En junio se cumplirá un año de haber empezado el proceso judicial que rodea al proyecto Aquarela y en el que la Fiscalía General de la Nación pretende demostrar que el curador urbano número 1, Ronald Llamas; el representante legal y el arquitecto de este proyecto, Lucas Tamayo y Claudio Restrepo, respectivamente, presuntamente permitieron la construcción de viviendas de interés social vulnerando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
En su momento, la Fiscalía, ante el juez Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, le imputó a Llamas los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por acción; mientras que a Tamayo y Restrepo les imputó urbanización ilegal y daño en recursos naturales. Los imputados no aceptaron los cargos y el juez de Garantías decidió que para estas personas no ameritaba una medida de aseguramiento.
Según expuso la Fiscalía en la imputación de cargos, hubo inconsistencias en los planos presentados para la obtención de certificados y licencias de construcción, y que una prueba de ello fue que en información aportada a Corvivienda, los constructores señalaron que el lote en el que se levantaría el proyecto era de 5.710 metros cuadrados, mientras que a la Curaduría Urbana Número 1 le puntualizaron que las proporciones eran de 5.542 metros cuadrados.
Además, el ente acusador señaló que se dieron supuestas irregularidades en varias licencias, pues los constructores plantearon en estas licencias ciertos números de parqueaderos, pero en los planos se reflejaban más de la cuenta.
Pese a que en segunda instancia el juez Primero Penal del Circuito de Cartagena confirmó la decisión de primera instancia del juzgado Noveno Penal Municipal de Control de Garantías, de no otorgar medida de aseguramiento, el proceso judicial continúa ante un juez de conocimiento con la audiencia de acusación, que arrancó el viernes pasado con su formulación ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cartagena.
Dicha audiencia se suspendió para ser continuada el próximo 17 de junio, a las 2 p. m., para que la defensa formule, si así lo quiere, observaciones a la acusación. En esta se presentaron como víctimas la Alcaldía y el Ministerio de Cultura.
Respecto al proceso, Enrique Del Río González, apoderado de Llamas Bustos, aseguró a este medio que este conflicto administrativo se puede solucionar por otro medios y que el sistema penal es una alternativa extrema.
“La Fiscalía es autónoma y como titular de la acción penal decide si acusa o no a los imputados. Es mi opinión que no existe ninguna conducta relevante para el derecho penal, y así lo decidió el juez de Control de Garantías cuando se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a los imputados. El conflicto administrativo suscitado por la construcción del proyecto Aquarela, puede solucionarse por otros medios mas idóneos. El sistema penal es la última ratio y no puede ser usado indiscriminadamente”.
Por su parte, Édgar Osorio Osorio, defensor de Claudio Restrepo, afirmó que “la Fiscalía formuló acusación formal contra las personas imputadas a pesar de que dos jueces penales con funciones de Control de Garantías, en primera y segunda instancia, consideraron y decidieron que no hay inferencia razonable de autoría de los delitos por los que la Fiscalía los acusó. La actuación procesal siguiente es la continuación de la audiencia de formulación de acusación, luego la audiencia preparatoria y por último el juicio oral, en el que el juez de conocimiento verá y escuchará las pruebas que le ratificarán lo establecido por los jueces de Control de Garantías”.
Aparte de este proceso, hay que recordar que, en febrero pasado, el Ministerio de Cultura y el Distrito no aceptaron la propuesta que presentó la Promotora Calle 47 S.A.S. de reducir solo cinco pisos de los 25 que fueron levantados en una primera torre y llevar a esta misma altura otros cuatro bloques que faltan por construir. Esto hizo que el proceso para definir el futuro de este proyecto pasara a resolverse en un debate probatorio.
Dicho proceso seguirá su curso y ahora la juez entrará a estudiar las pruebas que aportarán todas las partes para así tomar una decisión de fondo. Ahora viene el debate probatorio, que consiste en que las dos partes van a presentar sus posiciones desde el punto de vista de la protección del patrimonio, basándose en la aplicación de la norma urbanística.
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