Cartagena, ¿de nuevo al limbo administrativo?

¿Está Cartagena condenada a la interinidad? La solicitud de la Contraloría Distrital al presidente de la República para que suspenda al alcalde William Dau tiene nuevamente a la ciudad al borde del limbo administrativo.

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En los últimos diez años, 12 alcaldes han desfilado por el Palacio de La Aduana, siendo Judith Pinedo (2008 – 2011) la única alcaldesa en terminar sus cuatro años.

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El alcalde William Dau prometió hacer lo mismo y completar su periodo, pero la decisión que tome el Gobierno nacional podría cambiar sus planes.

Para Orlando Higuera, director del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la posible suspensión del mandatario podría desencadenar nuevamente la interinidad en la que estuvo la ciudad hace varios años y en unas elecciones atípicas que ya para los cartageneros parecen haberse convertido en la norma general.

“Esto nos lleva a una situación de gobernabilidad bastante precaria, donde los procesos sociales y de control social se lesionan en virtud de una cooptación que puedan tener las casas políticas y demás”, expresó Higuera.

Así mismo, indicó que, si bien el alcalde Dau está en su derecho de defenderse, hay que recalcar que la función de entes como la Contraloría es realizar este tipo de acciones de control.

“Lo que sí no es deseable es que se politicen esas acciones y que el alcalde amenace con utilizar las vías de hecho en caso de una acción disciplinaria o de control fiscal por parte de cualquier ente. En Cartagena el primer paso para superar los problemas de gobernabilidad debe pasar por el respeto a la institucionalidad y a los procesos democráticos y legales”, aseguró.

El Consejo Gremial de Bolívar también manifestó su preocupación por la situación en la que se encuentra la ciudad. Por ello, pidió al presidente Iván Duque que sea el Consejo de Estado el que se pronuncie sobre la solicitud de suspensión contra el alcalde.

“Instamos a su despacho a que la solicitud de suspensión por parte del contralor (e) de Cartagena se examine por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y sea esta instancia la que se pronuncie sobre la competencia de las contralorías territoriales para solicitar la suspensión de carácter indefinido de un funcionario electo por voto popular y la proporcionalidad de este tipo de medidas ante las presuntas irregularidades encontradas”, expresaron.

En la misiva también pidieron apoyo al presidente para lograr que el Concejo Distrital pueda elegir finalmente un contralor en propiedad, ya que desde el escándalo de corrupción de 2017 con la elección de la excontralora Nubia Fontalvo, la jefatura de esta entidad ha sido manejada mediante encargos.

El contralor distrital (e), Rafael Castillo Fortich, solicitó al presidente la suspensión de Dau mientras se adelanta el proceso de responsabilidad fiscal por el contrato S.A-SUB-DADIS-UAC-047-2021, que tenía por objeto la adquisición de pruebas antígenas y RTPCR de laboratorio para la detección del virus COVID-19. Por las presuntas irregularidades en este contrato, también fue suspendida provisionalmente la directora del Dadis, Johana Bueno.

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“El equipo auditor determinó que el Dadis no cumplió con lo establecido en los estudios previos del mencionado contrato en lo relacionado con la selección de la población objeto, ámbito de aplicación de las pruebas de vigilancia, control de la toma y cargue a los sistemas de información de resultados de las pruebas”, dice la resolución de la Contraloría.

De acuerdo con el ente de control, el detrimento por estos hechos sería de $1.908 millones.

Ante a la solicitud que envió la Contraloría Distrital a la Presidencia de la República, el alcalde William Dau pidió al Gobierno nacional que aplique una excepción de inconstitucionalidad a la resolución expedida por el ente de control.

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“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en dos casos emblemáticos: en Colombia, el caso de Gustavo Petro, y en Venezuela, Leopoldo López, señalando que las autoridades administrativas como las contralorías, no pueden limitar los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente, pues solo los jueces penales de las repúblicas son los competentes para suspender o inhabilitar a estos funcionarios”, dijo Dau.

A esto se suma el hecho de que el ciudadano Álvaro Ganem Issa, quien figura como denunciante en la resolución de la Contraloría, desmintiera haber hecho tales denuncias ante el ente de control, lo que pone sobre la mesa la pregunta de cómo se originó el proceso que tiene hoy en aprietos al alcalde Dau.

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Al respecto lo que el mandatario señaló fue que el proceso estaba armado para atacar a su administración.

Aún no hay una decisión sobre si el alcalde Dau será o no suspendido, mientras tanto, toda la ciudad está a la expectativa de si Cartagena volverá otra vez a la interinidad.