Cartagena


Comunidad de Orika expulsará a foráneos y visitantes

A más tardar el próximo 10 de mayo estas personas deben abandonar el territorio en Isla Grande. ¿Se afectarán las actividades comerciales? Conozca el alcance de esta decisión.

MÓNICA MEZA ALTAMAR

03 de mayo de 2021 05:26 PM

Foráneos y visitantes tienen los días contados en Orika, caserío situado en una de las islas que conforman el archipiélago de Islas del Rosario: Isla Grande. Lea: La comunidad de Orika en Isla Grande no quiere seguir en el olvido

Los primeros, según define el artículo 21 del reglamento interno de esta comunidad negra, son “aquellas personas que no pertenecen a las familias fundadoras, que tienen menos de 20 años de residencia en las islas y que no se han integrado a la vida comunitaria ni a los procesos organizativos del Consejo Comunitario de las Islas del Rosario”.

Los segundos, reza el artículo 22 de la misma norma, “son aquellas personas que pasan temporadas en las islas, ya sea en casas de recreo o en hoteles, y que no se integran a la vida comunitaria”. Y a ambos se les impuso un ultimátum: salir del territorio en mención de manera voluntaria, a más tardar el próximo 10 de mayo, “para no llegar a los extremos de acompañarlos con la Policía”.

Así se los advirtió la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de las Islas del Rosario, caserío Orika, en un comunicado divulgado al interior de la población el pasado 21 de abril. Les explican además que la decisión es una medida correctiva para frenar la sobrepoblación y fue “motivada por las consecuencias negativas que nos están generando, desde la afectación de nuestra identidad cultural hasta la ocupación de tierras, que por derecho le corresponden a nosotros los afrodescendientes nativos”.

Pero, ¿qué pasará con las personas que por desarrollar actividades comerciales frecuentan o habitan este sector? En diálogo con El Universal, Dayana Medrano Molina, representante legal del Consejo Comunitario de las Islas del Rosario, caserío Orika, explicó el alcance y los motivos de esta decisión.

“Fue tomada por la comunidad y el Consejo Comunitario. No es una decisión arbitraria, sino debatida y tomada en conjunto por la cantidad de foráneos con que cuenta la población. Hicimos el comunicado a raíz de las diferentes problemáticas que estamos teniendo, principalmente incremento de hurtos e inseguridad, porque a nuestra comunidad está ingresando personas que ni siquiera conocemos”, dijo Medrano.

Aclaró que el ultimátum “solo es para nuestra comunidad y para los foráneos que están al interior de nuestro caserío, de la titulación colectiva que nos confirió la Resolución 3393 de 2014 del Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras -ANT). No se dirige a los arrendatarios que están alrededor. Las actividades comerciales en otros predios son administradas por la ANT. Lo que ellos hagan que nos afecte lo trabajamos a través de la agencia.

El comunicado -reiteró la representante legal- solo va hacia las personas que quieren tener permanencia, inclusive vivienda dentro de nuestro territorio, lo cual como comunidad negra no podemos permitir ni acolitar. Por nuestra identidad, por nuestros derechos ancestrales, no podemos permitir que terceros, foráneos, residan en nuestro territorio, nos sobrepoblemos y no le dejemos nada a las generaciones futuras, a las que vienen en proceso de crecimiento”.

Agregó que “al ser la máxima autoridad dentro de nuestro caserío estamos en la obligación social, constitucional y legal de salvaguardarlo. Lo único que buscamos es conservar nuestras tradiciones, el bienestar colectivo y a su vez, con la pandemia, protegernos de contagios por COVID-19”.