Ciudadanos que se defienden del delito, ¿culpables o inocentes?

09 de febrero de 2020 12:00 AM

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La polémica sobre la legítima defensa ha vuelto al primer lugar de la opinión pública debido al caso del médico que abatió a tres sujetos que pretendían atracarlo en un puente de la ciudad de Bogotá. El hecho ha planteado varios interrogantes. Cartagena no ha sido ajena a este tipo de actos.

(Lea aquí: Los caminos de la Fiscalía en el caso del médico que mató a sus asaltantes)

¿Qué haría usted si posee un arma y es víctima de un atraco? La justicia por mano propia tiene implicaciones judiciales y son cientos los casos en donde los victimarios han pasado a ser víctimas ante los estrados judiciales reclamando sus derechos y emprendiendo demandas contra quienes iban a atacar. Es amplia la discusión en la opinión pública en general, en la que entran en juego un conjunto de variables como las pruebas en contraste con los testimonios, entre otros.

La importancia de las pruebas

Tomando el caso de Bogotá como ejemplo, se tiene que las pruebas cobran especial importancia para determinar la legítima defensa. Incluso ha abierto ciertas dudas. El médico, del cual no se conoce su identidad, abatió a los tres sujetos que presuntamente iban a atracarlo en un puente en momentos en que se dirigía a su casa. Se conoce un video en el que se ve a los hombres ir tras el médico, mientras un vehículo los esperaba en la subida del puente, pero no se ve cuando acciona el arma o se enfrenta a ellos.

De acuerdo a su abogado defensor, el galeno sí actuó en legítima defensa porque fue atacado con golpes y sufrió heridas con arma blanca, pretendían incluso arrastrarlo hasta el carro que los esperaba. Pero pudo disparar, dejando muertos en la escena a José Murcia Moreno, Óscar Garavito y Édison Cruz, quienes según las autoridades ya tenían un largo prontuario delictivo, de atracos o hurtos en viviendas en Bogotá.

Sin embargo, dentro de las dudas que han surgido están la ubicación de los cuerpos, la ausencia de sangre, la experticia del médico en el manejo del arma, la posibilidad de suplantación de quien haya disparado, porque el médico concurrió al día siguiente a las autoridades.

Mientras el fiscal General (e) ha dicho que el médico no enfrentará cargos, el ente acusador señala que podría darse el archivo de la indagación, la preclusión de la investigación o una posible imputación. Lo anterior plantea que ante un hecho confuso de legítima defensa, las mejores pruebas podrán definir el proceso, como por ejemplo videos o testimonios claves.

Casos en Cartagena

Un experto en la Rama Judicial en Cartagena consultado sobre estos casos dijo que aunque no son muy frecuentes, en la ciudad hay algunos casos similares, en donde los victimarios han quedado heridos y pasaron a ser víctimas.

(Le recomendamos: Suboficial (r) del Ejército da de baja a presunto atracador)

El consultado opina que: “La ley penal en el articulo 32, señala que hay ausencia de responsabilidad penal cuando se actúe defendiendo el derecho a la vida; en el caso de Bogotá, al parecer el médico iba a ser secuestrado, con injusta agresión; la legítima defensa debe ser proporcional a la agresión, y por lo visto, no obstante ser tres los muertos, parece que se actuó de manera legítima para impedir la agresión en su contra”.

“De otro lado está el porte de armas en ciudades cada vez más inseguras; cuando se prohibe para el ciudadano honesto portar armas pero los delincuentes en grupo andan con cuchillos y armas de fogueo, ellos están más a sus anchas, y la justicia le da muchas garantías a los procesados”, apuntó el experto.

La fuente dice que hay gran desprotección a la ciudadanía por parte de las leyes del Congreso y las limitaciones del gobierno al prohibir el porte de armas, “con tantas armas ilegales en la calle”.

Caso del pensionado de la Policía

Aunque los presuntos atracadores de un pensionado de la Policía en Cartagena no murieron, después de que este se defendió disparándoles, el ciudadano ahora enfrenta un proceso judicial. El hecho sucedió en el barrio Bruselas el año pasado y quedó grabado en un video que se hizo viral. Mientras iba camino al trabajo, dos motociclistas lo amedrentaron pero el pensionado accionó su arma, dejando a un atacante herido tendido en el piso.

Por su parte, el abogado de este caso, el penalista Enrique Del Río, reveló que: “Contra el pensionado de la Policía no hay nada; pero sí contra el asaltante que resultó lesionado”.

Explicó que: “La legítima defensa ‘proporcionada a la agresión’ hace referencia a la conformidad o igualdad de las formas en que se emplea la defensa al momento de repeler el ataque actual, injusto e inminente. Para que una reacción se legitime, debe existir una equivalencia entre el ataque y la acción de resguardo, es decir, que la actuación de quien se defiende, sea suficiente y consecuente para evitar la agresión ilegítima de la que está siendo víctima”.

“Este requisito es fundamental para entender que la ley, a través de esta figura jurídica, proporciona legitimidad a la autoprotección de las personas que sean sujeto pasivo de un crimen, y se encuentren ante la necesidad inmediata de repelerlo por no existir otra salida”, dijo Del Río.

“La venganza es otra cosa”

El abogado advirtió que esta legitimidad no está diseñada para aquellos casos en los que se quiera cobrar venganza o tomarse la justicia por sus propias manos.

“La ley señala que quienes se excedan en la reacción, superando los límites propios de la legítima defensa, incurrirán en un delito castigable con pena. Estos temas se analizan dentro del caso concreto”, agregó.

A la hora de actuar ‘en legítima defensa’ Del Río habla del error más común que, en su experiencia, cometen las personas y que termina convirtiéndolas en atacantes.

“Es común ver casos en los que se excede la legítima defensa, esto es, cuando se emplean acciones que sobrepasan las que son necesarias para superar el peligro o el riesgo al que se está expuesto. Ejemplos de estas acciones excesivas podrían ser, la lesión al agresor después de una persecución; responder con un ataque ante un cortejo callejero, disparar contra alguien que haya cometido una infracción de tránsito, o, simplemente causarle la muerte al agresor, cuando este ya hubiese estado controlado. En todas estas circunstancias el empleo de los mecanismos de defensa supera la agresión y terminan asumiendo la justicia por sus propios medios, convirtiéndose en agresores concomitantes”.

Seis muertos en Cartagena

Distinto al tema de la legítima defensa, en Cartagena, como en el resto del país, también ha sido motivo de debates la justicia por mano propia, o por cuenta de los mismos ciudadanos. Turbas que han derivado en linchamiento y muerte de los presuntos delincuentes.

En el 2019 en la ciudad se registraron varios de estos hechos de linchamiento o similares que describimos aquí.

El 21 de marzo de 2019, Manuel Mercado Paternina fue acusado de violar a una joven. Personas lo cazaron y mataron a palo y machete.

El 5 de mayo de 2019 Juan Carlos Quero García fue perseguido y golpeado y murió en La Castellana, luego de ser acusado de ofender a unas mujeres.

A Jhon Dever Galán Torres , el 21 de mayo en Escallón Villa fue golpeado hasta matarlo porque al parecer era el compinche de un atracador.

El 3 de septiembre Pedro David Pineda Bula se defendió de agresiones luego de ser señalado de robar en Membrillal, pero terminó muerto en la escena.

Randy Javier Orozco Cardozo recibió varios disparos el 5 de octubre en Los Corales, luego que al parecer iba a atracar a una persona. El 12 de diciembre Jairo Román Arévalo terminó muerto a golpes de una turba en San Fernando tras ser señalado como atracador.

Según el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal de Colombia, un ciudadano puede aprehender a alguien que sea sorprendido en flagrancia y llevarlo ante las autoridades, pero de participar en agresiones contra esta persona puede terminar siendo un agresor y judicializado. Así quienes participen en un linchamiento pueden ser juzgados.

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