Si usted pasa hoy por el corredor peatonal de las playas de Castillogrande y ve que no hay fritangueras, quiere decir entonces que estas vendedoras de alimentos quizás llegaron a un arreglo con la Gerencia de Espacio Público.
Hasta este 20 de enero, once (11) fritangueras y tres (3) informales más que tienen otro tipo de puestos de comida, podían estar en ese lugar.
Después de siete meses intentando llegar a una conciliación, se cumplió la fecha límite.
La última reunión con este gremio de cocineras se realizó en diciembre de 2014, con presencia de funcionarios de Espacio Público y de un personero delegado. En esa cita se acordó con ellas que hasta esa fecha, 20 de enero, seguirían ejerciendo allí su actividad.
De las 14 personas, sólo cuatro se negaron a firmar el convenio. Es el caso de Virgilia Maldonado Zurita, fritanguera con 35 años en ese lugar. Ella no entiende cómo después de tanto tiempo se tiene que despedir de lo único que ama y sabe preparar con los ojos cerrados: los fritos.
El oficio lo aprendió de su madre, a quien acompañaba desde que tenía 13 años, a vender fritos en el barrio Pie de La Popa. De esa forma su mamá la sacó adelante, por lo que Virgilia a su vez ha seguido sus pasos, ya que no sólo sostuvo a sus hijos, sino que ahora tiene a su cargo a un par de nietos huérfanos.
“La única parte del mundo en la que a uno le toca desalojar por ganarse la vida, como si fuera un delincuente, es aquí. Oye, el frito es una cosa tradicional de la ciudad. Eso es como si en Medellín le quitaran la bandeja paisa a los antioqueños”, expresa airadamente.
Considera que tiene más derecho que cualquier extranjero o “ricachón” al que le incomode su mesa de frito.
“Si los edificios son los perjudicados, pues que se metan las manos al dril y nos paguen, porque el edificio no compra playa y todos los edificios se quieren coger el frente de la playa. Yo soy cartagenera neta, bautizada en el Pie de La Popa, registrada en la Inquisición Nacional; entonces ellos no pueden tener más derecho que yo”, dice, y se le resquebraja la voz.
Una mujer más joven, que está a su lado lavando una loza, interviene en la conversación. Es su hija, Sandra González, le duele el dolor de su madre. Ella más que nadie ha sido testigo “de lo que se ha jodido trabajando por ellos”.
“Si aquí hacen un desalojo, va a haber una tragedia enorme. No nos vamos a dejar, y tenemos compañeros de aquí de la playa que nos apoyan. Te lo estoy diciendo”.
¿POR QUÉ AHORA?
El gerente de Espacio Público, Adelfo Doria, explica que desde hace muchos años varias asociaciones de la ciudad se han quejado por el tema de las fritangueras en las playas, más que por estar invadiendo el espacio, por las malas condiciones en que tienen los puestos.
Sin embargo, la razón principal en estos momentos es la proyectada remodelación del Paseo Peatonal de Castillogrande.
“Esa obra hizo que este fuera el momento para definir si ese espacio público lo seguirían usufructuando como había pasado, o definitivamente iba a recuperar su carácter de público, como pasó con Puerto Duro, donde había 18 kioscos, con un poco de fritangas y otros puestos, y hoy es un espacio público como tal”.
Agrega Doria Franco que la Constitución Nacional en su Artículo 63, ampara esta gestión del Distrito. Lo que exige la ley es que a quienes lleven tanto tiempo viviendo de esa actividad, se les debe ofrecer garantías y un programa aplicable a sus capacidades, para que tengan un medio para sostenerse.
“Ya nosotros hicimos la tarea. Como Estado le cumplimos a ellas ofreciéndoles una oportunidad socioeconómica que se ha materializado en un capital semilla que está entre 13 y 15 salarios mínimos, es decir, 8 a 9 millones de pesos. Eso, más el acompañamiento social que le hemos hecho”.
QUÉ VA A PASAR CON QUIENES NO FIRMARON
Al igual que Virgilia, hay otras fritangueras que persisten en quedarse en sus puestos de trabajo. Para ellas, ocho (8) millones de pesos no es suficiente. Su arte no tiene precio.
“Desafortunadamente a ellas tenemos que desalojarlas, porque ya está agotado el debido proceso. Ya pasamos la vigencia, que era el 2014, y pues la que no cogió plata, ya no hay cómo apoyarla. Si dejamos a las cuatro que no conciliaron, corremos el riesgo de que las otras vuelvan. Suena radical, pero el interés general debe prevalecer sobre el particular”, dice Doria, lamentándose de esta situación.
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