Con la medida que tomó la Corte Constitucional hace unas semanas sobre el proceso judicial que cursa por presunta invasión de tierras, falsedad y fraude procesal en Arroyo Grande, los habitantes del corregimiento están esperanzados en el fallo de fondo de esta Corporación, que debe conocerse en los próximos meses.
La orden cautelar impartida por la Corte es que la Superintendencia de Notariado y Registro detenga la inscripción de cualquier título, acto o negocio jurídico sobre bienes en Arroyo Grande; además que el Incoder y el instituto Agustín Codazzi realicen un levantamiento topográfico para determinar linderos del predio, que comprende 3.392 hectáreas.
La medida se dio a raíz de la acción de tutela interpuesta por nativos que reclaman una clarificación de los títulos en el corregimiento y que se establezca qué es lo que realmente les pertenece, debido a los desalojos de los que estarían siendo víctimas a través de supuestas argucias judiciales, en los últimos años, según lo que han dado a conocer. (Lea aquí: Campesinos de Arroyo Grande denuncian desalojos ilegales)
“Falta el fallo de fondo, pero se vislumbra que será un fallo protector para la comunidad de Arroyo Grande”, estimó uno de los asesores jurídicos de la comunidad en el proceso.
De sus antepasados
De acuerdo con lo que ha explicado la comunidad de Arroyo Grande, sus antepasados adquirieron esas tierras a través de una cédula real de la Corona Española, como aparece en el registro de instrumentos públicos, con fecha de 1897. “Los empleados de la antigua hacienda Arroyo Grande adquirieron los predios al ciudadano español José del Carmen Ramírez, los nativos son los propietarios de esa hacienda, según el registro de las 3.392 hectáreas en instrumentos públicos. Sin embargo, los han desplazado a través de prescripciones en las que no los han citado para nada y por eso han ido perdiendo sus tierras”, agregó la fuente.
Este medio conoció que aparte del proceso anterior, se realizó un proceso de pertenencia de varios de los nativos para poder clarificar los títulos de sus antepasados. Ese proceso se realizó sobre 440 hectáreas del terreno -las que les han quedado tras los desplazamientos-, buscando establecer qué es lo que les pertenece. El proceso de pertenencia resultó favorable y se registraron ante instrumentos públicos estas 440 hectáreas.
“Luego aparecieron unas entidades financieras que promovieron una acción de revisión ante el Tribunal Superior de Cartagena, diciendo que adquirieron parte de lo que prescribieron los nativos por parte de terceros que les hicieron escritura en Barranquilla. Pero estos títulos que argumentan los bancos, vienen de una prescripción que hizo un particular contra indeterminados, es decir no están vinculando a los nativos como herederos como debe ser, ya que son ellos los que aparecen en el registro matriz de instrumentos públicos”, señala el asesor jurídico.
Pese a los argumentos, la acción de revisión echó abajo la pertenencia lograda. Ante eso, existe otra acción de tutela que está para selección en la Corte Constitucional. Por ello, la comunidad sigue en posesión de las 440 hectáreas, a la espera del curso final del proceso.
Según conocedores, una hectárea de terreno en Arroyo Grande estaría avaluada entre los 100 y 400 millones de pesos.
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