Aprovechamiento de espacio público dejó $1.500 millones en 2018

13 de febrero de 2019 05:00 PM
Aprovechamiento de espacio público dejó $1.500 millones en 2018
La plaza de Santo Domingo es una de las más concurridas.

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El 18 de diciembre de 2018 un operativo de restitución de espacio público en la plaza Santo Domingo terminó en un enfrentamiento entre trabajadores de un restaurante y funcionarios de la Gerencia de Espacio Público. ¿La razón? Una deuda de 80 millones de pesos que, según el Distrito, tiene un italiano, dueño del negocio, por concepto del contrato de Aprovechamiento Económico, Modalidad de Uso Compatible Número UC-11-2016, que le permite instalar mesas en una porción (30 % según el Acuerdo 010 de 2014) de esta plaza.

Y es que el uso del espacio público en la plaza Santo Domingo y otras del Centro Histórico está reglamentado por el Decreto 0356 del 2015. Es decir, si usted quiere ocupar, tiene que pagar. El Distrito expide licencias de ocupación de espacio público y contratos de aprovechamiento económico a establecimientos comerciales que tienen frente sobre las plazas en aras de garantizar una “ocupación ordenada” del espacio público de los cartageneros.

El pasado 10 de enero finalizó la convocatoria pública para que los interesados en obtener una licencia de ocupación temporal de espacio público presentaran sus solicitudes. Terminado este tiempo, la Secretaría de Planeación Distrital verifica dichas peticiones para elegir a a los próximos ‘ocupantes’ de 21 espacios públicos ofertados.

Pero, ¿qué tan rentable es para el Distrito esta reglamentación? ¿Cómo se controla cuando un establecimiento comercial ocupa más espacio del que tiene arrendado?

El secretario de Planeación Distrital, Iván Castro Romero, sostiene que la regla es muy sencilla: “Una persona accede máximo al 75 por ciento del área del local. El área privada del establecimiento de comercio debe corresponder al menos al 150 % del espacio se que pretenda aprovechar”.

El Decreto 0356 de 2015 expone que el espacio público pretendido no podrá ser superior a 140 metros cuadrados y el valor del contrato será el resultado de multiplicar los metros cuadrados de espacio público autorizado por el 15 % del salario mínimo mensual vigente.

Es decir, siguiendo con el ejemplo de la plaza Santo Domingo, donde al área aprovechable es del 30 % (263,70 m²) y si le fue otorgado al restaurante 44 metros cuadrados, esto multiplicado por el 15 % del salario mínimo mensual vigente ($828.116) arroja que el valor del arriendo para este espacio en la plaza es de $5.465.566.

El recaudo anual de 2018 que obtuvo el Distrito, por el uso de estos espacios públicos fue de $1.500.000.000, recursos que van a un Encargo Fiduciario que tiene la Alcaldía de Cartagena, y que alimentan anualmente el rubro de recuperación del espacio público.

El Universal tuvo acceso a la forma cómo la Gerencia de Espacio Público destina los recursos de este fondo.

A través de un informe, la entidad sustenta que de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No 010 del 4 de agosto del 2014, “los recursos obtenidos del cobro por el aprovechamiento económico serán destinados al Fondo de Recuperación del Espacio Público y serán reinvertidos en programas de mantenimiento, mejoramiento y protección del espacio público distrital”.

Para 2018, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad ejecutó un proyecto para el mantenimiento y adecuación de 15.000 m2 de áreas públicas verdes. Se adecuaron y mantuvieron zonas como la rotonda de Bocagrande y zonas verdes del SITM, entre otros. Este proyecto costó $63.000.000.

Así mismo, exponen que se adecuaron parques para la primera infancia por $289.000.000 y otros $30.000.000 fueron invertidos en estructuras para proteger del clima a los ciudadanos y otros $70.000.000 se gastaron en la instalación de casetas y mobiliario urbano.

Para el secretario de Planeación, la estrategia de cobrar por el uso del espacio público es rentable para el Distrito y genera además toda una oferta comercial y gastronómica alrededor de estas importantes zonas de la ciudad.

“Hablaba con los restauranteros de San Diego que están preocupados porque sobre ellos no abrimos convocatoria y me decían que solo un restaurante genera 85 puestos de trabajo, sumado a todos los ingresos tributarios que le deben pagar al Distrito. Es decir, observamos que además de los 1.500 millones de pesos anuales, estos establecimientos aportan otros recursos a la economía local”.

¿Cómo se controla?

Pese a que los esfuerzos de la Alcaldía se concentran en controlar las ventas ambulantes a través del desalojo a los vendedores y a la recuperación de andenes para los peatones. El gerente de Espacio Público del Distrito, Dulfry Martínez Cañate, dice que la normativa establecida en las plazas genera un control sobre aquellos ‘invasores”.

Su propuesta es extender esta reglamentación a otros barrios y zonas de Cartagena.

En 2017 el Distrito instaló marcadores en las puertas de 24 restaurantes que cuentan con licencia para vigilar que no "ocupen" más de lo permitido. No obstante, para los residentes del Centro, muchos de estos negocios “abusan” de estos permisos y hasta “sacan más sillas y mesas de lo permitido”.

Un ejercicio que se replica
Fernando Viviescas Monsalve, arquitecto urbanista de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) sostiene que la estrategia de “cobrar por el espacio público” no es nueva y se replica en otras ciudades del mundo. El urbanista manifiesta que lo que debe primar es siempre la importancia de estos espacios para el ciudadano.“Esta estrategia se aplica en todas las ciudades del mundo. El espacio público es de la ciudad y lo que hacen los bares, restaurantes y demás sitios privados es apropiarse del espacio público. Entonces, los entes distritales y municipales como representantes de la ciudadanía deben entrar en un marco de regulación, pero no de manera arbitraria, sino que hay que llevar a cabo estudios para mirar cómo será dicha regulación desde una mirada estética, arquitectónica y urbanista”.

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