Cuando a William Velasco le vendieron su casa de la urbanización El Rodeo en 1998, ubicada en la manzana 4, no pudo evitar observar una serie de pequeños “volcanes” que sobresalían en la tierra. En aquel entonces le informaron que solo se trataba de “respiradores naturales” y que en nada afectarían a las viviendas. Tiempo después, “empezaron a agrietarse las casas, los andenes comenzaron a levantarse y entonces los vecinos nos reunimos para entablar una acción popular”, dice.
A partir de ese momento comenzó una larga serie de batallas legales: una acción popular en el 2003, una acción de grupo en el 2010 y una acción de tutela en el 2016. Hasta ahora, solo la acción de tutela ha tenido éxito. Fue interpuesta en defensa de siete familias, las cuales fueron reubicadas en diferentes barrios de Cartagena porque sus viviendas se encontraban en estado crítico.
A la hora de fallar a favor de esas familias, la sentencia de la Corte Constitucional (proferida en el 2018) tuvo en cuenta un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Bolívar entre 2017 y 2018, el cual se encargó de examinar tres viviendas en estado crítico. El análisis concluyó que el vecindario estaba construido sobre una zona de “amenaza geológica por diapirismo de lodos”.
El diapirismo es un fenómeno que ocurre cuando el suelo se rompe porque un material dúctil y sometido a altas presiones penetra hasta la superficie. Ese comportamiento resulta en la “alta expansibilidad y plasticidad de los suelos, lo que tiene una incidencia negativa en las obras que se cimientan sobre estos, trayendo deformaciones pronunciadas y afectaciones a las viviendas”, indica el estudio contenido en el fallo de la Corte.
William Velasco, quien ha vivido en El Rodeo desde hace 21 años, se queja de que tiene que cambiar continuamente “las fachadas, el piso y las paredes, eso es un problema de nunca acabar”. No obstante, y a pesar de todos los problemas que el barrio experimenta, la historia amenaza con repetirse, pues hay otro vecindario en construcción justo al lado.
El mal estado de las viviendas también ha dado lugar a incumplimientos y acciones ilegales por parte de algunos propietarios. Varias familias decidieron dejar de pagar las deudas bancarias que habían contraído por créditos hipotecarios. Otras más adelantaron procesos de remate para vender sus casas a terceros sin informarles sobre los perjuicios que el suelo genera en los inmuebles.
Luis Pablo Castillo y su familia estuvieron entre los beneficiarios de la acción de tutela interpuesta en el 2016. Los reubicaron en El Bosque y, al igual que las otras familias, reciben un subsidio de arriendo de parte de la Alcaldía de Turbaco, que estará vigente hasta que la situación de El Rodeo se resuelva.
El señor Castillo terminó de pagar su casa en el 2000. En aquel entonces, la canceló por un valor de $ $50 millones, aproximadamente. A lo largo de 18 años ha invertido cerca de $16 millones en reparaciones. Para él, “el barrio jamás debió ser construido en esta zona. Mi casa no sirve, está deteriorada y bajo la custodia de las alcaldías de Cartagena y de Turbaco. El fallo nos cobija y nos da el subsidio, pero es con lo único que nos han cumplido”.
En la fachada de su casa cuelga una pancarta con un fragmento del texto de la Sentencia T-149 de 2017. El documento obligaba a las administraciones de Cartagena y Turbaco a contratar un peritazgo imparcial y altamente capacitado para realizar “un estudio del suelo y un estudio estructural (estado de las viviendas y su estabilidad)” dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación. Desde que ese fallo se profirió, ha pasado más de un año y ninguno de los dos estudios se ha realizado.
Énver Granados, abogado especialista en derecho comercial y representante de los habitantes de El Rodeo, explica que la situación judicial del vecindario se ha visto complicada por cuenta de varias dilaciones en los procesos, pues tanto la acción popular como la acción de grupo fueron apeladas y acabaron en segunda instancia.
“Cuando eso ocurre, el plazo máximo para dar un fallo es de seis meses, que son prorrogables por otros seis; en total, el juez tiene un año para proferir una sentencia. Si el magistrado incumple, entonces se le entrega el caso a otro, quien tiene un plazo de seis meses para fallar”, dice Granados.
“En el caso de la acción popular adelantada por los habitantes de El Rodeo, ya han transcurrido más de 15 años y se incurrió en mora. Su esperanza real está con la acción de grupo, la cual tiene un plazo inicial hasta el 18 de abril de 2020 y los indemnizaría económicamente por los perjuicios que han experimentado durante estos años”, añadió.
Según el abogado, la acción popular es la medida que realmente tendría poder para reubicar a todos los habitantes pero, debido a que el juez dictaminó que el caso necesitaba más pruebas, esta se encuentra suspendida hasta cuando se realicen los estudios que dictaminó la tutela.
Voceros de la Alcaldía de Cartagena reafirmaron que, en conjunto con el municipio de Turbaco, “estamos trabajando para buscar una solución definitiva a la situación por la que atraviesan las familias de El Rodeo”.
No obstante, en lo que respecta a la realización del estudio topográfico a gran escala, consideran que “ambas acciones cuentan con estudios con los que el Tribunal puede fallar. La elaboración del estudio, presupuestado en $3.000 millones, puede incurrir en doble gasto”. En su lugar, afirman que lo preferible sería utilizar ese dinero para contribuir con la indemnización de los afectados.
Según los cálculos de la Alcaldía distrital, el monto de indemnización “asciende a los $1.500 millones, los cuales no están disponibles. Sin embargo, se prevé establecer el gasto requerido en incorporaciones presupuestales, o en su defecto dedicar un rubro correspondiente a estas obligaciones en el presupuesto de 2020”.
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