se habrían presentado compras de carnes por 34 mil pesos el kilo por cada factura y carne molida a $51.900 el kilo e hígado a 53 mil pesos el kilo; y las pechugas a 40 mil pesos. Cada uno de estos productos los presentaron dos veces.
Es de anotar que en los allanamientos a Mercado, la Fiscalía habría encontrado documentos con cuadros de productos, cantidades, valor real y sobrecosto.
Mayiris habría aprobado el pago de anticipo con esos valores y con facturas no habilitadas por la DIAN.
La Fiscalía halló que dentro de la experiencia presentada para el contrato de la licitación pública, se presentó una experiencia con la Alcaldía de Bucaramanga en 2015 donde sí figuraba David Camacho. Contrato cuestionado en esa ciudad.
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