El 2021 empezó con la esperanza de un proceso de vacunación en el país contra la COVID-19, sin embargo, la emergencia sanitaria aún no ha pasado y carga consigo los estragos que dejó el 2020. El año pasado, para Cartagena, no solo estuvo marcado por una pandemia que puso todo de cabeza sino por el paso de la tormenta tropical Iota que acrecentó aún más la crisis social que atraviesa la ciudad.
En ambos casos fue imposible prever todo lo que estaba por ocurrir y, al igual que otros años, se sentó un precedente de los puntos débiles de la ciudad en cuanto a fenómenos geológicos, climatológicos, humanos no intencionales, entre otros.
El Universal, con el apoyo de un documento creado por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (Oagrd), trae a colación las emergencias que ha atravesado la ciudad en la última década y principalmente el trabajo que se está adelantando para no escribir otras páginas oscuras en los libros de historia de la ciudad.
El 2017 ha sido uno de los años más trágicos en la historia reciente de la ciudad, en cuanto a emergencias. La primera de ellas ocurrió en marzo cuando se encendieron las alarmas luego de la aparición de unas grietas en el Salto del Cabrón. Las autoridades declararon la calamidad pública para intervenir la roca, incrustando anclajes para darle mayor estabilidad al talud.
Durante algunos meses La Popa estuvo cerrada y aún durante este año no se ha recuperado el flujo habitual de visitantes que este lugar solía tener, ya que además de la pandemia sigue vigente la restricción de acceso a turistas a la parte alta del Salto del Cabrón, así como la prohibición de subir al lugar en vehículos de gran tamaño.
No terminaba Cartagena de reponerse de la tragedia causada por las construcciones ilegales de los Quiroz cuando el 17 de mayo ocurrieron dos fuertes explosiones que sacudieron a Mamonal y en cuestión de minutos formaron grandes columnas de humo que se divisaban desde cualquier parte de la ciudad.
El hecho, que ocurrió en los astilleros de Cotecmar y Astivik, dejó siete personas fallecidas y al menos 15 heridas por la fuerza de la explosión y las agudas quemaduras.
Las explosiones se dieron en dos barcazas de pintura, casi al mismo tiempo pero separadas varios metros. Una de las hipótesis que aún se maneja es la acumulación de gases inflamables ya que en ambas barcazas se adelantaban trabajos de pintura de embarcaciones.
Las inundaciones causadas por Iota no las vivía la ciudad desde 2016. El 30 de septiembre de ese año Cartagena sintió la fuerza del huracán Matthew aunque el ojo de este estuvo a 125 kilómetros de Punta Gallinas, en La Guajira.
En la ciudad se sintieron vientos leves acompañados de más de 12 horas de lluvia constante que generó emergencias por inundaciones, caída de árboles y casas destechadas, dejando un total de 4.319 familias afectadas en 62 barrios.
Los casos más graves se presentaron a orillas de la ciénaga de La Virgen, Villa de Aranjuez, Bicentenario, zona insular, La Boquilla, Marlinda y Villa Gloria, estos últimos tres por la subida en el nivel de La Bocana. Años atrás la ciudad sufrió los estragos del huracán Lenny en 1999 y del huracán Joan en 1988.
De acuerdo con la Oagrd, una de las causas de la emergencia en San Francisco fueron las intensas lluvias de 2010, pues antes de 2020 fue el año en el que más llovió en Cartagena en la historia reciente, con un nivel de precipitación de 2.500 mm.
Las lluvias golpearon todo el departamento y las pérdidas se calcularon en un 5% del PIB de Bolívar. En total 43.500 familias resultaron afectadas.
El 5 de septiembre de 2013, en el sector La Gloria, del corregimiento de Pasacaballos, se desbordó un tanque de almacenamiento con residuos de empresas procesadoras de pescado y aceites usados. Aunque la sustancia inicialmente afectó a Turbana, con el paso de los días la mancha llegó a la bahía de Cartagena. Las autoridades declararon emergencia ambiental por el riesgo al que estaban expuestas las comunidades aledañas. Según el reporte del Ministerio de Ambiente, era una sustancia oscura, aceitosa y de olor repulsivo.
Las investigaciones concluyeron que lo ocurrido obedeció a una mala disposición de residuos por parte de una multinacional dedicada a comercializar estos desechos. Cabe destacar que a lo largo de los años, en la bahía de Cartagena se han presentado emergencias menores por derrame de hidrocarburos y aceite, que se han sabido solventar por parte de los organismos competentes.
Además de las emergencias antes mencionadas, en la ciudad siguen activas zonas de riesgo que representan amenazas para la ciudadanía. Por ejemplo, los asentamientos ilegales en el cerro de La Popa han dado paso a que con más frecuencia ocurran deslizamientos. Un estudio del Servicio Geológico de Colombia (SGC) determinó que los problemas de inestabilidad de La Popa no radican exacta y exclusivamente en la parte alta del cerro, sino a los procesos erosivos y movimientos en masa de la base del mismo, lo que advierte un riesgo alto en todo el terreno.
Tan solo durante la temporada de lluvias de 2020 se contabilizaron al menos 14 deslizamientos.
Por otra parte, en el cerro de Albornoz, en la zona de influencia de la Mamonal, las invasiones también han causado varias emergencias en los últimos años y fue declarada zona de alto riesgo por el SGC en 2001.
En 2011 la ciudad vivió una de las emergencias más grandes de las que se tenga registro. Cientos de viviendas comenzaron a agrietarse y tras los estudios se determinó que era necesaria la reubicación completa de esta comunidad asentada en los bajos del cerro de La Popa.
Aunque afortunadamente no hubo víctimas, al menos 2.190 familias quedaron sin hogar.
En ese momento, el Gobierno nacional apoyó para la reubicación de 1.600 familias mientras que la Alcaldía se encargaría de las demás. Este trabajo aún continúa pues tan solo el pasado 25 de enero la Oagrd reinició el proceso para la suscripción y reactivación de contratos de subsidios de arriendo a estos damnificados y a los de los inviernos de 2004, 2007 y 2010
El director de la entidad, Fernando Abello, recordó que se está trabajando en acelerar la ejecución del convenio con Corvivienda que señala que estos damnificados deben tener prioridad a la hora de la adjudicación de viviendas por parte de esta entidad.
“Es la única manera de darle solución definitiva a la situación de las más de 1.500 familias que hasta ahora reciben trimestralmente estos subsidios”.
El primer paso que está dando la actual administración para tener un mejor manejo de las emergencias y principalmente prevenirlas, es actualizar el Plan Distrital de Gestión del Riesgo, cuya última versión data de 2013.
“Este documento es la primera herramienta para trabajar en esa actualización del Plan Distrital de Gestión del Riesgo. No solo queremos conocer las principales emergencia sino también evaluar cuáles son los riesgos del Distrito (...) encontramos que desde 1960 hasta 2020 se han repetido eventos en los mismos lugares “, dijo Fernando Abello.
El funcionario invitó a las Juntas de Acción Comunal y a los Combas a desarrollar un trabajo similar en cada una de sus comunidades.
“Si nos envían la información de cuál fue el riesgo que tuvieron, cómo se trabajó, cómo se mitigó, podemos sacar en un par de meses una nueva versión donde no solo sabremos los riesgos del Distrito sino de las comunidades, esto nos va a ayudar a tener una ciudad más comprometida con la mitigación del riesgo de desastre”.
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