El limbo administrativo en la ciudad durante los últimos años, en los cuales pasaron por el Palacio de La Aduana más de 10 mandatarios – entre encargados y electos-, hizo que casi todo este tiempo Cartagena fuera una partida de carácter electoral, donde personas con diferentes intereses siempre buscaban “su parte” del presupuesto.
Esto señala el secretario del Interior, David Múnera, al dar cuenta de la cantidad de presuntos hechos de corrupción encontrados en su dependencia, traducida en un alto número de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), varios contratos en capacitaciones cuyos recursos no se sabe en qué se gastaron realmente, y otros procesos que ya están en conocimiento de los entes de control por las presuntas irregularidades halladas.
Esto fue parte de lo que se dio a conocer en medio de la tercera y última entrega del ‘libro blanco’ de la corrupción, la iniciativa de la administración del alcalde William Dau que busca destapar toda la telaraña de presuntas irregularidades al interior de las diferentes dependencias del Distrito, que de alguna manera han truncado el verdadero desarrollo de la ciudad al gastarse el dinero del presupuesto en materias que nada tienen que ver con los objetivos planteados. (Puede leer: Los hallazgos de Dau en la Alcaldía de Cartagena - Parte III)
En el caso de la Secretaría del Interior, por ejemplo, se constató que en el 2019 fueron más de $5.700 millones gastados en OPS en la vigencia enero – junio, cuando este año en el mismo periodo solo se han gastado un poco más de $1.800 millones. De esta manera, el número de OPS contratadas bajó de 482 a 170.
Pero más allá de eso, son varios los contratos los que presentaron observaciones tanto por parte de los entes de control en un pasado, como de la administración actual durante el ‘libro blanco’. Los contratos expuestos fueron los siguientes:
Este fue un contrato celebrado por la Secretaría del Interior con Edurbe por $2.120.339.337, con el objeto de realizar adecuaciones a las inspecciones de policía. Este contrato habría violado principios como la selección objetiva del contratista, la transparencia, la eficacia y la planeación. Al mismo tiempo en la ejecución del convenio se encontró que las cantidades de las obras contratadas, presuntamente, no eran las reales; los materiales y la calidad no fueron las prometidas y que por este motivo aún no se han recibido las obras.
Según detalló Múnera, aún se está a la espera de nuevas inspecciones para establecer el cumplimiento de la ejecución del contrato, pero que de igual forma este caso ya se encuentra en Fiscalía desde hace más de año y medio.
Además de este contrato, también se habrían repartido $8.800 millones que estaban destinados a la modernización y el fortalecimiento de las inspecciones de policía, comisarías de familia y casas de justicia, y hasta el momento no se tiene certeza de que esto se haya cumplido.
Aparte del mencionado contrato de Edurbe, hay al menos siete contratos que tienen que ver con el desarrollo de capacitaciones por alrededor de $599 millones, los cuales fueron celebrados con cuatro entidades: Corporación Instituto Técnico Moderno de Cartagena, Cooperativa de Administración Pública, Grupo Consultor Cartagena S.A. y AUDI Servicios Integrales S&M S.A.
“Hay mucha plata en capacitaciones. Si hay algo que debemos mirar los cartageneros es la cantidad de plata que todas las administraciones anteriores se han gastado en esto. Con lo que se ha gastado en capacitaciones, estoy seguro que seríamos el pueblo más ilustrado de Colombia”, dijo Múnera.
El ‘libro blanco’ también señala otro contrato de 2018 por un valor de $1.028.866.320, cuyo objeto tiene que ver con contratar los servicios de un operador logístico para la realización de las actividades contenidas en los programas que desarrolla la Secretaría del Interior.
En este contrato, la secretaría no encontró actas de recibo, requerimiento, soportes, ni informes de ejecución firmados por los supervisores y enlaces. Este contrato se encuentra en conocimiento de la Contraloría y está siendo objeto de revisión para la toma de decisiones a las que haya lugar.
También en manos de la Contraloría está otro contrato para la “asistencia y atención integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a actividades delictivas y en conflicto con la ley penal de la ciudad de Cartagena”, para el cual el Distrito aportó $450 millones.
“Eso está en Contraloría porque no se sabe cómo se invirtió la plata, cómo se gastó, no hay informe financiero y la aprobación del presupuesto fue de manera tardía, todo fue un desorden y no hay ninguna constancia de que el contrato verdaderamente se cumplió”, dijo Múnera.
Por último, otro contrato que genera sospecha es uno relacionado para la celebración del Día de las Madres en la Cárcel Distrital de Mujeres, el cual fue adjudicado el 30 de mayo de 2019, a pesar de que ya las internas habían realizado una celebración el pasado 12 de mayo de ese año, con mariachis, buffet y presentaciones.
“Fue un contrato express. A pesar de que ya se había hecho celebración, abrieron propuestas el 28 de mayo, lo adjudicaron el 30 y lo ejecutaron el 31. O sea, en un día el contratista hizo todo. Hay una falta de planeación y de organización porque es imposible que el contratista hiciera todo en un solo día. Esa es la manera como se contrataba en la secretaría. Si ya las internas habían hecho su celebración del Día de las Madres, ¿por qué había que hacerles otra? ¿Qué criterios utilizaron? Es muy confuso todo”, expresó el secretario del Interior.
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