Por presunta falta de diligencia y efectividad para tomar medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria; no respuesta a requerimientos del Ministerio Público y desatención de mandatos de la Corte Constitucional”, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra 28 alcaldías del país, entre ellas la de Cartagena.
Esto porque desde 2009, en el fallo de tutela T-126, la Corte Constitucional ordenó al Distrito realizar el mantenimiento, adecuación y reparación de la cárcel de mujeres de San Diego, e iniciar las obras de construcción del centro penitenciario, lo cual a la fecha no se ha cumplido por diversos problemas administrativos. Lea: Abren indagación contra Alcaldía de Cartagena por crisis carcelaria
La orden más reciente sobre esa problemática se produjo ocho años después, el 10 julio de 2017, cuando tras una visita de inspección en la que se verificó el deterioro de vigas y columnas en ese centro penitenciario; la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Distrito evacuarlo o, en su defecto, adoptar de inmediato las medidas que permitan salvaguardar los derechos de las internas y del personal administrativo.
Desde entonces, varias fechas y lugares han sido anunciados, por distintos alcaldes, para el traslado de la cárcel. En diciembre de 2017 se dijo que se mudaría a Arroz Barato, en julio de 2018 que al antiguo Colegio Caribe Real y en diciembre del mismo año a un terreno en la Variante Pozón- Policarpa. En todos los casos las comunidades se han opuesto a tener cerca una cárcel, así se trate de una de baja complejidad.
El último malestar, por el anuncio de traslado a un terreno en la Variante Pozón- Policarpa, en seis meses, lo manifestaron habitantes de la urbanización Horizonte. “La Alcaldía no ha sido sincera con la comunidad, no están diciendo las cosas como son, en ningún momento la Alcaldía de Cartagena se ha acercado a las comunidades vecinas a socializar o concertar dicho traslado”, expresó el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), Álvaro Payares, el pasado 28 de marzo a este medio.
Así, por la resistencia de esa comunidad, en entredicho continúa el traslado de la deteriorada cárcel de mujeres.
Por otro lado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que en la cárcel de Ternera, de un promedio de 2.300 reclusos alberga a más de mil que le pertenecen al Distrito, por estar apenas sindicados; firmó un convenio administrativo por $600 millones con la Alcaldía de Cartagena para mejorar el servicio ofertado en ese penal. No obstante, en más de una ocasión se ha hecho eco de hacinamiento, precaria atención médica y malas condiciones de higiene y salubridad. Para aliviar la carga al Inpec, el Distrito tendría que construir su propio penal.
Consultado por El Universal, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, aseguró que no ha sido notificado si es uno de los mandatarios a indagar por el problema carcelario, sin embargo, anotó que “es un problema añejo en Cartagena, en el que cada quien deberá responder por lo que le corresponda. Tenemos un completo informe sobre lo que hemos hecho en estos temas carcelarios, en especial sobre la cárcel de San Diego, que es la distrital. Hemos avanzado mucho en estos meses”.
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, que anunció ayer la masiva indagación, en el encuentro sobre la situación carcelaria y derecho a la salud en Antioquia, que instaló junto con la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz; aseguró que “en el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acogerlo. Estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado a responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto”.Además de Cartagena, la indagación cobija a las alcaldías de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Bucaramanga, Ibagué y Cali.
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