La jueza Tercera Penal Municipal de Garantías, Yuri Ponce de León, determinó hoy que el concejal Rodrigo Reyes ; el exalcalde de la Localidad 3, Pedro Buendía Elles, y el funcionario de esta misma cartera, Jorge Luis Cudris deben ir a la cárcel por su presunta participación en actos que le permitieron al denominado ‘clan Quiroz’ construir edificaciones ilegales en diferentes barrios de Cartagena.
Los tres funcionarios fueron enviados la cárcel de Sabanalarga (Atlántico) por el delito de urbanización ilegal.
En la audiencia que se desarrolló en el complejo judicial, la Juez les negó tanto la solicitud de libertad como la de detención domiciliaria para evitar que estos funcionarios puedan influir, con sus relaciones de poder, en testigos o documentos claves para la investigación.
El no enviarlos a prisión "afecta a que las víctimas puedan verse resarcidas en el derecho que se les imparta justicia", expresó la jueza.
Las pruebas
Entre las pruebas aportadas por el ente investigador hay un interrogatorio que le hicieron en abril pasado a María de Las Nieves Quiroz Ruiz, dueña de varios edificios construidos ilegalmente y hoy asegurada en la Cárcel de San Diego, tras la primera fase de la operación ‘Castillos de Arena’, en la que también cayeron otros seis miembros de su familia.
La mujer afirmó que Gustavo Vanegas, funcionario de Control Urbano, le pidió una millonaria suma de dinero debido a que el Edificio Shalom, que estaba en etapa de construcción en el barrio El Recreo (también de la Localidad 3), no cumplía con las normas urbanísticas y de sismorresistencia.
Quiroz Ruiz aseguró que le entregó un cheque de tres millones de pesos para que así le permitieran seguir construyendo.
Por otro lado, admitió que también le dio coimas a Jorge Luis Cudris Pájaro, uno de los tres funcionarios capturados por la Fiscalía y quien trabaja en la Localidad 3 como profesional unitario de la rama jurídica, para que “engavetara” una tutela que pondría en riesgo la construcción ilegal del Edificio Shalom.
En la audiencia de imputación de cargos, la defensa del concejal Rodrigo Reyes, el abogado Édgar Osorio mostró pruebas de que el exalcalde de la Localidad 2 no omitió ni retardó el trámite de quejas de residentes de los edificios Alpes 31 y Portal de los Alpes. Por el contrario, las atendió y ordenó visitas de inspección durante su periodo de gobierno.
Demostró además que el control urbanístico en la Localidad 2 “era difícil y prácticamente imposible” -como sigue siéndolo-, porque había 17 personas contratadas de planta, y solo una de ellas, profesional en ingeniería, poseía las capacidades para atender quejas por control urbanístico y realizar las respectivas visitas técnicas a los 41 barrios y 12 corregimientos que comprende ese territorio.
No obstante,la jueza dijo que las pruebas demuestran que desde 2013 y 2014, el concejal conocía las irregularidades en la construcción de los edificios Alpes y Alpes 31, y "no hizo nada (...) Al no hacer lo que le correspondía estaba consintiendo que se levantaran construcciones sin el lleno de los requisitos".
Comentarios ()